Espera que con Naza Haro preso se inicie el camino de la justicia

Señora directora: Agradeceré la inclusión del siguiente mensaje:

Está por verse que el ilustre ciudadano, amante del tehuacán y otros artefactos de tortura, de apellido Nazar Haro, realmente pague por todo lo que hizo, pero hoy me gustaría compartir un sentimiento albergado por años.

Yo no tenía ni 10 años cuando mi padre, comunista de hueso colorado -a quien no pocos conocimos como Tobi- frente a la televisión, con gran coraje, increpó: "ese hijo de puta me torturó", lanzando a mi pequeña persona hacia la certeza de que el terror sí existe. El entrevistado era Nazar Haro, el mismo que dijera que sólo era experto en interrogatorios.

Ese hombre tiene que pagar por todas sus víctimas y las familias que algo de dolor han guardado y que no tuvieron la suerte de que su padre, hijo, hermano o esposo sobreviviera. Con todos ellos mi solidaridad y la esperanza de que al fin se inicie, aunque tarde, el camino de la justicia.

Laura Díaz Ortiz Salgado

Apoyan demandas de ex braceros

Señora directora: Queremos manifestar nuestra solidaridad con el movimiento de los ex braceros que trabajaron entre 1942 y 1964 en los campos agrícolas y el sistema ferroviario de Estados Unidos, al amparo del llamado Convenio Bracero, firmado por los gobiernos de México y ese país; cabe destacar que no sólo no se cumplieron las condiciones laborales mínimas prometidas, sino que a pesar de las décadas transcurridas a esos mexicanos aún no se les ha pagado su fondo de ahorro.

No hay duda de que es responsabilidad del gobierno mexicano cubrir ese pago que exigen los trabajadores organizados en la Alianza Braceroproa. Demandamos que ante las vacilaciones y contradicciones del Ejecutivo federal sea el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, la que tome cartas en el asunto y se inicien las investigaciones que correspondan para fincar responsabilidades a quienes robaron el dinero de los trabajadores y éste les sea restituido, creando en el presupuesto una partida especial para tal fin, para quienes, en su momento, fueron considerados héroes de la producción en la guerra contra el nazifascismo.

Cabe añadir que lo más notable y actual de la lucha de los ex braceros es su condena a los planes migratorios anunciados por el presidente Bush y a la desmemoria histórica de Vicente Fox y de quienes los aceptan y consideran un triunfo, cuando en realidad esos lineamientos anunciados en la Casa Blanca no pretenden otra cosa que reditar, ahora en versión edulcorada, nuevos programas temporales de trabajadores huéspedes, similares al Convenio Bracero, con la intención de explotar legalmente a los mexicanos que ante la ausencia de oportunidades en su patria se ven obligados a emigrar.

Seminario permanente de Estudios Chicanos y Fronteras. Juan Manuel Sandoval, Enrique Toledo, Francisco Javier Guerrero y más firmas

Cuestionan elección de representantes en Tlalnepantla, Edomex

Señora directora: Agradecemos de antemano la publicación de esta carta en su prestigiado diario. Este domingo 22 de febrero de 2004 se llevaron a cabo las elecciones de representantes sociales comunitarios del Consejo de Desarrollo Municipal, en Tlalnepantla, estado de México.

La labor de dichos representantes tiene que ver con los usos y manejos que señala el ramo 33 (aportaciones para entidades federativas y municipales), que asciende a más de 180 millones de pesos.

Ciudadanos de la zona oriente de este municipio denunciamos que el proceso para designar estos puestos es antidemocrático, maniqueo y fraudulento. El gobierno local, panista, juega a la democracia.

La asamblea, el espacio de supuesta participación, fue sólo conocida por los operadores y líderes políticos del ayuntamiento. La praxis para captación del voto sigue siendo la compra del mismo (100 pesos), la entrega de despensas, el desayuno, la entrega de láminas, etcétera.

Los representantes electos son cómodos colaboradores de las autoridades. En nuestro municipio hay magnas obras inconclusas, pero en la zona oriente, donde hay una población de aproximadamente 400 mil habitantes, no se cuenta con un solo hospital general.

