México D.F. Lunes 21 de junio de 2004
La CCAAN cancela presentación sobre afectación
a la biodiversidad en Oaxaca
Ecologistas y ONG exigen información sobre contaminación
por maíz transgénico
Académicos, campesinos e indígenas demandan
adoptar principio preventivo y establecer moratoria de importaciones
LA JORNADA DE ORIENTE
Puebla, Pue., 20 de junio. Organizaciones campesinas,
indígenas y ciudadanas de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala; investigadores,
intelectuales y la organización ecologista Greenpeace México
rechazaron de manera categórica la determinación del gobierno
del presidente Vicente Fox de permitir el ingreso de maíz transgénico
al país y propiciar con ello que forme parte de la dieta de los
mexicanos.
Además, exigieron a la Comisión para la
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) que dé
a conocer cuanto antes el estudio sobre la contaminación genética
del maíz en México, el cual -aseguraron- recomienda al gobierno
de la República adoptar el principio de precaución y establecer
una moratoria en las importaciones de transgénicos hasta que no
haya información certera sobre las consecuencias que provoca su
consumo en humanos y en el ecosistema.
Durante
el foro Sin maíz no hay país, efectuado en el Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) de la Universidad Autónoma
de Puebla (UAP), en vísperas de la undécima reunión
ministerial de la CCAAN, a realizarse este lunes en la capital poblana,
las organizaciones indígenas se declararon en "estado de alerta"
ante las políticas del gobierno federal que "amenazan" las semillas
que ellos cultivan y la biodiversidad.
También se expresaron en contra de la minuta de
ley de bioseguridad aprobada en la Cámara de Senadores a finales
de 2003, por "promover el uso y consumo de transgénicos, y no proteger
a la población y el medio ambiente".
Los inconformes externaron su preocupación debido
a que el gobierno del presidente Fox "ha ocultado información sobre
las condiciones actuales de la contaminación por transgénicos;
no ha hecho nada para frenar esta situación y se ha dedicado a defender
los intereses de las empresas transnacionales", principalmente de Monsanto,
dedicadas a la producción de semillas y organismos genéticamente
modificados.
En el acto se dio a conocer el Manifiesto del maíz
de Puebla y Tlaxcala, en el cual 28 comunidades de la Sierra Norte
poblana, 29 organizaciones sociales, indígenas y campesinas, así
como intelectuales e investigadores, se pronunciaron, con base en el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, en contra de cualquier
intervención privada o pública que "amenace la vida de nuestras
comunidades y a la diversidad biológica y cultural con transgénicos".
En el documento, el cual fue leído por Francisco
Pérez Vicente, dirigente de la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl
(Unitona), los participantes denunciaron que los programas gubernamentales
han sido "instrumentos de saqueo de conocimiento indígena sobre
el maíz y fuente de contaminación de semillas".
Se prevén protestas en la reunión plenaria
de hoy
ANGELICA ENCISO L.
El informe Maíz y biodiversidad en Oaxaca
será la prueba de la eficacia de la Comisión de Cooperación
Ambiental de América del Norte (CCAAN), a diez años de que
entró en operación, ya que si el documento y las recomendaciones
no se hacen públicos sentaría un grave precedente; sería
la primera ocasión en que esto ocurriera y se pondría en
entredicho al organismo formado tras los acuerdos paralelos del TLCAN,
advierten organizaciones no gubernamentales (ONG).
Hoy comienza la reunión del Consejo de Ministros
de la CCAAN, con la asistencia de los responsables de medio ambiente de
Estados Unidos, México y Canadá. Ahí se evaluará
el quehacer de la comisión en los últimos diez años.
En principio, se canceló la presentación del informe sobre
el maíz, lo que ya provocó protestas de las ONG que forman
parte del Comité Consultivo Público Conjunto de la comisión;
se prevé que expresen su inconformidad en las sesiones públicas
de hoy.
En el 2003, ONG mexicanas y campesinos de Oaxaca solicitaron
a la CCAAN la elaboración de una investigación sobre la presencia
de maíz transgénico en los cultivos tradicionales de Oaxaca,
detectada en 2001, sobre lo cual el gobierno federal aún no adopta
medidas concretas.
El informe que sería presentado en esta sesión
del consejo se aplazó para principios de julio, ya que los gobiernos
aún no habían concluidos sus análisis, informó
la comisión. Sin embargo, según Greenpeace, esta situación
se habría dado por presiones del gobierno estadunidense, que buscaría
proteger a la industria biotecnológica propia.
En la CCAAN se establecieron dos vías para que
los ciudadanos solicitarán su intervención. El artículo
13 del reglamento del organismo da al secretariado la facultad de elaborar
un informe técnico o científico y hacer recomendaciones a
los gobiernos. Esto se aplicó en el caso del maíz transgénico,
en Oaxaca, y el de la presa Silva, en Guanajuato, donde hubo mortandad
de patos. En este último, se encontró contaminación
en el cuerpo de agua y se recomendó sanear la cuenca, la creación
de una secretaría de medio ambiente en la entidad y de un área
natural protegida, explicó Pablo Uribe del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental.
El artículo 14 establece la elaboración
de un expediente de hechos, que se aplicó en el caso de la ampliación
de la terminal portuaria para uso público de cruceros turísticos
en Cozumel, donde se detectaron omisiones en la aplicación efectiva
de la legislación ambiental vigente.
Esto llevó a que se declarara al parque marino
área natural protegida, se cancelara la ampliación del muelle
y la infraestructura planeada, en la que se incluían construcciones
turísticos. A partir de lo anterior también se realizó
en la zona el ordenamiento ecológico que establece los límites
del desarrollo para evitar daños ambientales.
En la CCAAN, tanto ONG como los gobiernos de Estados Unidos
y Canadá, promovieron que el gobierno mexicano estableciera en su
legislación el registro de emisiones y transferencia de contaminantes,
que ya aplican los socios comerciales. Con esta entidad, cuya información
se hace pública cada año, las industrias deberán reportar
las emisiones y los contaminantes que liberan a aire, agua y suelo.
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