Acuerdo de la Judicatura

Satisface a la Corte decisión de revocar pensiones vitalicias

JESUS ARANDA

La publicación en este diario de la revocación del acuerdo 22/2003, en el que los consejeros de la Judicatura Federal se habían adjudicado pensiones vitalicias, causó satisfacción entre ministros de la Suprema Corte.

Incluso se escucharon comentarios en el sentido de que de haber continuado los consejeros con la aplicación del decreto -que les aseguraba pensiones equivalentes a 66 por ciento de su sueldo actual (más de 162 mil pesos mensuales) los dos primeros años después de dejar el cargo, y de 33 por ciento el resto de su vida-, habrían incurrido en delitos penales.

Hubo quienes comentaron que de entrada ese acuerdo -revocado en sesión privada el pasado 25 de junio- "no tenía por qué haberse dictado".

También trascendió que la decisión de los consejeros de dar marcha atrás fue bien recibida por aquellos ministros que consideraban que el acto no sólo era inmoral, sino que tenía visos claros de inconstitucionalidad, porque el pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tiene atribuciones para "legislar" en materia de pensiones.

En el escritorio de más de un ministro del máximo tribunal quedaron guardados estudios que mandaron hacer a sus secretarios de estudio y cuenta, en los que fundamentarían una eventual petición al pleno de la Corte para que ejerciera su facultad de revisión de los acuerdos generales del Consejo, y entonces sí, que el pleno se pronunciara sobre la legalidad del citado acuerdo.