En cambio contamos con una aspirante a la candidatura para el gobierno del estado, quien dejó endeudado al municipio.

Pablo Reyes Méndez, José Luis Grimaldo Becerril, Nicolás Solano Reyes, Guadalupe Cerón Vargas, Paulino González Eulogio, Alicia Reyes López

Autoridades del CCH Sur no han solapado a grupos porriles, afirma

Señora directora: En relación con la carta "Denuncian protección de autoridades a grupos porriles del CCH Sur", de la alumna Belem González, publicada el 18 de febrero en la sección El Correo Ilustrado, la dirección del plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades aclara: el pasado 16 de febrero, alrededor de las 17 horas, por amenazas, agresiones físicas, portación de petardos y armas punzocortantes fueron presentados ante la Unidad Jurídica de esta institución educativa seis alumnos asociados al Grupo Estudiantil Sur (GES), agrupación de corte porril que en los últimos meses ha realizado actos de violencia contra los miembros de la comunidad.

El responsable de la Unidad Jurídica procedió a levantar el acta correspondiente y los remitió a la agencia 22 del Ministerio Público de Coyoacán. Ante estos hechos, además, la dirección del plantel ha solicitado al Tribunal Universitario la expulsión definitiva de esos jóvenes de la UNAM, quienes también participaron en los actos violentos del 4 de septiembre y 5 de noviembre de 2003.

Por otra parte, desde diciembre del año pasado, se integró la mesa permanente de discusión sobre seguridad -con la participación de alumnos, profesores, trabajadores de base y personal de la dirección-, la cual elaboró el plan de seguridad del plantel, avalado por el consejo interno el 12 de febrero pasado, cuyas acciones iniciadas en el presente semestre buscan mantener un ambiente de tranquilidad y armonía para la realización de las actividades académicas, dentro y en el entorno de este recinto educativo.

Asimismo, funcionarios de la dirección, junto con personal de vigilancia, realizan diariamente actividades de supervisión en el plantel, con la colaboración adicional de vigilancia de la UNAM. Además, en el entorno se cuenta con el apoyo de seguridad pública de las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Alvaro Obregón.

Las autoridades del CCH y de la universidad no han solapado ni solaparán jamás actos de violencia que atenten contra la seguridad e integridad de algún miembro de la comunidad universitaria, como insinúa la alumna, muestra de ello es que de 2000 a la fecha han sido expulsados del plantel Sur más de 34 alumnos por transgredir la legislación universitaria y se ha solicitado la expulsión definitiva de estudiantes de otras escuelas que han perturbado la vida académica del CCH Sur.

Susana Reyes Jiménez, jefa del Departamento de Información

Reforma al código penal de Chiapas no obstruye la libertad de expresión

Señora directora: En la edición del sábado 21 de febrero se publicó la nota "Tipifican la difamación como delito en Chiapas", firmada por Rodolfo Villalba. Al respecto, es necesario señalar lo siguiente:

1. Esta afirmación es absolutamente falsa. Como en muchos códigos de la República, incluyendo el código penal federal, la difamación existe en el código penal de Chiapas desde 1934.

2. El Congreso de Chiapas aprobó, recientemente, una reforma penal para actualizar el marco jurídico para garantizar la seguridad de los chiapanecos. Se reformaron y adicionaron delitos como el abuso del alcohol, delitos cibernéticos y sanitarios; se clarificó el combate al pandillerismo y se legisló en torno a la manipulación del genoma humano. En este contexto se actualizó lo relativo al título quinto de "delitos contra el honor"; es decir, no se legisló ningún delito nuevo.

3. En Chiapas está garantizada la libertad de expresión. El gobierno estatal no utiliza los denominados delitos contra el honor para coartar o limitar la libre manifestación de las ideas.

4. El gobierno de Chiapas cumple con la Declaración de principios sobre libertad de expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. La readecuación del artículo 164 del código penal de Chiapas permanece dentro del título quinto de delitos contra el honor. Esto es: entre personas físicas privadas. No es un delito creado para defender la crítica hacia los servidores públicos.

