Silvia Ribeiro

Hood Robin, el maíz y la ley de bioseguridad

Privatización eléctrica, de recursos naturales y agua, de instituciones públicas de educación, de investigación, de cultura y artes, impuesto al valor agregado en alimentos, medicinas y libros; la lista parece interminable y aunque responde al mismo modelo no deja de sorprender y provocar reacciones de los sectores sociales directamente afectados y muchos más. Como han dicho varios analistas, se trata de trata de Hood Robin: despojar a los que tienen menos para dárselo a los que tienen más.

Y los que tienen más cada vez son menos: el valor de las fusiones y adquisiciones corporativas a escala global pasó en una década, desde 1990, de 462 mil millones de dólares a más de 3 billones 500 mil millones de dólares. Las megacorporaciones presionan para abrir todos los mercados y apropiarse de cada vez más sectores, desde recursos naturales hasta cadenas de producción y servicios.

El tema del maíz transgénico y la iniciativa de ley de bioseguridad están en el mismo contexto. Apuntan al despojo a los campesinos y pequeños productores mexicanos en favor de las grandes trasnacionales de semillas y distribución, que controlan este recurso estratégico. Quien controle las semillas tiene la llave de la cadena alimentaria.

Sólo cinco empresas trasnacionales son dueñas de la totalidad de las semillas transgénicas cultivadas comercialmente en el mundo: Monsanto, Syngenta (Novartis+AstraZeneca), Bayer (Aventis), Dupont (Pioneer Hi-Bred) y Dow. A Monsanto, que tiene 90 por ciento de este mercado, le ha ido bastante mal: sus acciones cayeron de 51 dólares en 1999 a 25 dólares actualmente.

Sus productos encontraron una fuerte resistencia de los consumidores por los riesgos a la salud y al medio ambiente, fundamentalmente en Europa y Japón. Casi no han podido salir de los mercados cautivos que tienen en Estados Unidos, Canadá y Argentina, donde los productores no pueden elegir porque tienen contratos que los sujetan a las empresas semilleras.

En esos mismos países, responsables de 96 por ciento de la producción mundial de transgénicos, las estadísticas muestran que la soya transgénica tuvo menor productividad y usó más herbicidas, el maíz transgénico insecticida Bt tuvo un leve aumento de producción (0.6 por ciento del total en Estados Unidos) que no compensó el costo extra porque la semilla transgénica es más cara. El maíz y el algodón insecticida Bt han ido generando resistencias en las plagas que dicen combate, disminuyendo la poca ventaja que lograron en los primeros años y estimulando el uso de otros químicos.

En este contexto, las empresas biotecnológicas están desesperadas por abrir nuevos mercados donde colocar sus tecnologías, que pierden efectividad en los países que las usan. Ante esto, los países del sur son un mercado codiciado: son muchos millones, hay poca información y les proveen legitimidad moral al arrogarse que dan de comer a los hambrientos.

Conquistar el mercado mexicano es particularmente importante, sobre todo en maíz, porque daría el mensaje de que una vez liberados en el centro de origen los demás países tienen menos argumentos. Para esto las empresas han encontrado dos trabas cruciales: la moratoria a la siembra del maíz transgénico y la falta de vías legales para su comercialización.

Víctor Villalobos, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en nombre de la presidencia de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), anunció a la prensa el 4 de noviembre que levantaría esta moratoria de facto. Curiosamente, la trasnacional Dupont ya había asegurado el día anterior a la prensa que México permitiría la comercialización de transgénicos.

Ni Villalobos ni la Cibiogem explicaron cómo se habían superado los problemas que dieron origen a la moratoria. No podrían hacerlo: no se ha superado ninguno. Por ejemplo, en 1999, cuando comienza la moratoria, uno de los riesgos planteados era el de contaminación de las variedades nativas, situación ahora comprobada. La otra "traba" es la falta de legalidad: por eso el gran apuro para que el Congreso de la Unión apruebe una ley de "bioseguridad" que fue diseñada a la medida de las trasnacionales.

Una de las cosas más perversas de esta iniciativa de ley de "bioseguridad" es que nombra muchos temas cruciales que deben tenerse en cuenta. Pero el mismo texto los acota, dejándolos irreconocibles y asegurando que no pasen de retórica. Se dice que se garantizará la protección de la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica, pero en un nivel "adecuado" (Ƒa quién?), para ello no se habla de principio de precaución, sino de "enfoque", rematando con la afirmación que se aplicará "conforme a las capacidades". Cuando haya "peligro de daño grave o irreversible" se tomarán medidas "en función de los costos". Es como decir que existe el principio "no matarás", pero como un enfoque que se aplicará si hay capacidad, en caso de que sea "adecuado" y no muy caro. Todo el texto está plagado de situaciones similares.

Nunca antes en el caso de los transgénicos se habían movilizado tantos recursos públicos internacionales y nacionales para beneficiar a tan pocos, obviando además las preguntas fundamentales: Ƒse necesitan los transgénicos? No. Hay enorme cantidad de alternativas sin riesgos y que afirman la soberanía y la producción nacionales.

ƑA quién benefician? Hood Robin lo tiene claro: es otro poderoso instrumento para seguir enriqueciendo a las trasnacionales a costa de los recursos básicos de la mayoría de la gente