El año pasado se vivió una ola de violencia sin paralelo, señalan diversas organizaciones

Narcotraficantes se disputan el control en municipios fronterizos de Chiapas

JUAN BALBOA CORRESPONSAL

Frontera Mexico-Guatemala. Esta región fronteriza con Centroamérica se convirtió en 2003 en el punto más violento del sur de México, donde bandas de narcotraficantes, traficantes de humanos y la prostitución sentaron sus reales, mientras las guerras internas por el control del comercio ilegal dejaron una estela de más de 80 ejecutados, han provocado creciente inseguridad y una ola de violencia que rebasa a los gobiernos municipales, estatal y federal.

En 2003 se tuvo un promedio de seis personas ejecutadas cada mes en municipios fronterizos con Guatemala. La mayoría fueron ultimadas por desconocidos al estilo del narcotráfico, en vehículos, casas particulares, ranchos, calles y carreteras fronterizas, muchas a plena luz del día, según revelan los registros de organizaciones no gubernamentales, la Procuraduría General de la República y las propias autoridades judiciales de Chiapas.

La Iglesia católica, corporaciones empresariales, organizaciones campesinas y partidos políticos coinciden en que Chiapas vivió en 2003 una ola de violencia sin paralelo en su historia. La presencia física de cárteles de las drogas y su lucha intestina por el control de las rutas de la frontera sur hacia Estados Unidos "provoca violencia, inseguridad e impunidad", y una guerra entre células que ha dejado al menos 80 personas ejecutadas.

Informes de la propia Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva señalan que nuevas células de narcotraficantes vinculados con los cárteles de los hermanos Arellano Félix, la familia Carrillo Fuentes y Osiel Cárdenas Guillén mantienen una lucha por controlar los principales municipios fronterizos de Chiapas, los cuales se convirtieron, desde hace cuatro años, en los principales corredores del narcotráfico.

El año pasado la violencia superó a los cuerpos policiacos y a las instituciones encargadas de las investigaciones, creando zozobra en la región y creciente inseguridad.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, se refirió a la situación en la frontera sur como "un coctel espantoso de violencia e inseguridad", mientras el representante del Consejo Coordinador Empresarial en las regiones Costa, Sierra y Soconusco, Vicente Yanini, y el líder de los empresarios de Tuxtla Gutiérrez, Oscar de la O, consideran que los habitantes de la frontera con Guatemala son "rehenes de la violencia".

Arizmendi reiteró en varias ocasiones que el gravísimo tema de la violencia "es un problema muy serio", e hizo un llamado al presidente Vicente Fox y al gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, para que pongan más atención a esa situación que "está desestabilizando la Costa y el Soconusco".

"El número de ejecuciones es sumamente preocupante; esto significa que no hay la seguridad suficiente ni siquiera para los inmigrantes y, repito, esto es una llamada de atención", dijo Arizmendi Esquivel, quien también fue obispo de Tapachula.

Los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara Nacional de Comercio consideran que hasta el momento las bandas y organizaciones delictivas van ganando la batalla a las autoridades, cuyas acciones no han funcionado, por lo que exigieron a las autoridades federal y estatal la aplicación de planes eficientes, "que abandonen los operativos de escritorio".

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Tapachula, la primera ciudad en importancia en la frontera y la segunda a nivel estatal, se sumó al reclamo público de que se atienda de inmediato y de forma urgente el problema de inseguridad e impunidad en la región fronteriza con Guatemala.

La Coalición Obrero Campesina y Estudiantil del Soconusco (COCES) criticó la apatía, negligencia y omisión de las autoridades estatales en el incremento de la violencia en la zona fronteriza, y calificó a esta situación de problema de seguridad nacional. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Joel Hidalgo, fue más allá y dijo que en la frontera sur se vive "total ingobernabilidad" por la ola de homicidios dolosos.

Los municipios de Ciudad Hidalgo y Tapachula registraron durante el año pasado el mayor número de ejecuciones, la mayoría perpetradas a causa del narcotráfico, el tráfico de personas y la prostitución. En Ciudad Hidalgo se reportaron 12 asesinatos de este tipo, mientras en Tapachula cerca de 15.

Han sido abatidos orejas o madrinas de la policía estatal o federal, como es el caso de José Arturo Aguilar Maldonado, Alexander Hernández Piña y José Fernando Braun Macal; agentes de Migración, entre los que se encuentra Roberto Sierra García; pastores nazarenos, como es el caso de Jairo Solís López; guardaespaldas de presidentes municipales, entre los que se cuenta Luis Gaxiola Alvaro.

También han sido victimados maestros universitarios como José Gregorio Solís; comerciantes, entre los que se halla Diego Valdivieso Gutiérrez, o simples taxistas o tricicleteros, hasta sumar más de 80 ejecutados, en su mayoría con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Casi todos han sido encontrados con el tiro de gracia.

La lista de ejecutados se concentra en 10 municipios, de los cuales cinco han registrado el mayor número de asesinados: Villa Comaltitlán, Suchiate, Cacahotán, Huehuetán y Tapachula.

En Chiapas no existían antecedentes de asesinatos con tanta saña. Por ejemplo, en abril fue encontrado en una calle de Tapachula el cuerpo de un hombre sin cabeza ni manos. En el mismo mes, una mujer fue ejecutada y mutilada en el municipio de Ciudad Hidalgo.

En mayo, por ejemplo, un maestro universitario fue encontrado en su casa ahorcado con el sedal de una caña de pescar y, poco después, mujeres mutiladas de los pies y las manos aparecieron en municipios que conforman el Soconusco chiapaneco.

El 15 de junio fue ejecutado el ingeniero Fernando Rodríguez Cabezas, y un día antes el empresario tapachulteco Miguel Rodríguez Torres.

El agente del Ministerio Público Rosemberg Sierra Herrera fue el primer funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado que fue ultimado en el año, a principios de octubre, de cinco balazos en calles céntricas de Tapachula. Este homicidio desató la alarma entre las autoridades del estado, pues hasta ese momento había cerca de media centena de ejecuciones, pero nunca la de un integrante de la justicia de Chiapas.

La procuraduría estatal abrió dos docenas de averiguaciones previas por las ejecuciones, y a mediados de diciembre de 2003 se conocieron resultados parciales, con detenciones de supuestos autores materiales de algunos asesinatos. Sorpresivamente casi todos pertenecen a bandas juveniles de las Mara Salvatruchas.

Uno de los asesinatos más recientes fue el de José Arturo Aguilar, conocido como Macar, un soplón de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, quien recibió a mediados de diciembre 9 impactos de bala calibre 9 milímetros.

Durante el año pasado, el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, anunció campañas para desterrar la violencia en la frontera con Guatemala y lograr la seguridad entre los habitantes del Soconusco.

Los hechos violentos han seguido a cada anuncio del procurador chiapaneco. Religiosos, empresarios, dirigentes campesinos y políticos tienen sus dudas acerca de la efectividad de los anuncios espectaculares del gobierno de Salazar Mendiguchía; lo cierto es que las autoridades no han logrado frenar la violencia desatada en la frontera con Guatemala, mientras subsiste la impresión de que fueron rebasadas.