6. El reportero cita un fragmento de la actualización del código penal: "Cuando la infracción se cometa por conducto de algún medio de comunicación, los dueños, gerentes o directores de éste, sean o no infractores, estarán obligados a difundir la sentencia en la misma sección donde se publicó y si es un medio electrónico en el mismo horario y programa donde se dio a conocer, imponiéndoseles dos días de multa por cada día que pase sin hacerlo después de aquel en que se les notifique la sentencia". Dicha disposición no es nueva: es en términos de lo que plantea el artículo 30 de la Ley de Imprenta.

7. Es necesario precisar que las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia arroja que la abrumadora mayoría de las denuncias por calumnias y el delito de difamación es de particulares contra particulares. Es, en consecuencia, un recurso de los ciudadanos para dirimir sus diferencias personales.

8. Lo que no se dice es que la reforma busca frenar conductas abusivas y garantizar el derecho de todas aquellas personas quienes se da el caso que se les inventa un delito por sus empleadores, con el propósito de eludir sus obligaciones patronales. Es recurrente que se inicien denuncias difamatorias y calumniosas, con pleno conocimiento de la inocencia del acusado, con el fin de despedirlo de un trabajo.

9. Existen alrededor de 40 denuncias que vienen de administraciones anteriores en contra de periodistas, así como otra cantidad considerable de denuncias de comunicadores contra comunicadores. Dichas denuncias no han sido consignadas ya que, con el afán de resolver esa problemática, al inicio de esta administración se acordó con los periodistas que se analizaría cada una de ellas. Para ello se abrió una mesa y se pidió que asistiera una comisión de comunicadores, sin embargo, hasta la fecha, no nombraron ni se presentó ninguna comisión.

10. La reforma al código penal nada tiene que ver con la libertad de expresión ni estrictamente con los medios de comunicación y se sustenta en el interés por fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos. Vincular a la libertad de expresión toda reglamentación de la tutela del honor sería tanto como suponer que el monopolio de la difamación es inherente a la actividad periodística.

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social, gobierno de Chiapas

La SEP trabaja en plan para otorgar recursos a universidades públicas

Señora directora: En relación con la nota "El gobierno recorta presupuesto a universidades críticas: Doger", publicada el pasado 20 de febrero, se hacen los comentarios siguientes:

La SEP es la primera interesada en que la asignación de recursos a las universidades públicas se realice con transparencia y de acuerdo con criterios de equidad, calidad y buena administración. Prueba de ello es el trabajo realizado conjuntamente con la ANUIES para contar con un modelo de asignación de recursos basado en la calidad, la transparencia, la equidad y el desempeño institucional. Por ello coincidimos con la preocupación del rector de la BUAP, Enrique Doger, por la asignación de recursos extraordinarios que hizo el Poder Legislativo, que excluyó a la mayor parte de las universidades públicas de los estados, lo que no había sucedido con anterioridad.

En cambio no coincidimos con su apreciación de que estamos ante un panorama negro y tétrico para la educación superior en 2004. A pesar de las restricciones presupuestarias, la SEP realiza su mayor esfuerzo para consolidar los logros de los últimos tres años. Así, próximamente dará a conocer los lineamientos de la versión 3.1 del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para otorgar recursos extraordinarios de acuerdo con las necesidades y el perfil específico de cada universidad pública, a partir de un ejercicio de planeación estratégico y participativo.

Desde 2001 y hasta la fecha los PIFI de 96 universidades públicas han sido evaluados por expertos que cuentan con amplio reconocimiento en la comunidad universitaria nacional e internacional. A partir de dichas evaluaciones la SEP ha entregado cerca de 10 mil millones de pesos para que se realicen mil 767 proyectos en el marco de los PIFI para mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen nuestras universidades públicas, así como para resolver problemas estructurales de carácter financiero.

