Miguel Concha

Uso de niños para la guerra

Las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por todos los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, con excepción de Estados Unidos y Somalia, prescriben que está prohibido usar a niños menores de 15 años en la guerra. El protocolo facultativo de la convención, que entró en vigor en febrero de 2002, corrigió esta anomalía y ascendió el límite a 18 años. Determinó además que "los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años".

Se afirma que Colombia cumple ahora formalmente los requisitos del protocolo, que ha firmado, pero no ratificado. Sin embargo, el organismo defensor de derechos humanos Human Rights Watch ha recibido denuncias de que la policía y el ejército han utilizado a niños como espías o informantes, exponiendo sus vidas y las de sus familiares.

La propia relatora especial para el derecho a la educación de Naciones Unidas, Katarina Tomasevski, quien visitó Colombia el mes pasado para supervisar el sistema educativo, expresó al final que las escuelas han dejado de ser espacios neutrales para enseñar derechos humanos, "porque una parte de los alumnos está denunciando a los maestros con los paramilitares y otra los está denunciando con la policía nacional".

El informe de Human Rights Watch Aprenderás a no llorar, niños combatientes en Colombia, publicado igualmente en octubre, denuncia que por lo menos 11 mil niños de entre siete y 17 años (es decir, alrededor de uno de cada cuatro combatientes irregulares de la guerra civil colombiana, si no es que más) han sido incorporados por los grupos guerrilleros y paramilitares.

En el informe se relata que los niños y niñas reclutados casi no entienden la finalidad del conflicto y son entrenados para desconocer la piedad hacia el bando contrario. Los adultos ordenan a los niños que maten, torturen o mutilen, adiestrándolos para cometer actos crueles, inhumanos o degradantes.

Algunos mueren o son heridos en combate por la artillería pesada y por los helicópteros de las tropas gubernamentales. Muchos de los niños entrevistados aseguran que tenían ocho años cuando empezaron a combatir y que al cumplir 13 años ya sabían utilizar armas automáticas, granadas, morteros y explosivos. Los obligan a estudiar el ensamblaje de minas y, en el caso de la guerrilla, los entrenan para lanzar bombas de cilindro de gas, lo que constituye graves violaciones al derecho internacional humanitario.

Además de que el gobierno del presidente Alvaro Uribe considera como parte integral de su estrategia de seguridad la vinculación de la población civil a tareas de vigilancia, lo que propicia la violación de derechos humanos, en el fondo de esta situación se encuentra la pobreza en la que vive la mayoría de la infancia colombiana.

Según las estadísticas del gobierno, dos de cada tres niños vivían por debajo de la línea de pobreza en 2001, y uno de cada 10 estaba en la miseria. Por si fuera poco, varios de los ex paramilitares entrevistados, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sugieren otra vez la complicidad del personal militar colombiano, que continúa colaborando estrechamente con ellos en su entrenamiento. Sin embargo, Colombia recibirá este año más de 750 millones de dólares de Estados Unidos, la mayoría destinada a asistencia militar y policial, sin exigir la suspensión y el enjuiciamiento de los oficiales que ac-túan en connivencia con aquellos.

Algunas de las conclusiones de Human Rights Watch son urgentes: todas las partes del conflicto tienen que poner fin al reclutamiento de niños, desmovilizarlos de las tropas y las fuerzas milicianas, así como velar por su bienestar y seguridad, entregándolos, si fuera el caso, a organismos nacionales o internacionales humanitarios adecuados.

No se puede hacer responsables a los niños de las mismas decisiones que los adultos, por tanto, no se les puede castigar como si fueran adultos. Cuando se considere al niño responsable penalmente de graves abusos, se debe tener en cuenta las circunstancias de su reclutamiento, su posible coacción y su falta de madurez a la hora de dictar sentencia.

En conformidad con la CDN, los niños tienen que estar protegidos contra la explotación y la violencia. El Estado colombiano no sólo debe contar con leyes que sancionen plenamente el reclutamiento militar de niños con penas proporcionadas a su gravedad, sino también aplicarlas hasta el límite de su capacidad