Transparencia

Albazo de PRD y AN confronta a diputados locales

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

La Ley de Transparencia e Información Pública volvió a confrontar a los diputados locales. Esta vez la causa fue la presentación ante el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) de la propuesta de nombres de los diputados que integrarían el Consejo de Transparencia, en la cual sólo estaban representados el PRD y el PAN.

De acuerdo con el documento leído durante la sesión ordinaria de ayer de la ALDF, se proponía que los perredistas Alejandra Barrales y Miguel Angel Solares, así como los panistas Obdulio Avila Mayo y Carlos Alberto Flores, se integraran al mencionado consejo, lo que generó la inconformidad del resto de las bancadas (PRI, PVEM y México Posible).

El primero en subir a la tribuna fue el priísta Mauricio López, quien reclamó que un día antes se hubiera acordado en la Comisión de Gobierno no tratar este punto, pero a sabiendas de que la mayoría perredista lo iba a apoyar, comentó que se excluyó a integrantes de su fracción por el hecho de haber defendido hasta el final en la pasada legislatura a las consejeras Odette Rivas y María Elena Pérez Jaén.

"Si éste es el costo por defender la inclusión de esas dos consejeras, y por defender la legalidad, estamos dispuestos a pagarla y que así se diga", expresó el priísta.

El presidente de la Comisión de Gobierno, René Bejarano, respondió que este asunto fue apoyado por la mayoría de los coordinadores, pero al conocerse los nombres, cinco eran perredistas y tres panistas.

Bernardo de la Garza, coordinador de la fracción del PVEM, lamentó que los diputados de mayoría se negaran a incluir a las minorías. "Con esto se violentó la pluralidad y proporcionalidad de la Asamblea, ya que correspondían dos consejeros al PRD, uno al PAN y uno al PRI".

Después de las argumentaciones se pasó a la votación y los nombres propuestos tuvieron el apoyo de 49 diputados (PRD y PAN) y nueve en contra de priístas, pevemistas y la legisladora de México Posible, Martha Teresa Delgado.

Se avaló también realizar foros de análisis sobre la iniciativa de ley de cultura y justicia cívica, que regula la actividad de franeleros y acomodadores.