Senadores verificarán en las islas Coronado el funcionamiento de empresas de EU

Legisladores reprueban la concesión de territorio porque no beneficia al país

PRI y PRD exigirán en San Lázaro cambiar la política energética; el gobierno, "tapete de firmas internacionales"

ENRIQUE MENDEZ

Las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigirán el miércoles en la Comisión Permanente un cambio en la política energética del gobierno federal, porque en este momento "sólo obedece a los lineamientos de las trasnacionales" y a los compromisos adquiridos con el gobierno de Estados Unidos para establecer un acuerdo energético continental, que sólo beneficia a ese país.

El diputado del PRD Francisco Carrillo, secretario de la Comisión de Energía, señaló que la cesión de territorio nacional para que se establezcan gaseras no sólo es "un mal negocio para el país", sino que demuestra la actitud de la administración federal, "que se pone de tapete de las empresas internacionales".

Afirmó que la intención de conceder a la empresa Chevron-Texaco parte del territorio nacional para instalar una planta de procesamiento de gas natural licuado forma parte de la idea impuesta por el estadunidense George W. Bush al presidente Vicente Fox en sus reuniones bilaterales, del acuerdo energético continental, pero que sólo permitirá a Estados Unidos resolver sus problemas de generación de energía eléctrica.

"Esto se hará a costa de los intereses de los mexicanos. Y lo peor es que, como gobierno, estamos de ofrecidos de nuestro territorio, aun con el costo ecológico, económico y social que implica la instalación de regasificadoras", sostuvo.

En entrevista, el legislador perredista planteó que ante ese escenario se exigirá en la permanente una urgente modificación de la política energética de México, y comentó que este lunes la fracción del sol azteca considerará la posibilidad de proponer que, si los estadunidenses tienen carencia de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad les venda el fluido, antes que ceder territorio.

Cuestionó que la decisión del gobierno foxista de iniciar el proceso legal para concesionar por 30 años a la trasnacional un emplazamiento a 13 kilómetros de Tijuana -como informó el domingo La Jornada-, además de que implicaría una cesión de soberanía, no dejará ninguna ganancia al país. "La regasificadora será para alimentar sus plantas de energía eléctrica, ésta será para los estadunidenses, pero a cambio sólo dejarán problemas, y ni siquiera empleos para los mexicanos", comentó.

Por su parte, del diputado del PRI Carlos Jiménez Macías, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que el crecimiento de plantas de gas manejadas por extranjeros en México "es como una mancha voraz que se extiende de manera casi silenciosa, pero imparable y con la anuencia del gobierno de Fox".

Comentó que la representación priísta en la Comisión Permanente hará "un llamado de atención" al mandatario, porque las trasnacionales operan en el país "en un ámbito de ilegalidad, y este tipo de tratos que pretende aprobar son inaceptables".

Jiménez Macías afirmó que las bancadas del tricolor en el Senado y la Cámara de Diputados estarán "alerta" ante el posible reinicio de las presiones del Ejecutivo federal para que el Congreso apruebe "la reforma eléctrica, que es impulsada desde Estados Unidos para entregar el sector a los inversionistas extranjeros".

Se vulneran gobernabilidad y ambiente: Garza Galindo

VICTOR BALLINAS

El coordinador de la fracción perredista en el Senado de la República, Jesús Ortega, y la senadora priísta Laura Alicia Garza Galindo consideraron ayer que "es profundamente delicado" que el gobierno del presidente Vicente Fox esté concesionando territorio nacional sin consultar al Senado de la República, violando leyes y la Constitución.

Ortega destacó que "desde el punto de vista legal y constitucional no se puede concesionar territorio nacional si no responde al interés general, y en este caso concreto de las islas Coronado no significa beneficio para el país, ni generará empleos ni representa consumo interno de materias primas nacionales".

Resaltó que una comisión de senadores irá "a investigar a las islas Coronado cómo están funcionando y en qué condiciones las compañías petroleras y gaseras de Estados Unidos asentadas en territorio nacional y, desde luego, se revisarán las condiciones y términos en que se concesionaron las islas".

Al respecto, la senadora Garza Galindo apuntó que "aparentemente es una cesión del territorio, y lo grave es que violenta normas de gobernabilidad del país y normas ambientales. Obviamente Estados Unidos no coloca a las gaseras en su territorio por los daños ambientales que provocan".

Por supuesto que debe revisarse esta situación, subrayó, así como los planes de que varias compañías gaseras y petroleras podrían instalarse o tienen interés en ubicarse en la fronta norte del país. Esta información "no sólo nos la tiene que proporcionar la Secretaría de Energía o Petróleos Mexicanos, sino directamente la Secretaría de Gobernación. Les guste o no tienen que consultar con el Senado de la República estas decisiones".

"Solución lamentable"

Las secretarías de Gobernación y Energía, al concesionar las islas Coronado y al fomentar y dar facilidades para que gaseras estadunidenses se instalen allí, "optaron por una solución verdaderamente lamentable para el país, cedieron una parte del territorio nacional donde se van a generar daños ambientales".

El legislador Ortega precisó que al país sí debe interesar atraer inversión extranjera que genere miles de empleos, que consuma productos y materias primas nacionales y no signifique ceder soberanía, pero en este caso "no me explico cómo aun con descuidos legales se impulse la concesión de estas gaseras que no significarán beneficios para el país, no generarán miles de empelos y sí, por el contrario, taraerán daños ambientales".

Abundó el perredista: "tal parece que simplemente se está respondiendo a una demanda de las compañías extranjeras sin que esto traiga beneficios; por eso el gobierno deberá explicar al Senado de la República en qué consiste su participación y en qué beneficia al país".

La senadora Garza Galindo señaló que el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diga que la licitación de las islas Coronado "no fue secreta" porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación "me hace preguntarles por qué si, como dicen, lo hacen tan público, no van y consultan al Senado de la República. Más bien pareciera que lo que hicieron es un abuso del marco constitucional. Esos son acuerdos que se tienen que tomar con la representación popular, les gusto o no le guste".

Ortega, a su vez, señaló que el hecho de que lo hayan publicado en el Diario Oficial "no los exime de responsabilidades legales que tengan si se violentaron leyes en la concesión de las islas". Ciertamente, abundó, "hay tantas acciones y operaciones del gobierno que no son conocidas suficientemente aunque sean publicadas en el Diario Oficial, por eso existe la necesidad de revisar los términos de ese acuerdo y por ello una comisión legislativa va hacer una visita a las islas para verificar las condiciones en que operan y revisar la concesión".