México D.F. Lunes 23 de febrero de 2004
Senadores verificarán en las islas Coronado
el funcionamiento de empresas de EU
Legisladores reprueban la concesión de territorio
porque no beneficia al país
PRI y PRD exigirán en San Lázaro cambiar
la política energética; el gobierno, "tapete de firmas internacionales"
ENRIQUE MENDEZ
Las fracciones del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en
la Cámara de Diputados exigirán el miércoles en la
Comisión Permanente un cambio en la política energética
del gobierno federal, porque en este momento "sólo obedece a los
lineamientos de las trasnacionales" y a los compromisos adquiridos con
el gobierno de Estados Unidos para establecer un acuerdo energético
continental, que sólo beneficia a ese país.
El diputado del PRD Francisco Carrillo, secretario de
la Comisión de Energía, señaló que la cesión
de territorio nacional para que se establezcan gaseras no sólo es
"un mal negocio para el país", sino que demuestra la actitud de
la administración federal, "que se pone de tapete de las empresas
internacionales".
Afirmó que la intención de conceder a la
empresa Chevron-Texaco parte del territorio nacional para instalar una
planta de procesamiento de gas natural licuado forma parte de la idea impuesta
por el estadunidense George W. Bush al presidente Vicente Fox en sus reuniones
bilaterales, del acuerdo energético continental, pero que sólo
permitirá a Estados Unidos resolver sus problemas de generación
de energía eléctrica.
"Esto se hará a costa de los intereses de los mexicanos.
Y lo peor es que, como gobierno, estamos de ofrecidos de nuestro territorio,
aun con el costo ecológico, económico y social que implica
la instalación de regasificadoras", sostuvo.
En entrevista, el legislador perredista planteó
que ante ese escenario se exigirá en la permanente una urgente modificación
de la política energética de México, y comentó
que este lunes la fracción del sol azteca considerará la
posibilidad de proponer que, si los estadunidenses tienen carencia de energía
eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad les venda
el fluido, antes que ceder territorio.
Cuestionó que la decisión del gobierno foxista
de iniciar el proceso legal para concesionar por 30 años a la trasnacional
un emplazamiento a 13 kilómetros de Tijuana -como informó
el domingo La Jornada-, además de que implicaría una
cesión de soberanía, no dejará ninguna ganancia al
país. "La regasificadora será para alimentar sus plantas
de energía eléctrica, ésta será para los estadunidenses,
pero a cambio sólo dejarán problemas, y ni siquiera empleos
para los mexicanos", comentó.
Por su parte, del diputado del PRI Carlos Jiménez
Macías, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores,
señaló que el crecimiento de plantas de gas manejadas por
extranjeros en México "es como una mancha voraz que se extiende
de manera casi silenciosa, pero imparable y con la anuencia del gobierno
de Fox".
Comentó que la representación priísta
en la Comisión Permanente hará "un llamado de atención"
al mandatario, porque las trasnacionales operan en el país "en un
ámbito de ilegalidad, y este tipo de tratos que pretende aprobar
son inaceptables".
Jiménez Macías afirmó que las bancadas
del tricolor en el Senado y la Cámara de Diputados estarán
"alerta" ante el posible reinicio de las presiones del Ejecutivo federal
para que el Congreso apruebe "la reforma eléctrica, que es impulsada
desde Estados Unidos para entregar el sector a los inversionistas extranjeros".
Se vulneran gobernabilidad y ambiente: Garza Galindo
VICTOR BALLINAS
El coordinador de la fracción perredista en el
Senado de la República, Jesús Ortega, y la senadora priísta
Laura Alicia Garza Galindo consideraron ayer que "es profundamente delicado"
que el gobierno del presidente Vicente Fox esté concesionando territorio
nacional sin consultar al Senado
de la República, violando leyes y la Constitución.
Ortega destacó que "desde el punto de vista legal
y constitucional no se puede concesionar territorio nacional si no responde
al interés general, y en este caso concreto de las islas Coronado
no significa beneficio para el país, ni generará empleos
ni representa consumo interno de materias primas nacionales".
