Por unanimidad, los ministros revocan la suspensión obtenida por el Ejecutivo local

Resuelve la Corte que se instale el Consejo de Transparencia

La Asamblea Legislativa convocará a reformar la ley en la materia, indica René Bejarano

El Gobierno del DF acatará la decisión que tome el pleno de diputados, afirma Martí Batres

GUSTAVO CASTILLO, GABRIELA ROMERO Y LAURA GOMEZ

Por unanimidad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, debe instalar el Consejo de Transparencia del DF conforme lo determinó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Lo anterior, al resolver el recurso de reclamación 225/2003 que interpuso la ALDF en contra de la suspensión provisional que obtuvo López Obrador para evitar la instalación de ese órgano, que integró la ALDF y que aún carece de presidente. A poco más de tres meses de que se interpuso el recurso de reclamación, los cinco ministros que integran la segunda sala de la SCJN resolvieron revocar la suspensión obtenida por el mandatario local.

Con esta decisión, el jefe de Gobierno debe acatar la instalación del Consejo de Transparencia, lo cual debió ocurrir desde hace dos meses.

En tanto, la SCJN tiene pendiente de resolver el fondo de la controversia constitucional mediante la cual el gobierno capitalino cuestiona la legalidad de la integración del citado consejo, ya que según López Obrador varios de sus miembros no cumplen los requisitos que marca la ley.

La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigor desde el 8 de mayo de este año, situación que obligaba al jefe de Gobierno a instalar el consejo; sin embargo, López Obrador interpuso el 15 de julio un recurso de controversia constitucional contra dicha ley.

Mientras el Consejo de Transparencia no tenga presidente no podrá instalarse, advirtió el titular de la Comisión de Gobierno de la ALDF, René Bejarano. "Nosotros no vamos a convocar a elegir a un nuevo presidente, sino a reformar la ley para integrar un nuevo Consejo de Transparencia", explicó.

Cuestionado luego de conocer la resolución de la SCJN, el diputado perredista señaló que no corresponde al ámbito de la Asamblea Legislativa, porque a pesar de ser la parte actora de la controversia, a quien se le ordena es al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador.

Bejarano Martínez detalló: "la orden de la Corte es con respecto a los actos del jefe de Gobierno, pero si uno de los consejeros designados, que además era el presidente del consejo, ya renunció, éste no puede instalarse".

En diciembre votarán la reforma

El líder de la ALDF recordó que hay tres proyectos de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que serán dictaminados y presentados ante el pleno para su discusión y, en su caso, aprobación entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre. René Bejarano puntualizó que el PRD desde el principio objetó el mecanismo que se aplicó para nombrar a los tres consejeros ciudadanos, entre otras cosas porque se les eligió en lo oscurito.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno del DF, Martí Batres Guadarrama, señaló que la administración capitalina acatará la decisión que tome la Asamblea Legislativa en torno a la integración del Consejo de Transparencia del Distrito Federal, con base en la actual legislación o su reforma, aunque "con consejo o sin él se mantendrá una total apertura para que la gente acceda a toda la información pública".

La decisión de la Corte sin embargo, precisó, no impide que esta legislatura "recoja algunas de nuestras preocupaciones, como la elección de consejeros honoríficos para que no sea un aparato burocrático que lesione las finanzas de la ciudad, pues su funcionamiento significaría una erogación de 60 millones de pesos, aproximadamente".

Agregó que "estaremos atentos" a lo que resuelva la Asamblea en las siguientes semanas y el gobierno acatará la decisión que asuma, aunque todas las áreas de gobierno tienen la obligación de proporcionar información a quien lo solicite, previo llenado de los formatos, mientras en los casos delicados o confidenciales son las secretarías de Gobierno y Finanzas, así como la Contraloría General, quienes deciden.