En el año que hoy termina, México experimentó un profundo y en ocasiones conflictivo proceso de ajuste político e institucional que, previsiblemente, tendrá cruciales repercusiones para el futuro mediato de la nación.

Sin duda, el acontecimiento político más relevante fue el resultado de los comicios legislativos del pasado 6 de julio. En ellos, el presidente Vicente Fox recibió de la ciudadanía un revés de amplias proporciones y significados, pues no sólo quedó mermado el número de los diputados de su partido, Acción Nacional, sino que se registró un avance de las otras dos fuerzas políticas con peso específico propio en el Congreso de la Unión, el PRI y el PRD. Más que un simple reajuste de curules, el 6 de julio abrió un escenario prácticamente inédito para la negociación, el consenso y, frecuentemente, el enfrentamiento partidario. Sin embargo, el gobierno federal resultó ineficaz para operar como engrane de los acuerdos que el país requiere para potenciar su desarrollo: en lugar de ofrecer proyectos incluyentes y apegados al interés de las mayorías, se obstinó en reformas injustas que, de haber sido aprobadas, habrían golpeado severamente a la sociedad -como la pretensión de aplicar el IVA a alimentos, medicinas y libros- y habrían entregado al extranjero el patrimonio de la nación, como en el caso del sector energético. Ante estos embates, el pueblo de México salió a la calle y rechazó tajantemente tales proposiciones, con lo que estableció con claridad el sentido de la opinión mayoritaria de la sociedad y dio un ejemplo de compromiso con la democracia y la justicia social que gobierno y partidos deben atender y respaldar.

Por añadidura, Fox y el PAN, en alianza con Elba Esther Gordillo, apostaron a la desnaturalización, primero, y a la fractura del PRI, después, con lo que desfiguraron el de por sí complicado panorama político del país y entraron en colisión con el presidente del tricolor, Roberto Madrazo. De tal conflicto, en el que ambos rivales priístas mostraron lo peor de los viejos y nuevos vicios de la política nacional, México sólo obtuvo incertidumbre, desasosiego y parálisis legislativa. En ello, junto al propio PRI y sus clanes rivales, el presidente Fox tuvo una inocultable responsabilidad, como también la tiene en la impropia campaña de descalificación contra las mayorías legislativas que llevó a cabo recientemente el Ejecutivo federal, tras el rechazo de sus iniciativas fiscales. En tanto, la economía nacional se mantiene estancada y el desempleo ha crecido notoriamente, con todas las repercusiones negativas que esto tiene para el desarrollo del país y las expectativas de vida mejor de los mexicanos.

En este contexto de desencuentro político, la renovación de los consejeros del Instituto Federal Electoral constituyó un grave retroceso, pues la designación de los nuevos integrantes del Consejo General de esa crucial institución estuvo marcada por sesgos partidistas. El perfil ciudadano e independiente del IFE, uno de los mayores logros en el proceso de democratización del país, resultó severamente lesionado y, con ello, se abre un inquietante panorama con miras a los comicios de 2006.

Por otra parte, el proceso de paz en Chiapas y la atención de los legítimos reclamos de los pueblos indígenas de México siguen estancados, y todo indica que la agenda del presidente Fox ha dejado a un lado la solución justa de este grave problema.

Con todo, 2003 ha sido también un año de luces y avances. La postura firme de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de la paz y en contra de la injusta e imperial invasión de Irak constituye un dato auspicioso que se inscribe en las mejores tradiciones diplomáticas de México. De igual manera, la expedición de órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la guerra sucia de los años 70, es un hecho esperanzador que, de continuarse con amplitud y rigor, permitirá revelar la verdad histórica sobre estos trágicos sucesos y hacer justicia a las víctimas de la represión criminal que el Estado mexicano aplicó durante las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo. La determinación de la Suprema Corte de Justicia de considerar delitos continuados a las desapariciones de personas es un paso destacado en tan primordial tarea.

El profundo reajuste político que se experimentó en 2003, con todos sus conflictos inherentes, debe servir de lección para que, el año próximo se redoblen esfuerzos para alcanzar los consensos necesarios para realizar las reformas y los cambios positivos que requiere el país. Así las cosas, quedan como corolario del año que termina tres hechos meridianos: la sociedad mexicana no aceptará reformas antipopulares ni la entrega al extranjero del patrimonio de todos; el Ejecutivo y los partidos políticos deben abstenerse de participar en pugnas intestinas -propias o ajenas- y concentrarse en la solución solidaria de los problemas del país anteponiendo el interés de la nación; y, finalmente, la vigencia de la ley, de la democracia en sentido amplio y de los principios históricos de México, así como la concentración prioritaria en el desarrollo económico y social, en sincronía con la opinión mayoritaria de la ciudadanía, resultan imperativos insoslayables en la conducción del país durante 2004.