Resaltó que una comisión de senadores irá
"a investigar a las islas Coronado cómo están funcionando
y en qué condiciones las compañías petroleras y gaseras
de Estados Unidos asentadas en territorio nacional y, desde luego, se revisarán
las condiciones y términos en que se concesionaron las islas".
Al respecto, la senadora Garza Galindo apuntó que
"aparentemente es una cesión del territorio, y lo grave es que violenta
normas de gobernabilidad del país y normas ambientales. Obviamente
Estados Unidos no coloca a las gaseras en su territorio por los daños
ambientales que provocan".
Por supuesto que debe revisarse esta situación,
subrayó, así como los planes de que varias compañías
gaseras y petroleras podrían instalarse o tienen interés
en ubicarse en la fronta norte del país. Esta información
"no sólo nos la tiene que proporcionar la Secretaría de Energía
o Petróleos Mexicanos, sino directamente la Secretaría de
Gobernación. Les guste o no tienen que consultar con el Senado de
la República estas decisiones".
"Solución lamentable"
Las secretarías de Gobernación y Energía,
al concesionar las islas Coronado y al fomentar y dar facilidades para
que gaseras estadunidenses se instalen allí, "optaron por una solución
verdaderamente lamentable para el país, cedieron una parte del territorio
nacional donde se van a generar daños ambientales".
El legislador Ortega precisó que al país
sí debe interesar atraer inversión extranjera que genere
miles de empleos, que consuma productos y materias primas nacionales y
no signifique ceder soberanía, pero en este caso "no me explico
cómo aun con descuidos legales se impulse la concesión de
estas gaseras que no significarán beneficios para el país,
no generarán miles de empelos y sí, por el contrario, taraerán
daños ambientales".
Abundó el perredista: "tal parece que simplemente
se está respondiendo a una demanda de las compañías
extranjeras sin que esto traiga beneficios; por eso el gobierno deberá
explicar al Senado de la República en qué consiste su participación
y en qué beneficia al país".
La senadora Garza Galindo señaló que el
hecho de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diga
que la licitación de las islas Coronado "no fue secreta" porque
se publicó en el Diario Oficial de la Federación "me
hace preguntarles por qué si, como dicen, lo hacen tan público,
no van y consultan al Senado de la República. Más bien pareciera
que lo que hicieron es un abuso del marco constitucional. Esos son acuerdos
que se tienen que tomar con la representación popular, les gusto
o no le guste".
Ortega, a su vez, señaló que el hecho de
que lo hayan publicado en el Diario Oficial "no los exime de responsabilidades
legales que tengan si se violentaron leyes en la concesión de las
islas". Ciertamente, abundó, "hay tantas acciones y operaciones
del gobierno que no son conocidas suficientemente aunque sean publicadas
en el Diario Oficial, por eso existe la necesidad de revisar los
términos de ese acuerdo y por ello una comisión legislativa
va hacer una visita a las islas para verificar las condiciones en que operan
y revisar la concesión".
Recursos estratégicos, "a merced de trasnacionales"
La concesión a empresas extranjeras de la explotación
de yacimientos de gas en México contraviene lo dispuesto en la Constitución
del país y en los documentos básicos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), revela un documento interno de este partido, en el
que se advierte que el gas natural se ha convertido en un insumo de gran
demanda en el sector industrial.
En el texto de consulta interna se explica que, mediante
la aplicación de leyes reglamentarias y contratos, el gobierno mexicano
ha puesto "los recursos estratégicos a merced de las empresas trasnacionales",
y sostiene que los permisos para explotar yacimientos de la porción
de hidrocarburos que existe en los yacimientos en fase gaseosa y que pueden
encontrarse mezclados con algunas impurezas o sustancias, que no son hidrocarburos,
contraviene el artículo 27 constitucional, la cual reserva a la
nación la facultad de explotar el gas.
Sostiene que debe revisarse el estricto cumplimiento de
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo de
petróleo: "corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable
e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren
en el territorio nacional -incluida la plataforma continental- en mantos
o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los
estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan
o se derivan de él".
