Critica la CEDH "juicios sumarios" a los detenidos

La AFI catea domicilios de ex funcionarios queretanos

Se les implica en la fallida fuga del lugarteniente de El Azul

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 22 de abril. Investigadores adscritos a la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon los domicilios del ex director del reclusorio de San José El Alto, Sergio Amaya Castañeda, y del ex titular de la Policía Estatal, José Manuel Ogando Pérez, como parte de las investigaciones que se siguen por la presunta complicidad de ambos ex funcionarios en el fallido intento por liberar de esa prisión a Renato Tostado Félix, lugarteniente del narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pablo Enrique Vargas, salió en defensa de ambos ex empleados y criticó los "juicios sumarios" que los medios de comunicación han dado al caso, y sostuvo que esos cateos "espectaculares no se pueden justificar en aras de una mayor seguridad pública".

La irrupción de las fuerzas policiacas a los domicilios de los ex funcionarios ocurrió durante la madrugada y, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, en estas "revisiones" no se encontraron indicios o pruebas que los vinculen en la fallida fuga.

"Lo que me han comentado es que al parecer no encontraron mayores elementos, pero no tengo específicamente el resultado de la misma, e incluso la confirmación de tal situación", manifestó.

Ni siquiera el gobierno estatal tiene acceso a la averiguación previa que sigue la Procuraduría General de la República (PGR), "y lo que conozco son las versiones que se tienen en cuanto a que se realizó una actividad (de cateos) por el Ministerio Público en los hogares de los dos (ex) funcionarios, tanto de (José Manuel) Ogando como de (Sergio) Amaya".

Sobre este tema, el ombudsman Pablo Enrique Vargas acusó a los medios de comunicación de violar las garantías individuales de los ex funcionarios al emitir información subjetiva en torno a la detención de ambos.

Convocó a la prensa y a la opinión pública a ser "prudentes y mesurados" en cuanto a la emisión de la información sobre este caso, "pues no podemos prejuzgar, no podemos hacer juicios sumarios de su posible responsabilidad en esos hechos. Las autoridades judiciales son las únicas que pueden determinar los grados de responsabilidad de ambos", dijo.

Vargas se dijo respetuoso de la libertad de expresión y del trabajo realizado por los medios de comunicación, pero consideró que "se deben ofertar a la opinión pública mayores elementos objetivos, y no provocar un linchamiento, sino ser más objetivos en la información".

Acerca de los cateos efectuados hoy, criticó que se altere "la armonía y la tranquilidad de la ciudadanía", y consideró que el ex director del penal de San José El Alto, Amaya Castañeda, ha desempeñado un adecuado trabajo en ese centro de reclusión.

Amaya Castañeda fue policía judicial en el gobierno del priísta Enrique Burgos García (1991-1997). Durante ese tiempo estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se graduó de abogado.

Cuando el panista Antonio Zapata Guerrero obtuvo la presidencia municipal de Corregidora (2000-2003), Amaya fue nombrado director de la Policía Municipal. Las denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la corporación disminuyeron, pues entonces la queja más reiterada de los ciudadanos era el maltrato de agentes.

Al cambiar la administración municipal Amaya Castañeda fue destituido pero en octubre de 2003, al iniciar funciones, el gobernador Francisco Garrido Patrón lo nombró director del penal de San José El Alto, donde el 13 de abril un grupo de pistoleros pretendió liberar a Renato Tostado Félix, lugarteniente de El Azul.

Ogando Pérez empezó como secretario particular de Edgar Mohar Kuri, titular de la Policía Municipal queretana, cuando el alcalde era Francisco Garrido Patrón; posteriormente asumió la dirección de la policía estatal.