México D.F. Sábado 30 de agosto de 2003
Seis ciudadanos vascos podrían quedar
libres este lunes
Fox debe evitar la injusta extradición de Llona,
reclama Bárbara Zamora
Este viernes, la defensa del ciudadano mexicano de origen
vasco Lorenzo Llona Olalde presentó una solicitud de amparo contra
la decisión del juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo,
que el pasado miércoles consideró factible su extradición
a España.
La abogada Bárbara Zamora indicó en entrevista
que agotará todas las instancias legales que le quedan a Llona Olalde
-detenido en Zacatecas el pasado 26 de abril-, y exhortó al presidente
Vicente Fox a que se manifieste en contra de la extradición de su
cliente, porque "es una injusticia la que se está cometiendo con
Llona".
En otro orden, el juez quinto de distrito A de amparo
en materia penal, Rafael Zamudio, ordenó que si el próximo
lunes las autoridades de España no presentan la petición
formal de extradición en contra de seis ciudadanos vascos (a los
que Madrid señala como presuntos integrantes de ETA) los ahora detenidos
sean liberados de manera inmediata.
De
acuerdo con el tratado de extradición entre México y España,
cualquier solicitud en la materia que realicen entre sí ambos países
deberá formalizarse en un periodo de 45 días naturales, a
partir del momento en que sea detenida la persona requerida. Sin embargo,
la norma establece que de ser necesario, y con base en argumentos jurídicos,
el periodo puede extenderse otros 15 días hasta sumar un total de
60.
En el caso de los seis ciudadanos vascos detenidos el
pasado 18 de julio a solicitud del gobierno español, los 45 días
correspondientes vencen el próximo lunes, y según Bárbara
Zamora, hasta el momento no se han presentado las pruebas necesarias para
extender el plazo, por lo que si Madrid no envía antes del primero
de septiembre la solicitud formal de extradición, los seis ciudadanos
vascos deberán recuperar su libertad. Sin embargo, la litigante
no descartó que minutos antes de que venza dicho plazo, las autoridades
"nos salgan con una trastada ilegal".
Fuentes del Poder Judicial indicaron a La Jornada que
el juzgado segundo de distrito en materia penal --que lleva la causa de
los seis vascos presos en el Reclusorio Norte- ya tuvo conocimiento del
acuerdo que emitió el juez de amparo, y agregaron que dicho juzgado
no había recibido hasta el cierre de esta edición la petición
formal de extradición contra José María Urquijo Borde,
Ernesto Alberdi Alejalde, Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano
García, Juan Artola Díaz y María Asunción Gorrtxategi.
A todos ellos se les responsabiliza de integrar presuntamente una célula
de ETA en México, que operaba en seis estados, y cuya misión
era la constitución de fondos de inversión para allegar recursos
a dicha organización.
Como se recordará, los seis detenidos gozan de
una suspensión provisional que los protege de ser trasladados a
España de manera inmediata; es decir, sin que haya concluido el
proceso de extradición correspondiente.
Entretanto, el proceso de extradición que enfrenta
Lorenzo Llona se encuentra en su etapa definitoria. Desde el pasado jueves
el caso está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), dependencia que deberá decidir en los próximos días
si concede o cancela la extradición del ciudadano mexicano.
La abogada Bárbara Zamora dijo en entrevista que
confía en que el juez de amparo que analizará si procede
el recurso que interpuso ayer en favor de su cliente analice a detalle
las pruebas de descargo que en su momento presentó ante el juzgado
15 en materia penal, pero que "el juez (Ranulfo Castillo) no tomó
en cuenta".
Además, refirió que el titular del Ejecutivo
federal tiene la última palabra, pues según el artículo
14 del tratado de extradición el Presidente de la República
está facultado para impedir que un connacional sea extraditado,
si así lo considera conveniente.
Llona Olalde se naturalizó mexicano en 1993. No
obstante, si la cancillería decide que procede la extradición,
la defensa adelantó que interpondría otro amparo contra esa
determinación, y de ser necesario, recurriría hasta un tribunal
colegiado.
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