México D.F. Viernes 23 de mayo de 2003
Predomina en la CEM la teoría de la conspiración
Resolución del homicidio del cardenal, exige la Iglesia a Fox
Tomó 10 años a los obispos desechar la versión oficial
JOSE ANTONIO ROMAN
Diez años de historias y posturas encontradas, con diversos grados de insatisfacción por las investigaciones, han llevado a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a exigir en tono duro al gobierno de Vicente Fox la "resolución" del "penoso" homicidio contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En ese periodo la posición de la jerárquica católica ha dado un giro sustancial: de aceptar la hipótesis oficial de la confusión ha pasado a la del complot.
La versión que parece privar en este momento entre la jerarquía eclesiástica es que el asesinato fue producto de un "plan orquestado" por "destacados políticos y altos funcionarios" para silenciar al cardenal, por poseer documentos que demostraban la relación de esas personas con diversos cárteles de la droga, según publicó el semanario Nuevo Criterio en sus páginas centrales de julio de 2000, cuando la publicación era todavía responsabilidad de la arquidiócesis primada de México. Incluso sugiere que se trató de un "crimen de Estado".
A esta postura, que ya es predominante en el Episcopado, se le suma la denuncia pública del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, principal promotor de la versión del complot, de haber sido víctima de un envenenamiento, que lo postró en cama durante casi cuatro meses iniciado el año 1999. En un principio se justificó su desaparición de la vida pública con el argumento de que había sufrido una trombosis mesentérica.
La postura que hoy defiende la CEM dista mucho de la expresada aquel 4 de junio de 1993, 11 días después del asesinato, cuando el entonces presidente del Episcopado, Adolfo Suárez Rivera, y el nuncio apostólico, Girolamo Prigione, aceptaron en nombre de todos los obispos el informe de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se sustentaba la hipótesis de la confusión. "Son coherentes y bien fundamentadas" las explicaciones resultado de las primeras pesquisas, señalaron.
Un día antes, durante más de tres horas, en la nunciatura apostólica los más de 20 obispos miembros del Consejo Permanente del Episcopado, con Prigione a la cabeza, recibieron la explicación y el informe del procurador Jorge Carpizo. "Por los hechos conocidos hasta ahora, la muerte del señor cardenal y de las demás víctimas del 24 de mayo fue ocasionada por el enfrentamiento entre dos grupos rivales de narcotraficantes". Es decir, lo avalaron.
Sin embargo, ese mismo día, en una misa de desagravio en la catedral de Ciudad Juárez, Chihuahua, Sandoval Iñiguez, entonces obispo de esa diócesis, exigió al gobierno de Carlos Salinas que el crimen se esclareciera de manera "convincente" y "sin que quede lugar a dudas".
En los primeros años la exigencia de Sandoval y su versión de que su antecesor había sido victimado, y no muerto por confusión, se escuchó sola en el desierto. Pero esta insistencia, que encontró eco en una parte de la sociedad jaliscience y un grupo de legisladores y funcionarios panistas, logró que en julio de 1998 se conformara el llamado Grupo Interinstitucional, para revisar nuevamente las investigaciones hasta ese momento realizadas sobre el caso.
En este grupo se incluyó a los obispos Luis Reynoso Cervantes, fallecido en diciembre de 2000, y José Fernández Arteaga, como representantes del Episcopado, además de Sandoval. Las diferencias internas entre ellos obligaron a dar a los dos primeros sólo el carácter de representantes personales del presidente del Episcopado, Luis Morales, y no de todos los obispos.
Las discrepancias y posiciones encontradas se hicieron públicas el 27 de julio de 2000, fecha en que se presentó el trabajo realizado por el Grupo Interinstitucional, formado por la PGR, el gobierno del estado de Jalisco y la Iglesia católica. "Ninguno de los elementos que han sido presentados como pruebas conduce a demostrar, en forma jurídica fehaciente, la existencia de un complot para asesinar al señor Juan Jesús Posadas Ocampo", concluyó el obispo Reynoso Cervantes, quien también era doctor en derecho.
No obstante, en una posición radicalmente distinta, Sandoval, en el mismo acto realizado en las instalaciones de la PGR en la ciudad de México, dijo estar en total desacuerdo con dicho planteamiento, y que seguía pensando que el asesinato del cardenal fue resultado de un complot.
Lo cierto es que si bien en un principio Sandoval fue una voz en solitario, los obispos han cambiado su posición original de aceptar la versión oficial. Por ejemplo, en los cinco años recientes, a instancias de aquél, el diputado local panista Fernando Guzmán Perezpeláez ha intervenido en muchas asambleas plenarias del Episcopado para informar sobre hechos relacionados con las investigaciones y alimentando la versión del complot.
En la reciente carta a Fox, los obispos denuncian que a Fernando Guzmán y a la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido -ésta formalmente a cargo del caso, pero que en los hechos ha sido marginada- "cada día se les obstaculiza en mayor medida", además de ser presionados con hostigamiento y amenazas.
Los obispos no sólo piden que se continúen las investigaciones, sino que se coloque a un fiscal ad hoc, como Lima Malvido, pues en el tiempo que llevó el caso, en 2001, se avanzó significativamente, según el organismo episcopal.
"No queremos echarle tierra a la exigencia de esclarecer el homicidio. Queremos saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la muerte, para saber a quién perdonamos", señaló el actual presidente del Episcopado Mexicano.
Recientemente el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, señaló que a los obispos "nunca" los dejó satisfechos la versión oficial de la confusión y confió en que el gobierno actual resuelva de forma definitiva el caso.
En medio de la polémica que en estas fechas protagonicen Sandoval y el ex procurador Jorge Carpizo, los documentos manuscritos del obispo Reynoso sobre sus conclusiones personales de la muerte de Posadas han sido editados por su familia, en un texto titulado Magisterio y legado de un obispo jurista.
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