De esta manera el gobierno federal promueve el fortalecimiento de la universidad pública y se deslinda de cualquier proceso de asignación de recursos que no beneficie al conjunto y debilite los procesos de planeación y fortalecimiento institucional en marcha.

David Torres Mejía, director general de la Unidad de Comunicación Social, SEP

Denuncian actos ilegales de Porcelanite en cierre de planta

Señora directora: Los ex obreros de la empresa Porcelanite, sucursal Santa Clara, estado de México (calle Vidrio 8), nos dirigimos a usted con todo respeto para denunciar el cierre injustificado de nuestra fuente de trabajo y el robo de más de 40 por ciento de nuestras liquidaciones, además de no recibir ningún pago por nuestro contrato colectivo de trabajo, a lo que legalmente tenemos derecho.

Porcelanite Santa Clara ha producido azulejos por más de 50 años y fue la base de otras siete plantas que hoy conforman el Grupo Porcelanite, filial del Grupo Carso.

En los recientes 10 años el cierre de la empresa fue una amenaza constante para negar toda demanda obrera, lo mismo que para tener nuestros salarios en un nivel miserable, no obstante que la producción siempre aumentó.

Los patrones, nunca satisfechos, nos obligaban a laborar domingos y días festivos, a rolar turnos, laborar tiempo extra, etcétera, y ante cualquier falla o indisciplina sobrevenían los castigos, descuentos a nuestro salario y despidos. Pero nada fue suficiente y finalmente cerraron la planta para trasladarla a Hermosillo, Sonora, donde la reabrirán con menos trabajadores, con salarios a la mitad de lo que nos pagaban a nosotros, sin contrato colectivo ni sindicato de ningún tipo.

No conformes con dejar sin trabajo a más de 200 obreros -que fuimos liquidados los días 12 y 13 de febrero de 2004-, los patrones de Porcelanite, en mancuerna con los líderes de la COCEM, José Luis Moreno Vélez, su hijo Oscar Moreno y el señor Rodrigo Fragoso robaron descaradamente 40 por ciento de nuestras liquidaciones, pues los cheques salieron sólo con 60 por ciento de lo que nos correspondía legalmente. Además, no recibimos ni un peso del valor de nuestro contrato colectivo de trabajo. (Ese lo negociaron a nuestras espaldas.)

"Si no firman ahorita su juicio durará años y al final ni les pagarán nada", nos sentenciaron. Sabemos que lo pueden hacer, pues las juntas, la STPS y todo el gobierno están totalmente al servicio de los empresarios y contra quienes vivimos de nuestro honrado trabajo.

Los patrones del Grupo Porcelanite, los "líderes" de la COCEM, y el mismo gobierno de Vicente Fox -por el cúmulo de facilidades y apoyos que brinda a los empresarios para desaparecer contratos y sindicatos-, serán los responsables de nuestras penurias y las de nuestras familias.

El presidente Vicente Fox y Carlos Abascal día con día se llenan la boca hablando de la creación de empleos, inclusive niegan que se estén cerrando fuentes de trabajo y nos hablan de un "país maravilloso", cuando los obreros nos debatimos entre la sobrexplotación, la miseria, salarios de hambre, desempleo y represión por cualquier intento de unión y organización. Nuestro caso es sólo uno de los cientos o miles que se dan diariamente.

Ex trabajadores de Porcelanite

Acerca de demolición que afecta a una escuela en Mixcoac

Señora directora: En congruencia a la Ley de Imprenta y el derecho de replica explícito en ella, así como la oportunidad de informar correctamente a sus lectores, solicito a usted publicar las siguientes precisiones sobre la nota firmada por Laura Gómez Flores, publicada en la página 36 de la sección La Capital el sábado 14 de febrero del año en curso: "Demolición pone en riesgo a cientos de alumnos de una escuela, en Mixcoac".

1. La información solicitada por la reportera Laura Gómez Flores se realizó en un contexto de queja vecinal, en búsqueda de una respuesta para la maestra Manuela Canales (directora del plantel educativo Jean Piaget).

