Respuesta de agrupaciones a iniciativa de Patricio Martínez sobre las mujeres asesinadas

Se debe cumplir la ley, más que aumentar la penalización a crímenes, clamor en Juárez

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, Chih. Un día después de que el gobernador Patricio Martínez anunciara una nueva iniciativa de ley para que los asesinos de mujeres alcancen hasta 100 años de cárcel, y que las penas de todos los delitos que se cometan en torno a los crímenes sean acumulables, representantes de organizaciones de derechos humanos y madres de las víctimas del feminicidio consideraron que lo importante no es aumentar la penalización sino que se cumpla la ley, que se penalice la tortura de testigos y de chivos expiatorios y que exista una norma en materia de desapariciones.

Alfredo Limas, de la Red de No Violencia, y Marisela Ortiz, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, coincidieron en afirmar que se trata de un anuncio "de relumbrón", una medida incompleta y que no pone en la mesa de discusión otros problemas como la tortura, la impunidad, la violación de los derechos humanos de las víctimas, de sus familias y de todos los detenidos a los que han tratado de inculpar en la "fabricación de chivos expiatorios".

Entrevistados en el contexto de la primera audiencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que sostuvo un encuentro con representantes de distintas organizaciones de víctimas y de mujeres, Limas consideró que este anuncio "ocurre justo en el marco de esta visita". Recordó también que previamente, cuando estuvo la relatora especial de la OEA, Marta Altolaguirre, el gobierno de Patricio Martínez inició una campaña en los medios para tratar de convencer de que en su gobierno habían disminuido los crímenes seriales, al tiempo que creó las mesas interinstitucionales de diálogo con las organizaciones sociales, mientras, por otro lado, incrementaron las formas de "acoso político, de boicot y de difamación para las familias, para las organizaciones y para la población en general".

Limas, impulsor de la reunión actual con los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, abundó sobre la propuesta del gobierno estatal: "Me parece que es una distracción a los asuntos cruciales en el estado de Chihuahua, como es el respeto a los derechos humanos, y no restaura ni otorga confianza a la población chihuahuense, en tanto no sean evaluadas la negligencia ni la corrupción y toda la impericia que tiene la tortura en la fabricación de chivos expiatorios.

"Después de las jóvenes asesinadas, el más grave problema en el estado es la tortura. Desde la Red de No Violencia y Calidad Humana parece más una medida apantallante y de relumbrón que una definición nueva de la agenda."

Por su parte, Marisela Ortiz indicó que "si tan sólo se cumplieran las leyes no tendríamos que incrementar las penas. Desgraciadamente, puede ser utilizada como un instrumento para deshacerse de enemigos políticos.

"No podemos suplir las responsabilidades de la procuración de la justicia con sólo aumentar las penas", subrayó.

En el mismo sentido, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, un joven cuyo cuerpo apareció el 21 de febrero de 2001, en pleno centro de Ciudad Juárez, afirmó que "la solución no es aumentar las penas sino que las cumplan".

"Primero, nos tienen que comprobar que quienes están detenidos son los verdaderos culpables. En el caso de mi hija hay un perfil genético del asesino, por eso no han podido detener a cualquiera ni han podido crear un chivo expiatorio", afirmó. El cuerpo de Lilia Alejandra apareció en los terrenos de La Borunda. Su rostro estaba desfigurado por los golpes.

Comienza la protección a Miriam García

Por otro lado, apenas un día después de que salieron publicadas las declaraciones de Miriam García, esposa de Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, considerado uno de los culpables fabricados por la procuraduría estatal, se inició la protección a su domicilio, tal y como se comprometió el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el pasado 22 de julio, durante la presentación del Programa Integral de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con informes de la propia Secretaría de Gobernación, se realizará un patrullaje por parte de la policía municipal al domicilio de Miriam García, quien ha denunciado amenazas por parte del gobernador Patricio Martínez. Sólo en circunstancias muy especiales participará la Policía Federal Preventiva.