Alejandro Calvillo*

Una historia de ocultamiento y subordinación

La historia de la contaminación genética del maíz mexicano se podría construir con los actos de ocultamiento oficial. Es una larga serie de acciones, mentiras, golpes bajos y servilismo a trasnacionales que ha terminado por conformar la crónica de un desastre anunciado.

Desde 1997 las empresas productoras de granos de Estados Unidos admitieron que el maíz que exportaban a México no era segregado, es decir, era una mezcla de maíz convencional con transgénico. A pesar esto, el gobierno mexicano no tomó ninguna medida y se dedicó a negar que entrara maíz transgénico a nuestro país. Por esta razón, en 1999 Greenpeace tomó muestras en el puerto de Veracruz de barcos que desembarcaban el maíz proveniente de Estados Unidos. Las muestras analizadas por un laboratorio de biología molecular de Austria confirmaron el ingreso de grano transgénico revuelto con convencional. Las autoridades descalificaron la información.

Pese a las advertencias sobre el riesgo de que estas importaciones contaminaran las variedades nativas del grano, pese a que se entregó al gobierno un listado de productores estadunidenses de maíz no transgénico que podían abastecer el mercado nacional, pese a que se ha denunciado que ese maíz entra a México a precios dumping (20 por ciento debajo del costo de producción gracias a subsidios) y pese al daño severo que esto ha causado a los productores nacionales, las autoridades no hicieron nada por detener la importación de maíz transgénico estadunidense.

Lamentablemente las advertencias se volvieron realidad: en 2001 dos investigadores publicaron un estudio en la revista Nature en el que daban a conocer la presencia de transgenes en variedades criollas de maíz en Oaxaca. Los intereses corporativos no tardaron en expresarse, al grado que la misma Nature puso en duda el método utilizado por los investigadores. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamen-te Modificados (Cibiogem) se sumaron a la campaña de desprestigio contra los investigadores Ignacio Chapela y David Quist.

Y es que reconocer esta contaminación significaba admitir que México pasaba a ser el primer país centro de origen de un cultivo fundamental para la seguridad alimentaria mundial contaminado por transgénicos. La situación ponía en entredicho a nuestro país toda vez que los países miembros del convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena trabajaban para evitar una situación de este tipo. Incluso la Comisión Nacional de Ciencia y Tecno-logía (Conacyt) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-versidad (Conabio) habían considerado un par de años antes, cuando elaboraron un estudio para la Presidencia (1999), que este escenario era la peor amenaza en materia de bioseguridad para México.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales y corporativos, esta realidad no pudo ocultarse más. El Instituto Nacional de Ecología (INE) reconoció públicamente la contaminación genética. En represalia, la Cibiogem (organismo creado por recomendación del reporte de Conacyt-Conabio, pero dominado por la Sagarpa y su principal operador a favor de las trasnacionales semilleras, Víctor Villalobos) prohibiría al INE dar información. Es decir, a la negación, el menosprecio y el descrédito siguieron censura y ocultamiento. Desde principios de 2003 la propia Cibiogem tuvo un estudio de la Sagarpa que confirma esta contaminación, pero tardó más de un año en hacerlo público debido a que esperaba "el momento políticamente oportuno".

Ante la falta de respuesta del gobierno de México, las comunidades afectadas por la contaminación y diversas organizaciones solicitamos estudiar los impactos a la Co-misión de Cooperación Ambiental (CCA) del TLC. Esta instancia aceptó elaborar el estudio y después de más de dos años y un gasto de 450 mil dólares anunció que presentaría su informe final con sus recomendaciones el 7 de junio pasado en la ciudad de México. Bastó que el gobierno estadunidense objetara esa fecha, argumentando que diversas "agencias" querían incluir sus observaciones, para que el gobierno mexicano accediera a cancelar la presentación.

ƑPor qué hay polémica en torno a este estudio? Porque, a pesar de que las corporaciones agrobiotecnológicas lograron introducir en el equipo de trabajo (tanto en el grupo asesor como entre los autores de los capítulos) científicos ligados a sus intereses, otros investigadores establecieron al menos tres señalamientos contundentes para demandar solución inmediata: 1. La contaminación es un hecho (Berthaud y Gepts); 2. La contaminación sigue ocurriendo y se propagará si se deja sin supervisión (Turrent y Serratos); 3. Nadie sabe aún cuáles pueden ser las consecuencias ecológicas y para la salud humana de la contaminación del maíz mexicano (Wolfenberger y González Espinosa; Bourges y Lehrer).

A Estados Unidos le preocupa el contenido de la recomendación, ya que estima que puede perjudicar el caso legal que lleva contra la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio por supuestos controles impuestos a algunos transgénicos.

No conocemos el contenido del informe, sus recomendaciones, ni si está siendo modificado para hacerlo más cómodo para los intereses de los gobiernos y las corporaciones. Sabemos que la investigación realizada por la CCA confirma lo que organizaciones civiles, ecólogos y genetistas de maíz han advertido: existen riesgos y gran incertidumbre, pues no se dispone del conocimiento suficiente para evaluar los impactos del maíz transgénico en la salud y el medio ambiente. De lo anterior se desprende la necesidad de atender la propia recomendación que realizó el comité consultivo público conjunto de la CCA, una representación ciudadana de los tres países, publicada en abril de 2004, que llama a una moratoria en las importaciones de maíz transgénico a México.

*Director de Greenpeace México

www.greenpeace.org.mx.