En consecuencia, la solicitud fue satisfecha en términos de acusar recibo de la queja, la conformación de la existencia de una licencia de demolición, la realización de una orden de verificación, elaboración de una pronta resolución administrativa y, por supuesto, la respuesta a la queja de la directora. Todos los datos aportados fueron ofrecidos con número de oficio, fecha de emisión y descripción de contenido.

Obviamente la reportera para elaborar la nota no consideró importante informarlo a los lectores, sencillamente se dieron a conocer parcialmente algunos datos, por lo que la nota está alejada de la realidad del caso.

2. Por lo antes dicho, ofrecemos la información pormenorizada de nuestros archivos:

La delegación Benito Juárez recibió la queja del colegio Jean Piaget el 9 de febrero del año en curso, en la que se refiere al proceso de demolición en el predio de Rubens 43, colonia San Juan Mixcoac. Proceso que contó con la licencia de demolición 16/14/474/2003.

Con fecha de 28 de enero se giró orden de verificación para conocer el estado que guarda el predio, así como el avance de los trabajos realizados.

Previamente a la elaboración de un dictamen de calificación y resolución administrativa, mediante el oficio CS/070/04, la delegación exhortó al director responsable de obra, Carlos Hernández, para subsanar los problemas derivados de la demolición en un plazo no mayor a tres días hábiles, consistentes en la emisión de polvos y recolección de materiales de construcción, además de un informe detallado de las medidas de seguridad adoptadas.

Ese mismo día se giró respuesta DV/1/04 a la directora Manuela Canales, informándole de las medidas adoptadas para resolver su queja. Respuesta que no cuenta con acuse de recibo, en virtud de que fue rechazada por personal de este colegio.

Posteriormente se informó que la resolución administrativa, elaborada por la Subdirección de Calificación e Imposición de Sanciones, se encuentra en proceso toda vez que se lleva aún el periodo de desahogo de pruebas. Tan sólo el día 10 de febrero el responsable de obra se presentó a comparecer y aportar las pruebas de cumplimiento al exhorto antes citado.

Por último, en relación con la presuntuosa conjetura que realizó la reportera sobre el desconocimiento de la delegación Benito Juárez sobre este proceso de construcción, es menester señalar que no sólo se conoce el proyecto de construcción, sino que además la licencia de construcción solicitada se encuentra suspendida, dado que no cumple con los requerimientos, específicamente del visto bueno de Bienes Patrimoniales que otorga la Seduvi.

La información publicada es una verdad a medias que, por la orientación y sesgo presentado en la nota, resulta una falacia, que además de malinformar distorsiona el papel legal que juega esta delegación y deteriora sensiblemente la relación con su comunidad y público lector.

Sonia Domínguez Ramírez, coordinadora de Medios

Respuesta de la reportera

Señora directora: En relación con la carta enviada por la coordinadora de Medios de la delegación Benito Juárez quiero aclarar que fue el mismo titular de la demarcación, Fadlala Akabani, quien dijo desconocer el tipo de construcción que se realizaba en la calle de Rubens 43 a la directora del colegio Jean Piaget, por lo que no se trata de ninguna presunta conjetura mía.

El día que se solicitaron datos sobre las acciones realizadas en torno a esta obra únicamente se informó de la recepción de la queja y la orden de verificación emitida, no así del dictamen de calificación y resolución administrativa, ni del desahogo de pruebas por el personal de esa área, dado que la encargada no estaba. Por lo tanto, la nota se redactó con los elementos proporcionados, sin ningún interés de malinformar o distorsionar el papel que juega la delegación.

Laura Gómez Flores

Precisiones de Fernando Espino Arévalo

Señora directora: Nos referimos a la nota publicada el 9 de febrero pasado en la página 37, suscrita por el señor Raúl Llanos Samaniego, en torno a declaraciones de la señora Carmen Servín, quien se dice dirigente de un sindicato diverso del nuestro; al respecto aclaro:

1. Falso de toda falsedad es que haya pasado por mi persona, ya sea en efectivo o en especie, la cantidad de dinero que afirma su reportero Llanos, por lo que desde este momento lo reto a que muestre los documentos que avalan su nota.

