México D.F. Sábado 15 de noviembre de 2003
Por unanimidad, los ministros revocan la suspensión
obtenida por el Ejecutivo local
Resuelve la Corte que se instale el Consejo de Transparencia
La Asamblea Legislativa convocará a reformar
la ley en la materia, indica René Bejarano
El Gobierno del DF acatará la decisión
que tome el pleno de diputados, afirma Martí Batres
GUSTAVO CASTILLO, GABRIELA ROMERO Y LAURA GOMEZ
Por unanimidad, la segunda sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el jefe de Gobierno
capitalino, Andrés Manuel López Obrador, debe instalar el
Consejo de Transparencia del DF conforme lo determinó la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Lo anterior, al resolver el recurso de reclamación
225/2003 que interpuso la ALDF en contra de la suspensión provisional
que obtuvo López Obrador para evitar la instalación de ese
órgano, que integró la ALDF y que aún carece de presidente.
A poco más de tres meses de que se interpuso el recurso de reclamación,
los cinco ministros que integran la segunda sala de la SCJN resolvieron
revocar la suspensión obtenida por el mandatario local.
Con
esta decisión, el jefe de Gobierno debe acatar la instalación
del Consejo de Transparencia, lo cual debió ocurrir desde hace dos
meses.
En tanto, la SCJN tiene pendiente de resolver el fondo
de la controversia constitucional mediante la cual el gobierno capitalino
cuestiona la legalidad de la integración del citado consejo, ya
que según López Obrador varios de sus miembros no cumplen
los requisitos que marca la ley.
La Ley de Acceso a la Información Pública
entró en vigor desde el 8 de mayo de este año, situación
que obligaba al jefe de Gobierno a instalar el consejo; sin embargo, López
Obrador interpuso el 15 de julio un recurso de controversia constitucional
contra dicha ley.
Mientras el Consejo de Transparencia no tenga presidente
no podrá instalarse, advirtió el titular de la Comisión
de Gobierno de la ALDF, René Bejarano. "Nosotros no vamos a convocar
a elegir a un nuevo presidente, sino a reformar la ley para integrar un
nuevo Consejo de Transparencia", explicó.
Cuestionado luego de conocer la resolución de la
SCJN, el diputado perredista señaló que no corresponde al
ámbito de la Asamblea Legislativa, porque a pesar de ser la parte
actora de la controversia, a quien se le ordena es al jefe de Gobierno
del DF, Andrés Manuel López Obrador.
Bejarano Martínez detalló: "la orden de
la Corte es con respecto a los actos del jefe de Gobierno, pero si uno
de los consejeros designados, que además era el presidente del consejo,
ya renunció, éste no puede instalarse".
En diciembre votarán la reforma
El líder de la ALDF recordó que hay tres
proyectos de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
que serán dictaminados y presentados ante el pleno para su discusión
y, en su caso, aprobación entre la última semana de noviembre
y la primera de diciembre. René Bejarano puntualizó que el
PRD desde el principio objetó el mecanismo que se aplicó
para nombrar a los tres consejeros ciudadanos, entre otras cosas porque
se les eligió en lo oscurito.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno del DF, Martí
Batres Guadarrama, señaló que la administración capitalina
acatará la decisión que tome la Asamblea Legislativa en torno
a la integración del Consejo de Transparencia del Distrito Federal,
con base en la actual legislación o su reforma, aunque "con consejo
o sin él se mantendrá una total apertura para que la gente
acceda a toda la información pública".
La decisión de la Corte sin embargo, precisó,
no impide que esta legislatura "recoja algunas de nuestras preocupaciones,
como la elección de consejeros honoríficos para que no sea
un aparato burocrático que lesione las finanzas de la ciudad, pues
su funcionamiento significaría una erogación de 60 millones
de pesos, aproximadamente".
Agregó que "estaremos atentos" a lo que resuelva
la Asamblea en las siguientes semanas y el gobierno acatará la decisión
que asuma, aunque todas las áreas de gobierno tienen la obligación
de proporcionar información a quien lo solicite, previo llenado
de los formatos, mientras en los casos delicados o confidenciales son las
secretarías de Gobierno y Finanzas, así como la Contraloría
General, quienes deciden.
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