Esto significa que sólo el Estado tiene la propiedad
original y puede llevar a cabo el aprovechamiento económico de los
hidrocarburos en México y que esta situación cambiaría
en el momento, y sólo en el momento, en que el Congreso modificara
el artículo 27 de la Constitución y la ley reglamentaria
correspondiente.
Sin embargo, en esta misma ley se indica que "Petróleos
Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los
contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización
de sus actividades requiere".
Greenpeace: no han sido bien evaluados el riesgo y los análisis de impacto ambiental
Las plantas de gas abastecerán a EU y contaminarán en México
El país estará en dificultades para cumplir con las normas del protocolo de Kioto, advierte
Medidas de seguridad más severas para la planta gasificadora en islas Coronado, exige
ISRAEL RODRIGUEZ
Las plantas de procesamiento de gas natural construidas por empresas trasnacionales en el norte de México servirán para abastecer de energía a Estados Unidos, pero las emisiones de contaminantes serán contabilizadas en el territorio mexicano, con lo que se pondrá al país en difícil situación para cumplir con las normas establecidas en el protocolo de Kioto sobre cambio climático, alertó la organización ambientalista Geenpeace.
Al referirse a la intención del gobierno del presidente Vicente Fox de concesionar a la multinacional petrolera Chevron Texaco una parte del territorio nacional para construir una planta gasificadora frente a las costas de Baja California, colindante con las islas Coronado, Geenpeace advirtió sobre la necesidad de establecer normas de seguridad más severas para evitar que se presente un accidente similar al ocurrido el 20 de enero de este año en una planta de gas en Argelia, en la costa del Mar Mediterráneo, que ocasionó 27 muertos.
Luis Arturo Moreno Vega, coordinador de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, aseguró que lo anterior demuestra que el gas natural no es el combustible más seguro, más barato ni más limpio. Además, por ser una tecnología nueva, porque México no opera plantas de regasificación, se deben tomar medidas más estrictas para evitar cualquier riesgo que ponga en peligro a la población, así como a la flora y fauna de la región.
''Me parece que el factor riesgo y los análisis de impacto ambiental no han sido lo suficientemente evaluados'', aseguró.
México suscribió en junio de 1998 el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, y con ello se comprometió a establecer diversas medidas para mitigar emisiones en diferentes sectores de la economía, especialmente en el energético.
Si se aplican todas las medidas recomendadas, México deberá lograr una reducción de 67 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 18.3 millones de toneladas de carbón, lo que implicaría una disminución de 13 por ciento de las emisiones esperadas para 2005, bajo un escenario de alto crecimiento.
Información proporcionada por el municipio de Tijuana sobre el inventario de recursos ecoturísticos en Baja California, señalan que en la costa oeste de las islas Coronado norte se puede encontrar una amplia colonia de lobos marinos y ocasionalmente se han observado elefantes marinos. La vegetación está compuesta por más de 100 especies, y la mayor parte de ellas son cactáceas, además de ser una zona de anidación de diversas aves endémicas.
De acuerdo con los planes presentados por Chevron Texaco al gobierno mexicano para construir la terminal de gas natural licuado mar adentro en Baja California, se instalarán estrictas normas de seguridad, entre las que destacan sistemas de control, prevención de incendios, detección de fugas, recolección de derrames y sistemas de paro de emergencia, entre otros. ''Esperamos construir y operar instalaciones de acuerdo con rigurosos y probados estándares, incluyendo los sistemas de seguridad más avanzados''.
Chevron Texaco informó que el análisis de riesgo que ya se entregó a las autoridades correspondientes está basado en simulaciones con modelos matemáticos y muestra áreas de interés cercanas al proyecto como las zonas habitadas, hospitales, escuelas, áreas naturales protegidas y zonas de preservación ecológica.
La petrolera multinacional asegura que la principal consideración en el diseño de la Terminal de Gas Natural Licuado Mar Adentro en Baja California será la seguridad: ''Las instalaciones se diseñarán, construirán y operarán -en caso de que el gobierno apruebe el proyecto- conforme a las más estrictas y probadas normas de seguridad'', incluso las recomendadas en los estándares del Banco Mundial.
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