Ayer, en una de las jornadas más bochornosas de la historia de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de ese organismo aprobó casi por unanimidad -con la excepción honrosa de Siria, cuyo representante se ausentó de la votación- el estatuto colonial impuesto a sangre y fuego a Irak por las tropas estadunidenses e inglesas. De esa forma, Francia, Rusia y China, las potencias que, junto con Alemania, se opusieron en su momento a la agresión militar desencadenada contra esa nación árabe por los gobiernos de Wa- shington y Londres -apoyados por escuderos menores como España, Italia, Polonia y Nicaragua-, convalidaron el violento allanamiento y el sojuzgamiento ilegal e inaceptable de Irak.

La máxima instancia ejecutiva de la ONU ha dado su aval, pues, a una larga serie de inmoralidades, crímenes de guerra y delitos comunes, perpetrados por los miembros de la coalición que se apoderaron del país árabe y que ahora disfrutan de la categoría oficial de potencias ocupantes.

Las escandalosas mentiras fabricadas por el gobierno de George W. Bush acerca de los vínculos entre el régimen de Saddam Hussein y la organización Al Qaeda y sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por el depuesto gobierno iraquí; las abundantes falsificaciones de prensa -como el fantasioso rescate de una soldado estadunidense de un hospital iraquí-, en las cuales colaboraron gustosamente los propios medios del país vecino, encabezados por CNN; el asesinato indiscriminado por las tropas estadunidenses e inglesas de mujeres, niños, ancianos y periodistas, así como los bombardeos a zonas habitacionales, escuelas, hospitales y hoteles; la destrucción sistemática de la infraestructura civil de la nación árabe -devastación orientada a justificar el otorgamiento de contratos de reconstrucción a empresas vinculadas al círculo de George W. Bush-; la complicidad activa o pasiva de la soldadesca estadunidense ante el saqueo de oficinas, museos, bibliotecas, universidades y centros de salud en el país derrotado; el otorgamiento mafioso de contratos multimillonarios a corporativos estadunidenses estrechamente relacionados con la Casa Blanca, y las matanzas de manifestantes perpetradas ya en pleno régimen de ocupación son, entre muchas otras, las acciones indebidas, ilegales o abiertamente criminales cometidas por Washington y Londres en Irak. Todo esto ha sido implícitamente aceptado por todos los integrantes del Consejo de Seguridad que aprobaron la resolución promovida por Estados Unidos, Inglaterra y España.

Se ha sentado, de esta manera, un alarmante precedente de impunidad y se ha confirmado que cualquier nación que no acepte los lineamientos, dictados y órdenes de Washington queda expuesta al arrasamiento, el pillaje y el sometimiento. El derecho internacional se vuelve, así, un mero listado de buenos propósitos, incapaz de frenar la arrogancia imperial de Washington y el nuevo ciclo de expansión colonial inaugurado en mala hora en la guerra contra Irak.