María Rojo, en contra de la postura perredista en la ALDF

Señora directora: El pasado domingo, la mayoría de los diputados pertenecientes a la fracción perredista de la ALDF, a la que pertenezco, tomó la decisión de posponer la discusión del dictamen sobre la Ley de Sociedades de Convivencia para el próximo periodo ordinario de sesiones, cuando habíamos empeñado nuestra palabra de que ésta se discutiría en el pleno el 30 de diciembre, con la sola reserva del artículo sexto. Al respecto, quisiera exponer mi postura personal y como diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Lamento profundamente esta decisión, que me entristece, pues aplaza la posibilidad de sentar las bases de una convivencia en tolerancia, dignidad y seguridad jurídica para los habitantes de nuestra ciudad. Además, considero que este aplazamiento abre el camino para llevar al pleno una nueva iniciativa, recientemente promovida por la fracción perredista, la cual es sustancialmente diferente de la que ya fue aprobada en lo general por las comisiones unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias el pasado 5 de diciembre y que, en muchos sentidos, revoca sus alcances jurídicos y de protección social. Puesto que considero que no existen condiciones para discutir una propuesta que efectivamente proteja y de certeza jurídica, como manda nuestra Carta Magna, a quienes optan por formas de convivencia distintas a las de la mayoría, y en vista de que mi aportación personal poco podrá cambiar el rumbo que ha decidido tomar la mayoría perredista, sobre todo cuando la Comisión de Gobierno atraerá el asunto para su discusión, en un primer momento pensé presentar mi renuncia como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa. Sin embargo, y pensando en quienes han creído en mí, me quedo para dar, hasta el final, la batalla por una ley que me parece tan necesaria. A ellos, a los diferentes, a los marginados, a mis amigos de siempre, les recuerdo que ya estamos acostumbrados, lo sabemos: no merecemos "ser inhumados en tierra bendita".

Considero que, más allá de grupos o credos políticos de cualquier índole, como legisladores tenemos la obligación de crear leyes que garanticen que quienes optan por formas de convivencia distintas a las de la mayoría tengan los mismos derechos que el resto de la población. La iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia busca el reconocimiento jurídico de los hogares que no optan por el matrimonio tradicional o el concubinato, al margen de preferencias sexuales. Esto no es un asunto moral o religioso. No estamos nosotros, como legisladores de un Estado laico, para sancionar una decisión libre y responsable de dos personas que acuerdan compartir un techo y apoyarse mutuamente. No podemos tampoco someter a ningún tipo de consulta -llámese encuesta, foro o mesa de análisis- los derechos de las minorías. Nuestra responsabilidad es asegurar que aquellos que decidan convivir de manera distinta a la norma reciban la misma protección ante la ley que el resto de la ciudadanía. La única inmoralidad real sería reprimir y castigar cualquier manifestación de diferencia y pretender controlar las conciencias.

Siembre he creído que las opciones de convivencia sólo incumben a quienes las adoptan. La sociedad que niega este derecho al individuo no sólo lo discrimina y viola la Constitución, sino que en los hechos lo reprime, mutila sus derechos, lo humilla y lo segrega. La sociedad que niega el derecho a la diferencia atenta contra la más elemental concepción de la dignidad humana porque, parafraseando al poeta y dramaturgo José Ramón Enríquez, no está enfermo quien es diferente, sino la sociedad que lo reprime.

Por ello, considero que la aprobación de la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia sigue siendo una gran oportunidad para que los diputados del PRD mostremos en la práctica nuestros ideales, convicciones y principios democráticos de apoyar y respetar, desde nuestra actual mayoría parlamentaria en el Distrito Federal, los derechos y la dignidad de las minorías.

María Rojo

Denuncia corrupción en la asignación de becas del Conacyt

Señora directora: Para nadie es un secreto que existe corrupción generalizada de los comités de selección que asignan becas del Conacyt en muchas de las instituciones de educación superior.

Ante un desempleo que golpea particularmente a los profesionistas, una beca del Conacyt representa el equivalente a un empleo y la forma de solventar su situación económica por algunos años; de esto se dieron cuenta los comités de selección de varias instituciones. Mencionaré algunos casos de la UNAM en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Arquitectura, donde la mordida para la beca de doctorado está en 20 mil pesos; en la UAM Iztapalapa está en 15 mil pesos; en el Colegio de Posgraduados plantel Puebla, en 20 mil, y en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la BUAP, en el doctorado en historia, en 15 mil. Así podría seguir mi lista con el Cinvestav del IPN, pues esto es público y notorio, los estudiantes lo saben y cada vez que hay selección los del comité cambian su coche por otro modelo más reciente o se van de vacaciones.

Conacyt debería tener mayor cuidado en la transparencia del proceso, pues toda decisión del comité debe ser por escrito y estar debidamente fundamentada y motivada, y no como ahora, que la "decisión" se comunica de manera verbal y a los que no le entran con el soborno simplemente los rechazan sin más trámite.

Considero que la corrupción es tan generalizada que lo mejor sería quitar a estas instituciones del padrón de posgrados de Conacyt y hacer lo que hace la STPS, la cual publica en Internet los nombres y fotos de sus inspectores del trabajo; así, si alguno de ellos muerde, es fácilmente identificable. Lo mismo debería suceder con lo del comité de selección para identificar y denunciar con facilidad a los corruptos.

Conacyt puede hacer eficientes sus recursos, ahora, con el recorte presupuestal, eliminando del padrón de excelencia muchos posgrados que están en entredicho. El dinero de los mexicanos merece un destino honrado y no el abuso y enriquecimiento de unos cuantos vivales.

M.C. Miguel Alba Vega
 

El Correo Ilustrado