México D.F. Martes 20 de mayo de 2003
Luis Hernández Navarro
El ombudsman informativo rural
Armando Bartra se comporta como si fuera un ombudsman informativo agrario. Defiende al movimiento rural de los juicios de los analistas que, según su punto de vista, lo distorsionan. Critica a sus críticos. Decide cuándo los comentarios de otros son absoluciones y cuándo condenas, cuándo las opiniones están erradas y cuándo aciertan, cuándo se hacen desde "la barrera" y cuándo desde adentro.
Desafortunadamente, en su última colaboración en La Jornada ("Sobre Kalimán, Solín y Lex Luthor") no se aplica a sí mismo el rigor que reclama a los demás. Y, aunque no convierta a Fox en Kalimán y a Usabiaga en Solín, hace de mis opiniones una especie de Mundo Bizarro del extinto Supermán; las vuelve, una vez más, una caricatura.
Señalé que la firma del Acuerdo para el Campo da un aval a las políticas anticampesinas del gobierno federal. Lo otorga no por cuestión de principios, sino de congruencia lógica: si pactaron deben cumplir. No creo que la firma de los líderes agrarios valga tanto como el papel en el que se estampó. Y el alcance del compromiso está claramente establecido en tres puntos básicos del documento.
Primero, se señala que el acuerdo "establece las reformas estructurales que se requieren para enfrentar el grave deterioro de amplios sectores de la producción y la sociedad rural".
Segundo, "establece un pacto entre el gobierno mexicano y las organizaciones campesinas y de productores, los cuales se comprometen a impulsarlo ante los distintos poderes y órdenes de gobierno y la sociedad en general".
Y, tercero, instituye que "la resolución de demandas se lleva a cabo por las vías institucionales y a través del diálogo y negociaciones que buscan la creación de consensos con estricto apego al estado de derecho".
En resumidas cuentas las partes que signaron el documento consideran que allí está la clave para el desarrollo del campo, que hay un compromiso a fondo entre ellas para impulsarlo, y que las organizaciones campesinas deben olvidarse de plantones, ocupación de edificios públicos, tomas de puertos y aduanas y bloqueos a las vías de comunicación, o como el secretario Usabiaga dijo a los dirigentes rurales en una de las sesiones finales de negociación: "Así calladitos se ven más bonitos".
A ello habría que añadir puntos como el impulso de la agricultura de contrato por parte de las centrales agrarias, el aval al Seguro Popular, que legitima la privatización de los servicios de salud pública, la promoción del Procede y otras medidas por el estilo.
Que el acuerdo no dejó satisfechos a la mayoría de los dirigentes campesinos fue evidente desde el primer momento. Alvaro López, representante de las UNTA, lo señaló con claridad: "nos están dando ya sólo el dedo (se terminó el atole). El gobierno está viendo la forma de no cumplir lo acordado (La Jornada, 14 de mayo de 2003)". Mas ello no significa que, por lo pronto, puedan desdecirse.
Pero, a pesar de ello, Bartra se niega a reconocer que hay un problema real con la firma del acuerdo e insiste en defender la idea de que lo central era mantener la unidad del movimiento. Yo, en cambio, considero que no se puede evaluar ningún movimiento queriendo prescindir -como hace Armando- de si resolvió o no las demandas que le dieron origen. Y, ni modo, en el acuerdo no se dio solución a los seis puntos de El campo no aguanta más.
Quienes signaron el acuerdo señalan que consiguieron resolver -por lo pronto en el papel- demandas importantes para el funcionamiento cotidiano de las organizaciones de productores. Es cierto y no son despreciables ni renunciables. Pero la cuestión es si para obtenerlas debían avalar el conjunto del paquete. Y mi respuesta es que no. En ningún lado he sostenido, como el analista asegura que hice, que esto sea una claudicación o que ponga en duda su calidad moral. He dicho, sí, que erraron, y que al hacerlo reprodujeron formas inadecuadas de hacer política.
Bartra afirma que mi reconocimiento de la importancia del actual movimiento campesino es una rectificación de posiciones anteriores y cita como prueba un párrafo de un artículo titulado "El regreso de la política informal". Otra vez, su crítica no da en el blanco. Un año antes, el 7 de agosto de 2001, señalé en "El desgrane de la mazorca: "En la hora de la incertidumbre ha comenzado a emerger, en todas las regiones, un nuevo movimiento campesino". Y casi dos años después en "El malestar con el libre comercio" (La Jornada, 3 de diciembre de 2002) realicé un recuento más o menos detallado de la nueva emergencia rural, resaltando su significado para las luchas sociales en el país.
En contra de lo que podría parecer a simple vista, la discusión no trata sobre si se tiene o no una bola de cristal para prever lo que sucederá en el campo, sino que es parte del debate sobre las relaciones entre partidos políticos, organizaciones sociales y elecciones. En el artículo al que el analista obsesivamente hace referencia explicaba cómo entre las organizaciones rurales "la fiebre que despertó incursionar en la disputa por los puestos de elección popular propició su división y fragmentación" y cómo "su proyecto de hacer política desde abajo se esfumó". Armando, que se ha convertido en uno de los pocos intelectuales que defienden públicamente al PRD, no está de acuerdo con este punto de vista. Creo que el planteamiento sigue siendo válido. La forma en la que el ascenso campesino de diciembre de 2002 se construyó tuvo muy poco que ver con las formas tradicionales de hacer política. Y uno de los peligros que actualmente acechan la convergencia que se formó es que, en la coyuntura electoral, regrese nuevamente a ellas.
Como Armando Bartra dice, hemos tenido muchas coincidencias en el pasado. Espero que podamos tenerlas en el futuro.
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