Según la propuesta los migrantes podrían utilizar la visa como "permiso de trabajo"

Anuncia Aznar reformas a la Ley de Extranjería; lo acusan de electorero

La medida es irresponsable: agrupación marroquí Un fracaso la política sobre inmigración: PP

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 19 de mayo. Pese a las críticas y acusaciones de "electoralismo", "irresponsabilidad" e "imprudencia" por introducir el tema de la inmigración en la campaña electoral para los comicios municipales y regionales del domingo próximo, el presidente del gobierno español, José María Aznar, anunció para esta semana una reforma a la Ley de Extranjería. Si el pasado fin de semana Aznar arremetió contra los indocumentados y se pronunció por reforzar los controles fronterizos, hoy dio a conocer esa reforma, la tercera de su gestión, por la cual supuestamente los migrantes podrán utilizar su visado de entrada al país como "permiso de trabajo".

Este anuncio se hace cuando la campaña para las elecciones del próximo 25 de mayo, en las que se decidirá el gobierno de ayuntamientos de todo el país y de 13 comunidades autónomas -excepto Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia- están en la recta final y Aznar parece utilizar todo el aparato de Estado para favorecer al Partido Popular (PP), consideran analistas y opositores.

Desde que inició la campaña el presidente del gobierno ha anunciado tres "grandes reformas" en asuntos de enorme importancia entre el electorado: atención a discapacitados, medidas para favorecer el empleo a la mujer, y apoyo a familias numerosas.

Aznar precisó que el próximo viernes, dos días antes de los comicios, el Consejo de Ministros aprobará la tercera reforma en materia de migración, en este caso obligado por una sentencia del Tribunal Supremo que identificó al menos 14 artículos que vulneraban la ley y los derechos de igualdad defendidos en las Constitución.

Pero al anunciar la reforma, en la que variarán al menos 20 artículos y se incorporarán ideas hasta ahora inexistentes en el debate sobre el tema, como la del visado que a la vez será permiso de trabajo, Aznar no mencionó la sentencia judicial. Tampoco precisó las condiciones de estas modificaciones, sólo se limitó a señalar que "donde ahora hay tres trámites largos y muy lentos, ahora habrá un único trámite que deseamos cumplir con la mayor rapidez".

La otra cara de la nueva reforma es la que se refiere al endurecimiento de las sanciones y las expulsiones para los inmigrantes indocumentados, cuando ya el gobierno exige visado a ciudadanos de países de América Latina, como Colombia y Ecuador.

En este sentido, el gobernante español subrayó que "no debemos olvidar que la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales en España no son las pateras (embarcaciones) que pasan por el Estrecho o en Canarias. La principal entrada de inmigrantes son los aeropuertos españoles y otros" en la zona europea.

Sobre los criterios de su gobierno hacia la migración, dijo que son tres: "acoger a miembros de sociedades menos favorecidas; ser conscientes de que la capacidad de acogida no es ilimitada, y que la "única forma admisible de entrar deber ser respetando la ley".

Las organizaciones de inmigrantes criticaron con dureza la utilización "electorera" por parte del mandatario de un tema muy delicado, sobre todo porque puede despertar odios dormidos, como "el de la xenofobia". Diego Lorente, vocero de SOS racismo, explicó que la reforma que propone Aznar "es un ataque al estado de derecho, porque dará rango de ley a los artículos del reglamento que desarrolla la ley de extranjería y que, a su vez, fueron cuestionados por el Tribunal Supremo".

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, afirmó que Aznar es "un irresponsable", ya que esos "votos de presión" que persigue derivarán "en dar de palos a los inmigrantes".

En el ámbito político, el Partido Socialista Obrero Español, principal de oposición, afirmó que la nueva reforma revela el "fracaso" del gobierno con sus políticas hacia los inmigrantes, y lamentaron que se utilice al Consejo de Ministros con fines "electoralistas", mientras que la coalición Izquierda Unida consideró que el anuncio es "política de propaganda".