México D.F. Viernes 1 de agosto de 2003
Más de $13 mil millones, el monto: Merrill
Lynch
Ha recuperado el IPAB 9.8% de activos y cartera vencida
Resalta molestia de Fox y bancos con el auditor superior
ROBERTO GARDUÑO
La recuperación de activos y cartera vencida que
el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ha concretado
a la fecha sólo asciende a 9.8 por ciento del valor bruto de la
deuda adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
reveló la correduría internacional Merrill Lynch.
El
documento titulado Fobaproa: revisado. ¿Pensabas que el Fobaproa
era aburrido? Vuelve a pensar, con fecha del 25 de julio, establece
que de cada 10 pesos adquiridos por el gobierno como deuda pública
sólo ha recuperado 98 centavos. Es decir, que de un total de 135
mil millones de pesos, el IPAB sólo ha recobrado 13 mil 332 millones.
En el análisis la correduría plantea las
alternativas a las que se enfrentará el gobierno mexicano al alcanzarse
el vencimiento de los pagarés: en primer lugar el IPAB deberá
contar con los recursos necesarios con objeto de pagar en tiempo y forma
a los bancos todos los vencimientos, y después convertir los pagarés
en Certificados de la Tesorería (Cetes), para transformar así
en deuda pública los pasivos derivados del recate bancario.
Merrill Lynch plantea lo que sucedería si el canje
no fuera resuelto a tiempo. En el peor de los casos, si la fecha de vencimiento
para canjear se agotara, el Congreso de la Unión tendría
que aprobar en los presupuestos de 2005 y 2006 una partida para la liquidación.
El monto aún no se establece, y si el Poder Legislativo no aceptara
incluir esos recursos en el gasto del gobierno, éste caería
en default.
Tan sólo la deuda del Fobaproa y del IPAB con Bancomer,
Banamex, Bital y Banorte es la siguiente, según la correduría:
al primero se le adeudan 125 mil 888 millones de pesos, de los cuales 94
mil 631 forman parte del Fobaproa y 31 mil 257 del instituto; Banorte recibirá
del erario 90 mil 550 millones de pesos, de ellos 12 mil 269 son pagarés
del fondo y 78 mil 281 del IPAB.
La deuda con Banamex asciende a 122 mil 912 millones de
pesos, 79 mil 338 forman parte del fondo y 43 mil 574 del instituto, mientras
que a Bital se le deberán destinar 68 mil 15 millones de pesos de
las arcas públicas, 29 mil 217 se arrastran desde el Fobaproa y
38 mil 798 del IPAB.
Entre los puntos principales, claves del estudio (key
points) y sus conclusiones, destacan los siguientes: el tema no ha
sido confinado a los libros de historia por dos razones: existe una persistente
actitud por revisar las transferencias que el Fobaproa dio a los bancos
mediante pagarés (notes), buscando su reducción. La
mayor parte de esos documentos a cargo del Fobaproa y/o del IPAB empezarán
a vencerse a partir de 2005 y 2006, por lo que deberán liquidarse
en efectivo o refinanciados.
Antes de llegar a este punto los pagarés derivados
del Programa de Capitalización y Compra de Cartera deberán
ser canjeados y asumidos como pasivos del IPAB, pero mientras éste
no asuma esas obligaciones, no tiene el mandato para que aquellos documentos
puedan ser pagados o refinanciados.
El asesor económico de la bancada del PRD en la
Cámara de Diputados, Mario di Costanzo, manifestó que "de
hecho la Ley del IPAB establece las auditorías ordenadas en su artículo
quinto transitorio como un requisito previo y obligatorio para que este
canje de pagarés se lleve a cabo".
La correduría señala que el IPAB aún
no ha asumido las obligaciones (pasivos) derivadas de los Programas de
Capitalización y Compra de Cartera. Tanto el IPAB como algunos miembros
del Congreso exigen que antes se lleven a cabo revisiones "aceptables".
Esto ha provocado, refiere el estudio, que se hayan solicitado
auditorías y generado un debate sobre la naturaleza del trabajo
del canadiense Michael Mackey, llamado Bank reports and working papers.
Para dar una idea de la magnitud del asunto, señala
Merrill Lynch, el titular de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), Arturo González de Aragón, ha ordenado ya el descuento
en el valor de los pagarés a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte
por 50 mil millones de pesos.
"Lo anterior ha molestado a los banqueros y al Presidente
de la República, Vicente Fox, quien ha expresado su frustración
cuestionando mediante un amparo la facultad del auditor superior para dar
órdenes al Poder Ejecutivo." La correduría se refiere a la
solicitud que en primera instancia hizo el titular de la ASF en marzo pasado,
cuyo contenido dio a conocer entonces ante la Comisión de Vigilancia
de la Cámara de Diputados.
Por su parte, los bancos están dispuestos a absorber
un porcentaje pequeño de pérdidas, puesto que si asumen una
cantidad mayor, podría ser una victoria para los políticos
pero con serias consecuencias para el sistema bancario.
Expone Merrill Lynch: "Desde nuestro punto de vista, cualquier
intento por forzar a los bancos a repagar o descontar el valor de los pagarés
representa un riesgo para el sistema bancario mexicano y para la economía
en su conjunto en cuanto a su reputación ante la comunidad financiera
internacional".
También señala la correduría que
las bajas que podrían absorber los bancos serían mínimas
en virtud del "peso" que los pagarés del Fobaproa tienen en sus
estados financieros; en el caso de Bancomer representan 20.7 por ciento
de su activo total, y en el de Banamex 18.7, al ascender respectivamente
-sólo los pagarés del Programa de Capitalización y
Compra de Cartera- a 94 mil 631 millones y 79 mil 338 millones de pesos.
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