Votará hoy el Congreso local iniciativa para realizar el 6 de julio nuevos comicios en el municipio

Suspenden diálogo campesinos de Atenco y autoridades mexiquenses

Rechazan ejidatarios que 12 de sus compañeros enfrenten "encarcelados" procesos en su contra

JAVIER SALINAS E ISRAEL DAVILA CORRESPONSALES

Debido a que los representantes del gobierno federal y del estado de México no dieron garantías para que los campesinos de San Salvador Atenco obtuvieran su libertad plena y se empeñaron en que algunos de los ejidatarios enfrentaran "encarcelados" un proceso penal, se reventó el acuerdo firmado por ambas partes para que este viernes se entregaran los vehículos e instalaciones del palacio municipal en poder de los labriegos.

Sin embargo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y los representantes gubernamentales aclararon que lo anterior sólo significa una "suspensión temporal del diálogo y la negociación", no un rompimiento total.

Mientras, en declaraciones en Toluca, el procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, aseveró que sólo se turnarán a reserva 36 averiguaciones previas en las que están involucrados integrantes del FPDT, siempre y cuando regresen el palacio municipal y los bienes del gobierno del estado que tienen confiscados. Sin embargo, aclaró que los procesos penales contra 12 ejidatarios, las órdenes de aprehensión contra otros dos y 12 averiguaciones previas no serán canceladas ni negociadas.

Por su parte, los coordinadores partidistas del Congreso acordaron que someterán al pleno legislativo, la madrugada de este viernes, la propuesta de convocar a comicios extraordinarios en ese municipio el próximo 6 de julio, día en el que también se llevará a cabo la elección federal. Pasado el mediodía de este jueves, los campesinos del FPDT se reunieron con Jorge Torres Castillo, director adjunto de la Unidad Para la Atención de Movimientos Sociales de la Secretaría de Gobernación y José Salinas Navarro, subsecretario regional del gobierno mexiquense, a puerta cerrada, en la casa de cultura de Texcoco.

Ahí se esperaba que surgiera un acuerdo final sobre la indemnización a la familia de José Enrique Espinoza Juárez, quien murió durante la lucha contra la construcción del nuevo aeropuerto; sobre el avance en la resolución favorable de los procesos penales contra ejidatarios y la agenda que habría de desarrollarse este viernes para la entrega de vehículos y las instalaciones del palacio municipal y la casa de cultura en poder de los labriegos.

Sin embargo, luego de más de cuatro horas de diálogo, el resultado fue uno: la suspensión temporal de las pláticas.

Lo que motivó que los campesinos se pararan de la mesa de diálogo y salieran del recinto fue la propuesta de las autoridades de que "varios campesinos" que tienen pendientes órdenes de aprehensión enfrentaran "encarcelados" el proceso penal.

Los abogados de los labriegos, Damián Camacho y Leonel Rivero, señalaron que el acuerdo era que fueran consignadas las ocho averiguaciones previas del fuero común (de las 59 que existen en total) por delitos como privación ilegal de la libertad y robo, de las cuales se derivan 52 órdenes de aprehensión, pero que los ejidatarios enfrentaran el proceso penal en libertad.

Por su parte, José Salinas Navarro dijo que el acuerdo era "convenir siempre en el marco de la ley, nunca violentando el estado de derecho", pero ahora, cuando se les informa que hay averiguaciones previas con delitos graves que no alcanzan la libertad bajo fianza "y que tendrían que ser sujetos a procesos penales", se levantan y se van.

Ambas partes tuvieron cuidado de aclarar que no es una ruptura total del diálogo, sino "una suspensión temporal", dijeron.

Ignacio del Valle, dirigente del movimiento campesino, sostuvo que los acuerdos sólo eran una trampa tendida por el gobierno para que se les entregaran el palacio y los vehículos. Aseguró que hay disposición de continuar el diálogo, pero sólo "con el gobierno federal".

Mientras los campesinos confirmaron que este viernes se congregarán en la explanada de Atenco en espera de las autoridades, la parte gubernamental sostuvo que no acudirá.

Navarrete Prida, señaló que el acuerdo al que llegaron las autoridades con el FPDT es que ellos entreguen el palacio municipal y los bienes del gobierno estatal que decomisaron en sus movilizaciones, a cambio de que se cancelen 36 averiguaciones previas. Las demás, aseguró, no entran en el acuerdo, ya que fueron iniciadas por particulares por ultrajes y lesiones.

Aclaró que los procesos penales contra los ejidatarios de Atenco seguirán su curso, porque el Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en el Poder Judicial, que es el responsable de los juicios.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión, el diputado independiente Aarón Urbina Bedolla, señaló que los coordinadores de los seis partidos con representación en el Congreso (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Democracia Social) llegaron al acuerdo de proponer celebrar las elecciones extraordinarias el próximo 6 de julio.

El convenio será sometido al pleno del Congreso local la madrugada de este viernes para que, de ser procedente, emitir la convocatoria a nuevas comicios en Atenco para elegir al alcalde y el cabildo que habrá de gobernar el municipio a partir del 18 de agosto entrante.