Hacienda y la CNBV toman el control del instituto, afirma el senador Jesús Ortega

Sale Méndez Rubio del IPAB; fin al saneamiento del rescate bancario

Fuerte presión para que el organismo se desista de auditar de nuevo a los bancos que, según la Auditoría Superior de la Federación, recibieron apoyos ilegales, afirma Dolores Padierna

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y ROBERTO GARDUÑO

Julio César Méndez Rubio, un promotor de que fuera realizada una nueva revisión a las operaciones del rescate bancario, dejó este viernes de ser el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cargo que ocupaba desde septiembre de 2000. En su lugar, la junta de gobierno, encabezada por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, un opositor a que los bancos sean revisados, nombró a Mario Alberto Beauregard Alvarez, quien hasta esta semana se desempeñó como representante de México ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El senador perredista Jesús Ortega Martínez afirmó que con la renuncia de Julio César Méndez, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) "han tomado el control del IPAB y su junta de gobierno, reduciendo la posibilidad de descontar las operaciones ilegales efectuadas durante el rescate bancario".

El legislador por el PRD señaló que la estrategia de la SHCP para deshacerse de las personas críticas en el IPAB inició en 2002 con la publicación de un documento elaborado por Luis Mancera Arrigunaga donde echaba por tierra las demandas de transparencia del vocal "incómodo" que ayer se vio precisado a abandonar el instituto.

"Ante la negativa de Méndez Rubio de avalar las acciones ilegales que promovía Mancera Arrigunaga, la junta de gobierno del IPAB decidió removerlo de su cargo y nombrar un sustituto cómodo, como es Mario Beauregard, vinculado al vocal independi ente Héctor Tinoco", dijo Ortega.

La renuncia de Méndez Rubio, que no fue explicada oficialmente, ocurrió en momentos en que el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, quien abiertamente ha litigado en favor de que los bancos que presumiblemente cometieron irregularidades durante el rescate de 1995 no sean sometidos a una nueva revisión, está decidido a "dar vuelta de hoja" a la investigación del proceso de saneamiento financiero, que dejó una deuda para los contribuyentes que alcanza un monto actualizado de un billón de pesos (un millón de millones).

El gobierno del presidente Fox está "tratando de convencer" a diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para dar "vuelta de hoja" al rescate bancario y evitar que la actual legislatura abra una nueva investigación, dijo esta semana Dolores Padierna, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aseguró que funcionarios de la Secretaría de Hacienda estaban ejerciendo "una fuerte presión" sobre el IPAB para tratar que el instituto desista de su decisión -mantenida por Méndez Rubio- de auditar nuevamente a Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, entidades que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación recibieron apoyos ilegales durante el rescate de 1995.

La junta de gobierno del IPAB se reunió este viernes por la mañana, en una sesión ordinaria en la cual Julio César Méndez presentó su renuncia a la secretaría ejecutiva, máxima autoridad administrativa del instituto. Un comunicado del organismo indicó que había sido "aprobado el nombramiento de Mario Alberto Beauregard Alvarez", pero no precisó las causas del movimiento. El nuevo secretario ejecutivo del organismo ha realizado la mayor parte de su trayectoria profesional en el Banco de México y también ha efectuado tareas académicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del cual es egresado. Hasta esta semana ocupaba el cargo de director ejecutivo alterno por Centroamérica, España, Venezuela y México en el FMI.

A lo largo de este año, la Secretaría de Hacienda y el IPAB mantuvieron posiciones enfrentadas respecto de la siguiente fase del rescate bancario. Durante la crisis de 1995, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo asumió, sin autorización del Congreso, deuda para evitar la quiebra del sistema financiero. Una parte de esos pasivos estaba representada por pagarés avalados exclusivamente por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuyo vencimiento empieza en 2004 y se concentra en mayor medida en 2005.

En abril pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, encontró que cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) habían abusado de las reglas y transferido irregularmente al Fobaproa deudas por un monto actualizado de 52 mil millones de pesos.

Para que los pagarés que emitió el Fobaproa sean intercambiados por otros bonos avalados por el IPAB, la ley de protección al ahorro bancario establece que sea realizada una nueva auditoría de esas operaciones. Los cuatro bancos involucrados interpusieron un amparo contra la revisión.

Al mismo tiempo, la consejería jurídica de la Presidencia de la República presentó ante la Corte una controversia contra la ASF, debido a que el órgano de fiscalización del Congreso había "ordenado" a la Secretaría de Hacienda reducir los pagos que hace a Banamex por el rescate bancario.

Hace dos semanas, la Corte determinó que la ASF no tenía facultades para dictar órdenes ni a la Secretaría de Hacienda ni al IPAB, pero no se manifestó sobre el tema de fondo del asunto: la legalidad o ilegalidad de las operaciones.

Hasta ahora, la administración del IPAB se había mantenido firme en la decisión de no hacer el intercambio de pagarés si no se efectuaba la revisión, a la que se opone la Secretaría de Hacienda.