Las pesquisas, sin resultados a dos años de que la PGR reabrió el expediente

Descartan de nuevo complot contra Posadas

Las supuestas pruebas para retomar el caso se han desechado; algunas eran "de oídas"

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Después de casi dos años de la secreta reapertura del caso Posadas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha encontrado elementos para considerar que el homicidio del cardenal fuera obra de un complot o que hubiera participación de militares y agentes federales, revelaron fuentes oficiales.

A unas horas de que se dé a conocer el informe sobre las nuevas investigaciones en torno al crimen de Juan Jesús Posadas Ocampo, y a un día de que se cumplan 10 años de aquel hecho, las fuentes consultadas indicaron que por carecer de validez, se han ido desechando las supuestas nuevas pruebas que dieron pauta para que la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido reabriera el expediente. Además, muchos de los testimonios aportados sólo representan situaciones "de oídas".

Con ello, las investigaciones de cinco procuradores, dos priístas (Diego Valadés y Humberto Benítez Treviño), un panista (Antonio Lozano) y dos sin afiliación partidaria (Jorge Carpizo y Jorge Madrazo), y las conclusiones a las que llegaron después de siete años, es la misma, aunque faltan algunas diligencias "mínimas".

El cardenal fue asesinado al ser "confundido" con un narcotraficante, durante un enfrentamiento entre los grupos de los Arellano Félix y Joaquín Guzmán, El Chapo, según la versión oficial.

Después de siete años (julio de 2000) se determinó el cierre del caso, pero a Lima Malvido le bastaron tres meses (de marzo a junio de 2001) como subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR para reabrir en secreto el expediente.

Las razones fueron dadas a conocer el 24 de mayo de 2002 por la propia funcionaria después de casi 12 meses de indagatorias en total hermetismo. Aseguró que "tras el estudio de muchos meses se detectaron omisiones en diligencias, así como la presencia de anomalías cometidas por servidores públicos encargados de realizar las investigaciones".

Lima Malvido, quien ha reconocido su militancia en la ultraderecha mexicana, dijo que uno de los motivos para sacar de la reserva el caso fue "la petición que hicieron el gobierno de Jalisco, las autoridades civiles y religiosas". A partir de entonces, hipótesis que se creían superadas, como el complot, han sido revividas.

La solicitud de que investigue el supuesto envío de militares y agentes federales a Guadalajara horas antes del homicidio se ha vuelto exigencia para el presidente Vicente Fox y el procurador Rafael Macedo de la Concha, luego que el Episcopado Mexicano presionara con dos cartas al mandatario (1Ɔ y 13 de abril de 2003).

Lima Malvido aseguró el año pasado haber encontrado "anomalías", como la falta de más de mil fojas en el expediente; posible sustracción de material pericial y la ausencia de la declaración del nuncio apostólico Girolamo Prigione; deficiencias en las investigaciones, "pues no se tomó la declaración de parte importante de los involucrados en este crimen".

Pistas fallidas

Sin embargo, la declaración del ex nuncio en México está contenida en nueve discos compactos, de los cuales se entregó copia a cada uno de los integrantes del llamado Grupo Interinstitucional, vigente de julio de 1998 a julio de 2000 y formado por obispos, representantes del gobierno de Jalisco y autoridades federales.

Al respecto, el ex procurador Jorge Carpizo afirmó en días pasados que Lima Malvido viajó a Europa en este año para que Prigione ratificara sus declaraciones ministeriales, las cuales supuestamente no figuraban en el expediente, y por ese presunto extravío se inició un juicio contra el ex subprocurador Ismael Eslava Pérez.

Debe recordarse que 11 días después de aquel 24 de mayo de 1993, el Episcopado Mexicano se dijo satisfecho con la hipótesis oficial de que el prelado había muerto en una confusión.

Sin embargo, en años recientes la teoría del complot gubernamental ha sido impulsada por el llamado "grupo Jalisco", integrado por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, el abogado José Antonio Ortega Sánchez y el político panista Fernando Guzmán Perezpeláez, quien ha pasado de ser secretario general de Gobierno de Jalisco, en 1993, a diputado local y ahora candidato plurinominal a una curul federal.

En 2002, durante su informe Lima Malvido estableció que entre las "nuevas" líneas estaban "omisiones en la investigación de movimiento y traslado de personal de la PGR antes, durante y después de los hechos, y no se investigó la tardanza en la reacción por parte de las autoridades en las detenciones".

En el expediente, según Jorge Carpizo y fuentes oficiales, se ha detectado que el "grupo Jalisco" falsificó las denominadas minutas de vuelo, con las cuales se pretende demostrar que militares y agentes federales asesinaron al prelado en el aeropuerto de Guadalajara. Según las fuentes consultadas, los planes de vuelo y los reportes oficiales de aquel 24 de mayo no están en el archivo.

Otra de las líneas de investigación que ya han sido desahogadas es la concerniente a que militares protegieron a El Chapo Guzmán, y a bordo de un avión castrense fue trasladado a la ciudad de México y luego dejado en libertad.

En ese sentido, la investigación de la PGR no ha encontrado elementos que comprueben los dichos de Fulvio Jiménez Turegano, ex comandante de la Policía Judicial Federal, prófugo por una acusación de homicidio, quien el 28 de mayo de 1993 fue detenido por estar ligado al narcotraficante Emilio Quintero Payán.

Otras declaraciones de testigo que han sido descalificadas son las de José Luis Thirión, ex informante de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien supuestamente el ex procurador Carpizo ordenó que investigara el homicidio del cardenal desde su cargo de director general, pero no existe ningún registro de que haya laborado en la PGR.