Un hecho de esta naturaleza habría constituido una irresponsabilidad terrible: Encinas

Tampoco pudieron panistas recortar $5 mil millones en educación al GDF

JOSEFINA QUINTERO, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La mayoría del PRI -incluidos votos de Elba Esther Gordillo y sus fieles, que protegieron el manejo de recursos para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-, PRD y PT en la Cámara de Diputados desechó anoche una propuesta del PAN, presentada mediante el Verde Ecologista, para asestarle un nuevo golpe al Gobierno del Distrito Federal con el recorte de 5 mil 344 millones de pesos del ramo 25, educación pública, de las transferencias federales a que tiene derecho para 2004.

Por 297 votos en contra -entre los cuales se contaron algunos del PAN-, 108 en favor y 31 abstenciones, el pleno camaral rechazó la adición de un artículo vigésimo transitorio al proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año, que presentó el priísta postulado por el Verde, Fernando Espino Arévalo, y con el cual se buscaba obligar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a concluir, en un plazo no mayor de 90 días naturales, la transferencia de los servicios de educación correspondientes a la capital.

No obstante el cabildeo de los panistas Federico Döring y Juan Molinar Horcasitas con el PRI, para que respaldaran el nuevo transitorio -que tenía el aval de las bancadas priístas de Oaxaca y estado de México-, la instrucción que el coordinador priísta, Emilio Chuayffet, dio esta vez fue la de respaldar al PRD. Uno de los operadores para "bajar" el acuerdo fue el guanajuatense Wintilo Vega, a quien encaró el coordinador de los diputados verdes, Jorge Kahwagi, quien le gritó: "¡Eres un puto, cabrón!", y lo amenazó con el índice.

Su compañero de bancada, Manuel Velasco, lo jaló del brazo, y el priísta Carlos Flores Rico también contribuyó a tranquilizar a Kahwagi, quien es boxeador profesional.

Así, 15 minutos antes de la medianoche la mesa directiva de la Cámara sometió a consideración del pleno si la propuesta de Espino -que actuó, como lo hizo en el caso del techo de endeudamiento para la ciudad, en nombre de los intereses de Acción Nacional y de Federico Döring- era aprobada o rechazada, en votación económica.

Primero, la secretaria de la mesa, la priísta María de Jesús Aguirre Maldonado, preguntó por los votos en favor y en seguida los en contra. Y aunque fue evidente el rechazo de la mayoría, ella afirmó: "existe duda en la votación". En la bancada del PRD surgió un "¡ahhhh!" desaprobatorio, y a pesar de ello el presidente de la Cámara, Juan de Dios Castro, ordenó la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos.

Los priístas que respaldaron al PAN y al Verde gritaron: "¡sí se puede, sí se puede!", pero el tablero los desmintió. En el lado opuesto del salón, los perredistas saltaron y con los puños en alto festejaron la derrota de sus adversarios políticos.

Al reiniciar la sesión extraordinaria, la bancada del PRD se enteró de la nueva maniobra fraguada por la fracción panista, que utilizó como punta de lanza a Kahwagi para que diseminara en el pleno el texto con la propuesta de adición de un artículo vigésimo transitorio al proyecto de presupuesto, con objeto de obligar a la administración local a concluir, en un plazo no mayor de 90 días naturales, la transferencia de los servicios de educación a la capital.

Tal solicitud habría implicado retirar los recursos destinados a la ciudad de México para cumplir las tareas en el ramo 25 del gasto, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, y del ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios. El monto de ambas partidas daría como resultado una pérdida de 5 mil 344 millones de pesos para el gasto educativo de la administración local.

La propuesta, elaborada por el PAN, pretendía transferir 21 mil 480 millones de pesos del ramo 25 correspondiente al Distrito Federal hacia el ramo 33, combate a la pobreza, para por esa vía convertirlos en 16 mil 136 millones de pesos, una vez hecha la resta de los 5 mil 344 millones de pesos, que implican menos recursos para la educación de los capitalinos.

Ante la intentona, el secretario de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, dijo a este diario que la administración de Andrés Manuel López Obrador preparaba una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Atribuyó la autoría de la maniobra al gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas. "Está desatado", afirmó. Sin embargo, el diputado perredista Manuel Camacho Solís fue más allá: "No puede ser que una decisión de esta naturaleza sea del gobernador mexiquense, porque si la apoya el PAN, no es creíble que no tenga el visto bueno del Presidente de la República. Nunca se ha dado un golpe de esta magnitud. ¡No tiene precedente!"

Encinas consideró que además de "una locura", un hecho de esa naturaleza habría constituido "una irresponsabilidad terrible. Estamos conscientes de que los panistas sí pueden armar una mayoría con algunos diputados del PRI. Elba Esther impulsó el voto en contra por obvias razones: no quiere soltar lo que tiene en el Distrito Federal, en lo que se refiere a que se debe pasar el sistema educativo a los gobiernos estatales".

-Para ustedes sería un gasto monumental.

-Implicaría la asfixia total del gobierno de la ciudad. Nosotros analizamos irnos por la vía de la controversia, en función de las atribuciones del Congreso de la Unión, porque no puede dictarle términos y fechas a la Federación y a los estados.

Asimismo, el ex regente Manuel Camacho Solís planteó que para el gobierno capitalino el costo de asumir el manejo del sistema educativo habría sido equivalente "a lo que cuesta todo el servicio de policía o del suministro de agua o el de recolección de basura. Entonces, es algo que atentaría contra de la estabilidad política de la ciudad y del país. Y sería un intento por provocar una confrontación entre las entidades, es una violación no sólo a la Constitución, sino al espíritu de la unión nacional.

-Entonces, ¿se establecería la obligación de firmar un convenio en 90 días?

-¡Eso es una guillotina! Es decir, o se suscribe el acuerdo o se quitan las participaciones. Entonces, si en 90 días no se hubieran transferido los servicios educativos, el gobierno federal empezaría a retener las participaciones, lo que también sería ilegal.

"Costaría 21 mil millones, mediante una fórmula que se aplica. El costo directo sería cercano a 6 mil millones de pesos, pero hay muchos gastos ocultos, es decir, esto subiría, y pretendían darnos un golpe adicional a lo del techo de la deuda. Estamos hablando, por lo pronto, de manera directa de más de 8 mil millones de pesos, más los gastos directos. Arruinaría al gobierno capitalino, e iba a constituirse en un golpe contra los ciudadanos y los servicios públicos".

Para el diputado Francisco Ortiz Pinchetti, del PRD, la maniobra del PAN y algunos priístas constituía "un golpe dirigido, nuevamente, al Gobierno del Distrito Federal, avalado infortunadamente por el PAN, que olvida su carácter legalista y ahora parece dispuesto a convertirse en el campeón del ataque a Andrés Manuel López Obrador, sin tomar en cuenta las graves consecuencias políticas y también las inconsistencias gravísimas de tipo jurídico que tiene la propuesta. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", advirtió.

Al mediodía, 11 de 13 jefes delegacionales surgidos del PRD se manifestaron en la Cámara de Diputados en contra de la intentona de aplicar el citado recorte.