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México D.F. Sábado 30 de agosto de 2003

"Estupor e indignación" del PSOE; se envía un mensaje favorable a genocidas, acusa

Aznar no dará curso a extradiciones de represores argentinos pedidas por Garzón

La situación ha cambiado; ahora es posible enjuiciarlos en su país, dice Mariano Rajoy

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de agosto. El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, decidió este viernes no dar curso a las peticiones de extradición de 39 militares y un civil argentinos acusados de genocidio, terrorismo y torturas ante la Audiencia Na-cional de España.

La decisión provocó la indignación de las víctimas de la represión de la dictadura de las juntas militares (1976-1983) y el anuncio, por parte del juez argentino Ricardo Canicoba, de la liberación de los presuntos represores detenidos a petición del juez es-pañol Baltasar Garzón.

En el primer consejo de ministros del go-bierno español, Aznar y su gabinete rechazaron, por primera vez en la historia de la democracia, la petición de extradición de un juez que incluía al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, al ex general Carlos Suárez Mason y al ex director de la armada Emilio Massera.

La decisión del gobierno español no entierra definitivamente el proceso abierto contra los presuntos represores argentinos, toda vez que arguyó la "no continuación" de los procesos en función del artículo 11 del tratado bilateral de extradición, a la es-pera de que en Argentina se lleven a cabo los procesos judiciales sobre estos hechos delictivos y se anulen definitivamente las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que otorgaron impunidad a los represores.

Con la decisión del gobernante derechista español, la situación quedará en el aire y a la espera de que en Argentina se decida anular definitivamente las leyes de impunidad y mantener en prisión a los detenidos, que, en caso contrario, podrían fugarse.

Madrid se limitó a solicitar al gobierno del presidente argentino, Néstor Kirchner, "que pongan en conocimiento de esta parte la culminación del procedimiento administrativo y judicial en curso, manteniendo hasta entonces la situación de estas personas a disposición efectiva de la justicia", lo que no significa que esté garantizada la prisión de los presuntos represores detenidos.

El vocero y vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy, explicó que el Ejecutivo tiene acreditada la participación de los acusados en los delitos que se les imputa, y que las extradiciones se solicitaron porque en su país no había intención de juzgarlos.

"Hasta ese momento todas las personas quedaban impunes y, por tanto, nosotros no estábamos de acuerdo en que esto fuera así y si se nos demandaba una solicitud de extradición siempre la planteábamos", se-ñaló el funcionario.

"Pero bien, en este momento las cosas han cambiado de manera sustancial, ya que partimos de la base de que si en un país se cometen algunos delitos y es posible enjuiciarlos, debe hacerse ahí con base en el principio de territorialidad que está recogido en una gran mayoría de los contenidos de extradición y también en el artículo 11 del convenio vigente entre Argentina y España", agregó Rajoy.

El principal partido de la oposición, el So-cialista Obrero Español, asumió con "estupor e indignación" la decisión adoptada por Aznar, una vez que "al negarse a tramitar las extradiciones pedidas por el juez Garzón el gobierno muestra un nivel de exigencia muy bajo y lanza el mensaje de que no quiere perseguir a torturadores, genocidas y asesinos de muchos españoles", además de "desoír" las demandas del Poder Judicial.

Por otro lado, Aznar, quien ha encabezado a su derechista Partido Popular (PP), anunció hoy que nombrará a su sucesor en dicho cargo el próximo martes.

Los principales aspirantes se limitaron a guardar silencio a la espera del anuncio oficial del sucesor, y ellos son Rajoy; Rodrigo Rato, vicepresidente segundo, y Jaime Ma-yor Oreja, líder del PP en el País Vasco.

La sucesión de Aznar se adelantó un mes a raíz de la presentación del proyecto de autonomía del gobierno vasco, del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe.

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