Reporte de WOLA sobre combate a las drogas de México

Militarización de la lucha contra el narco obstaculiza avance democrático

JESUS ARANDA

La militarización en la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un obstáculo para la transición democrática y el respeto a los derechos humanos en México.

Afirma lo anterior la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en el estudio denominado Las Fuerzas Armadas mexicanas y la guerra antinarcóticos en el que se añade que pese a que Estados Unidos ha incrementado en los últimos años su apoyo en material bélico y programas de capacitación para los soldados mexicanos, paradójicamente el cultivo de drogas en territorio nacional y el paso de estupefacientes hacia el vecino país no se ha reducido.

El estudio, elaborado por el analista en temas militares Jorge Luis Sierra, forma parte del proyecto de WOLA iniciado en 2001 que tiene como propósito analizar el impacto de la política internacional antinarcóticos estadunidense "sobre las instituciones y espacios políticos que son esenciales en el futuro de la democracia y los derechos humanos, incluyendo a las fuerzas militares y de inteligencia, la policía y los sistemas judicial y legal.

"En el gobierno de Vicente Fox se ha incrementado dramáticamente el papel de los militares en actividades contra el narcotráfico y destaca el uso de fuerzas especiales (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) e inteligencia militar en la persecución y detención de los traficantes de droga", indica el análisis que enfatiza que no existen mecanismos efectivos de supervisión y control de las actividades militares, al tiempo que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante operativos antidrogas quedan impunes con la complicidad de la justicia castrense.

El que los militares participen más activamente en el combate al narcotráfico, añade el documento, no ha significado tampoco que se reduzca la corrupción en comparación con los policías, y alerta: "la corrupción es probablemente el más serio riesgo que corren las fuerzas armadas por combatir el tráfico de drogas".

"El gobierno de Fox debe modificar su política antidrogas y transmitir su intención de alcanzar cambios democráticos hacia las instituciones encargadas de la seguridad, de no hacerlo, México seguirá siendo vulnerable a las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos."

El estudio hace un llamado al gobierno estadunidense a abandonar su política de presión hacia países como México, porque no toma en cuenta el daño que esto causa a la protección de los derechos humanos y a las instituciones democráticas.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Laurie Freeman, responsable para México de WOLA, y Edgar Cortez, director del Centro Pro de Derechos Humanos, Sierra agregó que el gobierno de Vicente Fox ha dejado pendientes tareas tan importantes como: la reforma en el sistema de justicia militar; la necesidad de adecuar el marco constitucional de las fuerzas armadas, así como impulsar la participación civil en la elaboración de la política de defensa del país y en la adquisición de armamento.