Luis Javier Garrido

El avestruz

La legalidad del país se halla cada vez más en entredicho por el papel que están teniendo los medios masivos de comunicación en el videogate, pero el gobierno foxista rehúsa aceptar su responsabilidad en este proceso.

1. La desesperación del grupo de Los Pinos por el fracaso tenido al orquestar la conjura de los videoescándalos, que ha fracasado en su objetivo central de destruir las opciones electorales de quien el foxismo-salinismo ve como su principal escollo para imponer a su opción en 2006, lo está llevando a una intensificación muy burda de su campaña mediática que está cansando a la ciudadanía y ha terminado por revertirse en su contra.

2. La paradoja de los videoescándalos no deja de ser el hecho de que Vicente Fox llegó a la Presidencia mediante un multimillonario financiamiento ilegal a su campaña y a la del PAN -que sigue siendo su partido-, en donaciones ilegales de grandes consorcios trasnacionales que violaban la legislación mexicana y a todas luces configuraban un gravísimo tráfico de influencias, ya que éste entrañaba áreas estratégicas del país, como se ha comprobado con las concesiones y contratos otorgados, en presuntos delitos en los que ha habido la mayor impunidad, pues no fueron videograbados, y que ahora sea su gobierno el que pretenda dictar lecciones de moralidad por los presuntos actos de corrupción de miembros del PRD.

3. La autoridad moral de Fox es nula y el ejemplo que ha dado de un político corrupto que se burla de las leyes en plena impunidad es un factor que alienta la delincuencia en México y por ello resulta risible la acusación del diputado albiazul Juan Molinar Horcasitas, quien acusa a los diputados de la oposición de "delincuentes electorales" por exceder los topes de campaña en 2003, según el IFE (21 de abril), olvidándose de los gravísimos presuntos delitos cometidos por el PAN y los Amigos de Fox en 2000, también según el IFE, y que con su misma argumentación debería reconocer que México está gobernado por un delincuente electoral que se llama Vicente Fox.

4. Esa realidad es la que Fox no quiere ver, como un avestruz, como tampoco el estado desastroso en el que se halla el país, y por lo mismo recomienda no leer los diarios, se niega a recibir a López Obrador y no quiere más que solazarse con las notas de sus publicistas para seguir soñando en Foxilandia.

5. Los ahora ex perredistas (o ex priístas) que delinquieron merecen sin duda todo el rigor de la ley, pero también sus beneficios. La presunción de la ciudadanía es que Rosario Robles, Carlos Imaz, René Bejarano, Ramón Sosamontes y Gustavo Ponce deben ser encarcelados, procesados y recibir una sentencia, pero no puede ser resultado de una lapidación mediática en la que los principales funcionarios del gobierno -el presidente Fox, el procurador Macedo de la Concha y el secretario de Gobernación Creel--, junto con los locutores de radio y televisión, los inculpen, condenen y sentencien.

6. Creel, uno de los principales cómplices de la conjura de los videos, quien según todas las evidencias ayudó y protegió a Ahumada creyendo acaso que los servicios prestados a Salinas le ayudarían a obtener la investidura presidencial del PAN, y ahora se niega a afrontar su responsabilidad, calificó hace dos días de delincuentes a los indiciados (21 de abril), ignorando que en cualquier sistema jurídico ello habría bastado para que los inculpados fueran declarados inocentes al argumentar que no podrían tener ya un proceso justo.

7. El complot del videogate parece confirmar lo que ya se sabía por la protección que varios gobiernos panistas han dado en el pasado a los cárteles (Chihuahua, Nuevo León, Morelos) o por las vinculaciones de Fernández de Cevallos con varios capos, y es el hecho de que el gobierno foxista tiene acuerdos con el narcopoder, y en especial con grupos vinculados a las fuerzas armadas (Proceso 1433), así como con Carlos Salinas -pieza clave en esas redes-, y que el responsable de salvaguardar esos intereses es Macedo de la Concha, a quien se ha señalado por su pasado como colaborador de Fernando Gutiérrez Barrios durante los años de la guerra sucia en la desaparecida DFS, por tener como uno de sus voceros a Sócrates Campos Lemus, individuo vinculado al narcopoder (Reforma, 21 de abril), o por su amistad con el empresario Carlos Ahumada, lavador de dinero, pero sobre todo por su vergonzoso papel al frente de la PGR, en especial en el videogate.

8. La complicidad del procurador Macedo con Salinas, Ahumada y Diego -cabezas del complot de los videoescándalos-, que de comprobarse sería configurativa de graves delitos, lo llevó a) a transgredir el artículo 21 constitucional y a no ejercer acción penal contra Gustavo Ponce (secretario de Finanzas del DF), como era su obligación, permitiendo así que se fugara, a fin de usar políticamente la información recibida de Washington en los videoescándalos, b) a convertirse, al igual que Creel, en una especie de asesor de Ahumada y, violando todos los procedimientos penales, permitirle presentar su denuncia en un hotel, ayudándolo en términos inadmisibles, y c) a participar en la campaña mediática y condenar en múltiples declaraciones, antes de juicio, a los presuntos responsables.

9. La revelación de que el gobierno de Bush, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), ha estado elaborando el proyecto de modificaciones legales en materia penal y de impartición de justicia de México por encargo del gobierno foxista, erogando decenas de millones de dólares, según reveló Diario Monitor (20 de abril), y de que éste supone trastocar el orden constitucional y cancelar en muchos aspectos el régimen federal, en un afán de copiar las instituciones estadunidenses, causa en este contexto viva indignación. No nada más porque supone una institucionalización de la injerencia de agencias y dependencias de Washington en asuntos de México (que se está dando de manera abierta en materia petrolera y de electricidad), o porque evidencia el desprecio de Fox y de sus amigos a la historia jurídica mexicana, a los legisladores y a la judicatura nacional, sino porque busca además un mayor control del Ejecutivo federal sobre los procesos judiciales.

10. La impartición de justicia se está haciendo en el régimen neoliberal foxista desde el poder, por criterios políticos y a través de los medios, y es un grave retroceso en la vida del país.