2. Los 40 invitados, entre jubilados, trabajadores y desempleados que reunió la señora Servín en su llamada asamblea general no son disidentes, ya que no pertenecen al sindicato que represento.

3. Me extraña que su reportero, conociendo fehacientemente el terreno de Yecapixtla, con la documentación correspondiente de la compraventa del mismo, reconocida y publicada por ese mismo diario, hace más de tres años, se haga eco de informaciones infundadas de una delincuente.

4. Vergonzoso y penoso es el hecho de que la señora Servín, vocera de las autoridades del Metro y del GDF, en su autodenominada asamblea general de su sindicato, lo único que le preocupe sea inmiscuirse en la vida interna de un sindicato diverso al que ella pertenece, en lugar de exigirle a sus patrones que cumplan con las múltiples demandas de los trabajadores.

Para concluir, proporcionaremos algunos datos relevantes de esta vocera oficiosa del patrón-gobierno: fue denunciada, consignada y sentenciada en el año 2001, por el juez 49 de Paz Penal del Distrito Federal, por el delito de difamación. Denunciada y consignada por el mismo delito en la causa penal 0005/2003 ante el mismo juez; denunciada por difamación en la averiguación previa FSP/BT3/2738/03-12, y próximamente acumulará una denuncia más, que promoveremos para que pruebe sus dichos, proponiendo como testigo al señor Raúl Llanos; fue despedida del Metro el 18 de octubre de 1999 por incapacidad médica para desempeñar función alguna y, posteriormente, reinstalada por la autoridad del Metro para utilizarla como vocera para que trate de entrampar los acuerdos entre la empresa y nuestro sindicato, afectando y lesionando gravemente los intereses y derechos legítimos de los trabajadores.

Dip. Fernando Espino Arévalo, secretario general del SNTSTC

El actual GDF no ha aportado recursos al sindicato del Metro, dice

Señora directora: Hago mención a la nota publicada en la página 35 del 15 de febrero en La Capital, en la cual el reportero Angel Bolaños Sánchez recoge declaraciones del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, respecto a la presunta revisión de supuestos recursos entregados por el GDF al sindicato que represento.

Al respecto me permito aclararle lo siguiente:

1. La administración del actual GDF no ha aportado cantidad alguna a favor de nuestra organización sindical, por lo que carece de legitimidad y fundamentación legal para investigar recursos que formen parte del patrimonio sindical.

2. Los recursos destinados por el gobierno federal, a través de su organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo, para la compraventa de un terreno en Yecapixtla, Morelos, se empleó cabalmente para ese propósito, los cuales ascendieron a 120 mil pesos, cubriendo la diferencia del costo del terreno este sindicato con recursos propios.

No obstante lo anterior, y porque contrariamente a como actúa el GDF, que desvía recursos del Metro para la construcción de los distribuidores viales indebidamente, estamos en la mejor disposición de informar lo conducente a la compraventa del terreno de referencia, aún no teniendo facultades legales el GDF para exigir esa información.

3. El señor Encinas miente cuando afirma que el Sistema de Transporte Colectivo no tiene pendientes con nuestro sindicato, aclarándole que ese organismo no ha cumplido acuerdos en donde participó directamente el mencionado funcionario, como son: entrega de terrenos para vivienda, firma del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de 2003, entrega de herramientas y refacciones, basificación de 401 plazas, reinstalación de trabajadores despedidos injustificadamente, imposición de roles de trabajo en transportación y taquilla, compra del predio para la construcción del centro vacacional para los trabajadores -con recursos económicos que fueron aprobados y acordados por la administración de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano-, entre otros muchos asuntos.

4. Aclaramos, de la misma forma, que este sindicato remitió puntualmente a la administración del Metro que proporcionó la cantidad antes mencionada para la adquisición del terreno de Yecapixtla, los comprobantes de tal operación, mismos que deben existir en los archivos de la propia empresa.

Dip. Fernando Espino Arévalo, secretario general del SNTSTC
 
 

El Correo Ilustrado