La remoción de Julio César Méndez Rubio de la secretaría general del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y su remplazo por Mario Alberto Beauregard Alvarez, quien hasta hace unos días ocupaba un alto cargo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), parece algo más que un simple cambio de directivos y constituye una maniobra en la que resulta inevitable sospechar una intención encubridora de las irregularidades perpetradas bajo el manto del fraudulento rescate bancario que Ernesto Zedillo impuso al país y que fue convalidado por los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional.

Es pertinente recordar, al respecto, que la gestión de Méndez Rubio en el IPAB se caracterizó por su empeño en realizar una nueva auditoría a operaciones de Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, que fueron señaladas en su momento como irregulares por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ascienden a 52 mil millones de pesos. Al parecer, los bancos referidos transfirieron abusivamente deudas por ese monto al IPAB, el cual, hasta la salida del funcionario referido, se había venido negando a hacer efectivos los pagarés correspondientes, en acatamiento a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

El gobierno de Vicente Fox, y particularmente su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, han llevado su empecinamiento en cubrir con dinero de la sociedad esas operaciones dudosas -y sin investigar los posibles ilícitos cometidos en ellas- hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la cual presentaron una controversia contra la ASF. Los banqueros, por su parte, presentaron un amparo contra la revisión y el esclarecimiento de los movimientos sospechosos.

En tales circunstancias, el cambio de Méndez Rubio por Beauregard Alvarez -un tecnócrata casi emblemático, surgido del ITAM, macerado en el Banco de México y posteriormente catapultado al FMI- parece una medida tendente a reorientar al IPAB hacia una nueva actitud de complacencia ante los banqueros y de encubrimiento de los enjuagues que conformaron, durante la presidencia de Zedillo, el mayor saqueo a las arcas públicas de la historia del país. Si Gil Díaz logra torcer de esa forma el desempeño esclarecedor del IPAB, la ASF se quedaría sola y aislada en su afán de investigar las irregularidades más notorias de ese inmoral y fraudulento rescate bancario que le está costando al país cerca de un billón (un millón de millones) de pesos. Cabe esperar que el nuevo secretario general del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario no se preste a semejante maniobra y que el pueblo de México logre rescatar aunque sea una parte de los recursos que le fueron tan injustamente sustraídos.