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México D.F. Lunes 21 de junio de 2004

ASTILLERO

Julio Hernández López

Un secuestro periodístico en SLP

Gobierno panista compra edición incómoda
Pretendía ocultar maniobras pro canadienses
La Jornada San Luis exige castigo a censores

LA JORNADA SAN LUIS (LJSL) llegó el pasado viernes 18 a su edición número 2000. La información principal de ese día resultó tan atractiva que horas antes de que salieran a la venta los ejemplares ya había quienes se aprestaban a su colección. Los voceadores apenas creían en su extraordinaria suerte, pues había compradores que, aparte de llevarse de un golpe todas las Jornadas disponibles, pedían que les consiguieran más, todas las que pudieran. El inusitado éxito comercial hizo que durante esa mañana los teléfonos de La Jornada San Luis recibieran un rosario de quejas de suscriptores a quienes el diario no había llegado, de lectores que no lo encontraban en sus expendios habituales y de expendedores en puestos fijos enojados por no haber recibido un material tan extrañamente solicitado.

PRONTO FUE POSIBLE saber la causa de tan extraño fenómeno de ventas. A las 3 de la mañana, luego de enterarse mediante espionaje de lo que estaba por publicarse, el secretario general del gobierno estatal panista, que encabeza el contador Marcelo de los Santos, había comenzado a organizar un operativo con policías ministeriales sin uniforme, "orejas" de la dirección estatal de Gobernación y otros burócratas para que horas después acudieran al expendio central de LJSL, interceptaran distribuidores, recorrieran puestos de periódicos e hiciesen cuanto fuese necesario para comprar todo el tiraje de La Jornada San Luis. El virtual secuestro del diario (del que el autor de esta columna es director y gerente general, y accionista mayoritario de la empresa editora) pretendía impedir que se supiera que el secretario general del gobierno del estado (cuyo nombre y apellido son lo de menos) había fungido como aval del ofrecimiento de ayuda para obras económicas y sociales que un empresario local había hecho al presidente del municipio de Cerro de San Pedro (Oscar Loredo Loredo, priísta, 21 años de edad), quien, junto con la mayoría de los miembros del cabildo y de los ciudadanos del lugar, y de un amplio abanico político y social, se ha opuesto a la instalación de una planta canadiense de explotación minera cuyos sistemas de trabajo son considerados por ecologistas altamente peligrosos para la salud de los habitantes de ese municipio y de la colindante ciudad capital del estado.

DE TODO SE HA intentado para tratar de doblar la terca oposición de un pueblo fantasma (en la cabecera viven 120 personas y en todo el municipio 3 mil 750) a que inversionistas extranjeros implanten un polémico método para extraer oro de la mole de residuos que dejó la gloria minera original de Cerro de San Pedro. El propio Presidente de la República ha anunciado su apoyo a la instalación de la empresa canadiense, y el gobernador De los Santos ha advertido del riesgo de un "conflicto internacional" si las autoridades municipales no firman los documentos necesarios para autorizar la llegada de la firma, que ya ha gastado decenas de millones de dólares en preparar su arranque de labores. En ese contexto, la visita de un empresario, con el secretario general de Gobierno como sugerente testigo de honor, a las oficinas del presidente de Cerro de San Pedro para anunciar ayudas al municipio a granel (sería como sacarse un billete de lotería premiado, afirmó el presidente que le habían dicho) fue llevado como asunto principal en la edición 2000, la del extraordinario éxito de ventas a un cliente único.

NO FUE NOVEDAD que la información y el enfoque fueran exclusivos de La Jornada San Luis, pues este diario ha difundido incesantemente todo lo relacionado con ese caso. Tampoco fue obstáculo para informar destacadamente de la visita el hecho de que el empresario involucrado fuese uno de los aspirantes a comprar parte del paquete de acciones minoritarias (49 por ciento) de Desarrollo Regional de Medios, la empresa editora mediante franquicia de LJSL, que ha sido puesto a la venta para que, sin que esos accionistas minoritarios puedan tener posibilidad alguna de incidir en la línea editorial, el diario potosino pueda desplegar proyectos de crecimiento. El episodio sirvió, además, para realizar una oportuna y contundente reiteración pública de que la línea editorial de La Jornada San Luis está a salvo de insinuaciones o pretensiones que quisiesen derivar capacidad de influencia en el diario a partir de la compra de acciones minoritarias claramente delimitadas en sus alcances.

EL ESCANDALO DERIVADO del torpe acto de censura del gobierno potosino ha generado protestas de todos los partidos y los legisladores locales, excepto, obviamente, la franja del PAN, y una amplia solidaridad de los sectores que ven su voz expresada en LJSL; además, a raíz de esta pifia, que se suma a otras anteriores, ha crecido la exigencia de que renuncie el mencionado secretario general de Gobierno. Los medios locales de comunicación en lo general han guardado silencio, el gobernador ha pretendido minimizar el asunto y el secretario general se ha escondido. La comunidad jornalera potosina, en cambio, está decidida a exigir que haya castigo para el responsable, los operadores y los participantes en este golpe a la libertad de expresión, y que haya garantías gubernamentales de respeto a nuestra actividad diaria.

EN LA EDICION DEL sábado, la 2001, además de las reacciones sobre el tema, repetimos la información censurada (una reducción en primera plana de la portada del número 2000; la nota incómoda, elaborada por el reportero Hugo Becerra, y la columna El Gran Tunal, firmada por Jaime Hernández López, subdirector editorial sin parentesco con este tecleador). Por desgracia, luego del éxito de ventas acaparadas del jueves, el viernes volvimos a nuestra realidad habitual, pues ya no hubo gobierno interesado en seguirnos comprando la totalidad del tiraje. šUff, y nosotros que planeábamos desatar una inteligentísima guerra comercial, publicando día tras día la misma información censurada, con la esperanza de que el gobierno no se cansara de comprarnos una y otra vez los ejemplares molestos!

Fax: 5605-2099 [email protected]

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