Jorge Camil

ChoicePoint

Un amigo académico que leyó en Estados Unidos mi entrevista con La Jornada (24/04/03), y mi artículo sobre el mismo tema, "El verdadero Big Brother" (25/04/03), me envió la copia de una nota aparecida en el diario El Colombiano, en la cual se confirma la ligereza e insolencia con las que ChoicePoint ha actuado frente a los organismos gubernamentales de los países afectados por las compras ilegales de los padrones electorales.

La nota periodística confirma que, gracias a ChoicePoint, la CIA, el FBI y el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, entre otras entidades (tal vez esté incluido el nuevo Departamento para la Seguridad del Territorio), "tienen acceso a los registros de 100 millones de colombianos, mexicanos, nicaragüenses, hondureños, costarricenses, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, brasileños y argentinos".

Es cierto que los mexicanos ya teníamos esa información gracias a las oportunas notas periodísticas de La Jornada. Sin embargo, el diario colombiano añade, basado en información del Centro de Información Electrónica Privada de Estados Unidos, que la contraprestación pagada a ChoicePoint por el gobierno estadunidense fue de 11 millones de dólares. Y, más importante aún, confirma que en todos los contratos que documentaron las ventas ilegales, ChoicePoint, curándose en salud, estableció una cláusula exigiendo que los vendedores "certificaran" que los métodos utilizados para obtener la información fueron legales.

Durante mi participación en un debate sobre este tema, organizado por Radio Educación, mencioné la posible existencia de la cláusula de "certificación", porque mediante esa argucia jurídica ChoicePoint podría garantizar al gobierno estadunidense (el último comprador) la legalidad de la operación y hacer de éste un "adquirente de buena fe". La existencia de la cláusula de "certificación" fue ratificada también recientemente por el periódico londinense The Guardian. A continuación haré algunos comentarios adicionales sobre el tema partiendo de las declaraciones hechas a La Jornada (17/5/03) por la licenciada María de los Angeles Fromow Rangel, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En primer lugar, el robo del padrón electoral mexicano, en tanto que no influye de manera alguna en el proceso electoral, no constituye un delito electoral. (En esto coincidió conmigo, durante el debate radiofónico mencionado, el consejero electoral Jaime Cárdenas, quien es, además de politólogo, licenciado en derecho.) Dependiendo de las circunstancias, el delito sería en todo caso de robo, o de divulgación de información confidencial, pero no un delito electoral. Entonces, Ƒpara qué involucrar a la Fepade? Además, en el curso de la entrevista, Fromow manifestó que, luego de varias "diligencias" en Estados Unidos, ChoicePoint "se comprometió a no volver a utilizar la información" hasta que el gobierno mexicano "determinara la legalidad de la misma".

Con el debido respeto para la licenciada Fromow, una mujer inteligente y preparada, pregunto: Ƒcuáles fueron esas "diligencias" en Estados Unidos: judiciales, administrativas, privadas? ƑQuién las realizó, el IFE o la PGR? (esto para determinar la legitimación del promovente) Y, finalmente, Ƒel "compromiso" asumido por ChoicePoint fue ante alguna autoridad judicial de Estados Unidos (la única autorizada para hacerlo valer en caso de incumplimiento), o ante las propias autoridades mexicanas que carecen de jurisdicción e imperio en territorio estadunidense?

También es preciso afirmar que el gobierno mexicano jamás podría "determinar la legalidad de la información", porque, salvo una modificación legislativa que le quitara el carácter de confidencial, no existe manera "legal" de divulgarla.

Encuentro intrigante que tanto Fromow como algunos funcionarios del IFE coincidan en resaltar un dato que parece restarle gravedad al delito. Me refiero a la recurrente afirmación de que el padrón electoral vendido a ChoicePoint pudiese ser el de 1999. Para analizar este argumento con perspectiva legal, es necesario afirmar que no existen diversos padrones, sino que la misma base de datos se va actualizando con el tiempo, y que ésta debe ser guardada con estricta confidencialidad, independientemente de la fecha en que sea proporcionada al IFE.

Fromow reveló que las listas electorales fueron devueltas como consecuencia de las "diligencias" de la PGR. ƑY qué destino tendrán las copias existentes? ƑY qué sucederá con la información ya transferida a las bases de datos de las agencias del gobierno estadunidense? Insisto en el tema: sólo un tribunal federal de Estados Unidos podría simultáneamente impedir el futuro mal uso de la información y condenar a ChoicePoint al pago de daños y perjuicios.