Aborda en un solo día larga agenda de 47 puntos entre reclamos, divergencias y consensos

Cierra ALDF periodo a tambor batiente

Aprueba reformas al Código Penal en materia ambiental y norma que protege a no fumadores

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) abordó ayer una agenda de 47 puntos, en cuyo análisis y discusión no estuvieron ausentes las diferencias partidistas ni los reclamos, pero también hubo consensos que llevaron a aprobar diversos dictámenes de ley y puntos de acuerdo.

Una de las iniciativas importantes fue la que de manera unánime aprobaron diputados de PRD, PVEM, PRI, PAN y México Posible mediante la cual se modifica el Código Penal del Distrito Federal y se tipifican los delitos ambientales y sus respectivas sanciones.

De acuerdo con el dictamen presentado por el perredista Alfredo Hernández Raigosa, se sancionará con prisión de tres a nueve años y sanción pecuniaria de mil a 5 mil días de multa a quien ocupe ilegalmente o invada un área natural protegida, suelo de conservación, barranca o área verde en suelo urbano.

También se tipifica el despojo con sanción de uno a seis años de prisión.

La reforma establece que las mencionadas penalidades se incrementarán en una mitad cuando medie violencia y se enfocará en especial a quien instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las conductas anteriores.

También se sancionará a quien descargue residuos en áreas protegidas, mientras que a quienes provoquen incendios se les impondrá de dos a cinco años de prisión, y a los que derriben ilícitamente o talen uno o más árboles se hará acreedor a prisión de un mes a cinco años.

También se hacen más drásticas las sanciones contra quienes incurran en anomalías para verificar su auto, ya sea para quien ofrezca dinero, lo reciba o altere los automóviles para que pasen la revisión.

Sin embargo, en las reformas se hace énfasis en que se disminuirán las penalidades si el implicado repara los daños ocasionados.

Otros asuntos aprobados fueron dos decretos por los cuales se autoriza la regularización de los usos del suelo para los inmuebles en los que operen micro y pequeñas empresas, así como aquél que establece normas para regular los anuncios publicitarios, instalaciones subterráneas e instalación para la utilización del espacio aéreo en la ciudad de México.

Un punto más fue la aprobación de la Ley para la Protección de la Salud de los No Fumadores, que tuvo el aval de 55 legisladores de todas las fracciones. De acuerdo con este ordenamiento, se delimitan las áreas en las cuales se podrá fumar, además precisa las sanciones a las que se harán acreedores tanto los particulares como los dueños de negocios y operadores de unidades del transporte público y concesionado de pasajeros que incurran en desacato de esta normatividad.

Esta ley fue vetada por el jefe de Gobierno luego de que se la enviara la legislatura pasada, y le hizo una serie de observaciones, de las cuales algunas fueron retomadas y otras desechadas.

Con ello, a partir del primero de enero estará prohibido fumar en espacios cerrados como salones de clases, cines, teatros, hospitales, elevadores y en cualquier oficina de la administración pública local.

Las personas que incurran en desacato podrán ser denunciadas ante un policía preventivo por quienes se sientan afectados y se le remitirá ante el juez cívico, quien podrá imponerle una multa de hasta 10 veces el salario mínimo, y de reincidir podrá ser sujeto de detención hasta por 36 horas inconmutables.

En el caso de los restaurantes y bares, éstos deberán contar con un espacio mínimo de 30 por ciento de su área total para los no fumadores. Aquí también la sanción pecuniaria podrá llegar hasta cien veces el salario mínimo e incluso sufrir la clausura en caso de reincidencia.

Por lo que se refiere al transporte público y al concesionado, los operadores no podrán fumar abordo; de hacerlo, se harían acreedores a una multa de 20 salarios mínimos y en caso de reincidir se les retirará la concesión.

La ALDF también aprobó modificaciones al Código Civil del Distrito Federal, en las cuales se incluye la solicitud de nulidad de juicio fraudulento. Con esto, se podrá apelar aquellas sentencias de un juicio que, como en el caso del Paraje San Juan, se haya basado en hechos y documentos falsos.