Discuten ministros vías legales para garantizar el acceso a la información

Estudia la Corte divulgar proyectos de dictamen

JESUS ARANDA
 
Los ministros de la Suprema Corte entraron a la recta final en su discusión sobre los mecanismos legales que habrán de crear para garantizar el acceso a la información previsto en la ley en la materia.

Según trascendió, en los plenos privados realizados hasta la fecha, los ministros mantienen su postura de subir a Internet los proyectos de dictamen que presente el ministro instructor o los que elabore cualquier de sus compañeros antes de que se tome una decisión definitiva.

La intención de esta medida, que será una de las más importantes que se den a conocer en breve, es terminar con las sospechas generadas en conflictos "controvertidos", así como impulsar la discusión jurídica en el foro de abogados y en el ámbito académico.

Esta decisión de "abrir" la Corte contrasta con la política seguida por años no sólo en el máximo tribunal de justicia del país, sino también en juzgados y tribunales federales, en donde las partes en conflicto no tienen actualmente acceso al proyecto de dictamen.

Incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que si el juzgador adelanta públicamente su criterio incurre en una irregularidad, además de que puede ser obligado a excusarse de conocer el tema por medio de un impedimento legal.

El único problema que enfrentan los ministros es de capacidad técnica, porque el actual servidor de Internet de la Corte es insuficiente para guardar tal cantidad de información. Al respecto, los ministros estudian también la posibilidad de subir los proyectos de los asuntos que por su importancia jurídica, política o social lo ameriten.

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como representantes del Poder Judicial federal, están obligados a establecer acuerdos o reglamentos de carácter general que fijen órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en la ley.

A diferencia de la importancia que le han concedido los ministros al tema, el CJF aún no ha dado muestras de discutir el tema.

Más aún, el portal en Internet del Consejo ha disminuido en las últimas semanas la calidad y cantidad de información sobre el organismo, al grado que los acuerdos generales a los que antes se podía tener acceso sin ningún problema actualmente ya no están al alcance del ciudadano común.

En este tenor, la Suprema Corte resolvió el pasado miércoles ordenar al juzgado tercero administrativo en el Distrito Federal que dé entrada a un amparo interpuesto en contra del CJF porque éste se niega a entregar información estadística sobre el funcionamiento de los juzgados de distrito de los circuitos primero, segundo y tercero, relativa al número de sentencias recurridas que hubieren sido modificadas o revocadas por los tribunales unitarios, y a las sentencias en las que habiéndose promovido amparo directo se concedió o negó éste.

Los ministros de la primera sala establecieron que si bien los actos administrativos del Consejo son definitivos e inatacables, cuando su acción afecta a la ciudadanía sus acciones se convierten en actos de autoridad y, por ende, son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo, porque de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión.

El TEPJF ha establecido la práctica de subir a Internet desde hace años los dictámenes de los asuntos más importantes que resuelve, aunque se sabe que los magistrados electorales estudian también nuevas formas de transparentar su labor.