ONG reclama pagos a trasnacionales por contaminación

Transgénicos, 10 años de promesas y fracasos

ANGELICA ENCISO L.

A 10 años de que comenzó el cultivo de transgénicos, éstos han sido un fracaso porque las promesas que hicieron las empresas de acabar con el hambre mundial no se han cumplido y la oposición a los cultivos se ha vuelto más fuerte. Entre los daños que han ocasionado está la contaminación al centro de origen del maíz, en México, y la pérdida del control de esos alimentos, señala un informe de Amigos de la Tierra.

Los productos modificados genéticamente -hortalizas o granos a los que se les inserta un gen de una especie distinta para conseguir, generalmente, resistencia a plagas o a herbicidas- se empezaron a utilizar en 1994. Entre los efectos que han ocasionado están la trasferencia de genes a parientes silvestres, plagas de insectos más resistentes y desarrollo de malezas sin control.

En cuanto a las consecuencias a la salud está el desarrollo de nuevas alergias, pueden reducir la eficiencia de los antibióticos y aumentar las toxinas en las plantas, refiere el informe Cultivos modificados genéticamente, una década de fracasos.

Con el fin de propagar estos alimentos, Estados Unidos los envió dentro de paquetes de ayuda alimentaria a Bolivia, Colombia y Uganda; cada una de esas naciones rechazó la ayuda en 2001 porque no iba etiquetada.

En este periodo la Unión Europea adoptó una moratoria al cultivo comercial de organismos genéticamente modificados, se impusieron prohibiciones en países asiáticos y latinoamericanos. "En general los consumidores de todo el mundo se mostraron reticentes a adoptar los alimentos transgénicos", indica el texto.

Además el escepticismo público ha obligado a las empresas a limitar sus actividades en unos cuantos países y no han sacado al mercado productos con beneficios claros para los consumidores y agricultores, pero lo que sí ocurrió fue que "los cultivos transgénicos crearon problemas nuevos y alarmantes, entre ellos la contaminación genética".

En Estados Unidos hay 40 variedades de cultivos modificados genéticamente, de los cuales la mayor superficie corresponde a maíz, soya, colza y algodón. A ellos se les han incorporado dos cualidades: la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos.

El estudio indica que los transgénicos fueron introducidos sin que hubiera conocimiento adecuado de sus impactos ambientales, socioeconómicos y para la salud; como ejemplo menciona el caso del maíz Stalink, que era de consumo animal, y se produjeron tortillas con él.

Además, indica, la industria de biotecnología ha estado detrás de numerosas amenazas de sanciones comerciales, incluyendo los intentos de Estados Unidos por imponer los alimentos transgénicos en países que los rechazan, como Bolivia, Croacia, Sri Lanka y la Unión Europea.

Los transgénicos aumentan el control de la agricultura en manos de las empresas y Monsanto es un ejemplo, ya que "manipula y comercializa la gran mayoría de cultivos transgénicos en todo el mundo. El derecho de los campesinos a guardar y utilizar sus propias semillas, que es el pilar del agro, se encuentra amenazado por primera vez desde la creación de la agricultura".

Agrega que el comportamiento de transnacionales como Monsanto -la empresa más grande de biotecnología-- en países como Estados Unidos, Canadá e Indonesia, pone de manifiesto algunas de las consecuencias negativas más importantes del control monopólico de la agricultura en manos de las empresas: los cultivos transgénicos fomentan la dependencia hacia los agroquímicos y promueven los monocultivos, amenazando el ambiente y poniendo en peligro la seguridad alimentaria.

Indica que es necesario establecer mecanismos para la protección de los centros de origen; en 2000 en Bolivia se evitaron pruebas de campo con papas transgénicas, ya que esa nación es centro de origen, y México, centro de origen del maíz, fue "contaminado, lo cual es preocupante y exige acciones urgentes".

Es necesario, señala, que se establezcan regímenes internacionales de responsabilidad legal y financiera, ya que las empresas deben pagar por la contaminación genética y por cualquier tipo de daño causado por la liberación de organismos genéticamente modificados en el ambiente.