La pena de muerte tuvo moratoria de hecho pero no está abolida, afirma el presidente

La Habana, consciente de que ejecuciones iban a "lastimar a muchos amigos": Castro

Lamenta que se critiquen decisiones del gobierno cubano sin conocer situaciones reales

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 27 de abril. La pena de muerte en Cuba tuvo una moratoria de hecho de dos años y 11 meses, que fue rota por los fusilamientos de tres secuestradores de una lancha de pasajeros, pero sigue con plena vigencia legal, confirmó el fin de semana el presidente Fidel Castro.

La ejecución de sentenciados se detuvo en la isla el 10 de mayo de 2000 y se reanudó el 11 de abril pasado, dijo Castro en su larga exposición televisiva del viernes anterior.

"Es una especie de lo que llaman moratoria", señaló el mandatario, sin entrar en precisiones. Esa política de hecho había provocado una reacción favorable en la Unión Europea, que en su más reciente resolución oficial sobre Cuba, en diciembre de 2002, consignó la decisión como una de varias "señales significativas" que apuntaban a mejorar las relaciones entre ambas partes.

"Pero yo sí quiero advertir sobre esto: no está abolida", señaló Castro en alusión a la pena capital. "No hay un compromiso de moratoria definitiva." En la práctica, "la pena capital no se viene utilizando en los últimos años, pero no se renuncia a ella. No creo que estemos viviendo en un mundo como para hacer eso".

El pasillo de la muerte

Luego relató, sin citar nombres, "dos casos muy graves de asesinatos pendientes de juicio". Aparentemente se refería, en uno de ellos, al del ex policía nacional Pedro Giovani Céspedes, de 27 años de edad, y a Reinaldo Mosquera, de 33, para quienes la fiscalía pidió en octubre pasado la pena de muerte por varios asesinatos.

Según las acusaciones, Céspedes y Mosquera acechaban a turistas en el aeropuerto internacional de La Habana para seguirlos y robarlos. En la audiencia oral del juicio ambos fueron implicados en dos casos: el homicidio del empresario español Josep Coll Serrat y el de una familia (la pareja Celedonio Placencia, de 60 años, y Ada Lorenzo, de 52, residentes en Estados Unidos; la hija de ambos, Yailén, de 28, y el menor Daniel Osmani Placencia, de 8, nieto y sobrino, respectivamente, de los anteriores).

De acuerdo con la investigación policiaca, los crímenes fueron cometidos en parajes solitarios de carreteras fuera de La Habana.

Castro precisó que siguen con vida, pero en el pasillo de la muerte, Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, los dos salvadoreños sentenciados por ser los autores materiales de atentados con explosivos en cinco hoteles y un restaurante de La Habana en 1996, en uno de los cuales murió un turista italiano.

El mandatario relató que uno de los salvadoreños colaboró con la policía para esclarecer la forma en que se prepararon los atentados en el exterior y se introdujeron en Cuba las piezas de los artefactos que estallaron.

No dio informes, en cambio, sobre la situación de Humberto Eladio Real Suárez, condenado a muerte por una incursión armada de carácter político en la costa norcentral del país en 1994, en la que mató a un pescador de la zona.

Castro dijo que "avanzamos hacia un futuro en nuestro país en el que estaremos en condiciones de abolir la pena capital a partir no de cuestiones simplemente filosóficas, sino de un sentido profundo de justicia y humanismo".

En noviembre de 2001 el mandatario había revelado en un discurso que su gobierno estaba estudiando la abolición de la pena de muerte, pero un mes después fue promulgada la ley antiterrorista que incluyó ese castigo.

Polémica por los fusilamientos

Esa ley fue la base de los cargos que llevaron al paredón en un juicio sumario a Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Martínez Isaac, considerados los principales culpables del secuestro de la lancha de pasajeros el pasado 2 de abril.

Castro dijo que la dirigencia cubana tuvo plena conciencia "del costo político de las medidas que se vio obligada a adoptar". La pena capital para los secuestradores fue dictada por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana y ratificada por el Tribunal Supremo, pero todavía pasó a una segunda instancia.

Esa segunda apelación ocurrió en el Consejo de Estado, máximo organismo ejecutivo del país que preside Castro.

"Nos dolía de antemano lastimar a muchos amigos y gran número de personas en el mundo cuya sensibilidad por motivos de carácter religioso, humanista o filosófico en relación con la pena de muerte conocemos perfectamente bien, y que en muchos aspectos nosotros compartimos", añadió el gobernante.

Castro fue cuidadoso al referirse a las críticas que suscitó en el mundo la ejecución sumaria de los secuestradores, y se abstuvo de comentar cuáles fueron las repercusiones dentro del país.

El mandatario suele explicar decisiones o revelar ciertos estados de opinión nacional a partir de un trabajo sistemático de encuestas diarias, cuyos resultados llegan directamente a su oficina.

"Lamentablemente personas que nuestro pueblo aprecia se lanzaron a emitir opiniones y juicios sin conocer hechos y realidades dignas de tomarse en cuenta. También calculábamos y preveíamos esos riesgos y no pretendemos que compartan nuestros puntos de vista", dijo.

Entre las críticas recientes al gobierno cubano, sólo la del escritor portugués y premio Nobel José Saramago fue leída en una ocasión en la televisión. El resto de la polémica internacional sólo se ha reflejado aquí a través de artículos favorables al gobierno, reproducidos en el diario oficial Granma.

Sin embargo, Castro manifestó en su discurso que "la aplicación en Cuba de la pena capital a los secuestradores ocasionó mucha más incomprensión internacional que el arresto de los mercenarios a sueldo del gobierno de Estados Unidos, por obvias razones explicadas anteriormente".

En esa forma, el mandatario aludió a la detención masiva de activistas opositores, realizada días antes de los fusilamientos, que también provocó protestas internacionales y se unió en el debate internacional al caso de las ejecuciones.

Castro reconoció que "hay también muchos revolucionarios honestos que se oponen a eso (la pena de muerte) pero que, sin embargo, comprenden el deber sagrado de luchar para impedir que millones de cubanos sean fusilados por los que intentan imponer a todos los pueblos de la tierra una tiranía mundial nazifascista".

Mensaje del Papa

El servicio de prensa del Vaticano difundió el fin de semana una carta que envió a Castro el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, en nombre del papa Juan Pablo II, en relación con los encarcelamientos y las ejecuciones.

Karol Wojtyla, primer jefe de la Iglesia católica que ha visitado Cuba (1998), pidió a Castro, mediante Sodano, un "significativo gesto de clemencia" con los presos y se manifestó "profundamente afligido" por la ola de detenciones y los fusilamientos.

La carta está escrita en español y su texto es el siguiente:

"Vaticano, 13 de abril de 2003

"Domingo de Ramos

"Distinguido señor Presidente:

"Al acercarse la Santa Pascua me es grato, en primer lugar, expresar mis mejores votos para usted y para toda la nación cubana.

"Cumplo, además, el alto encargo de comunicarle que el Santo Padre se ha sentido profundamente afligido al conocer las duras penas impuestas recientemente a numerosos ciudadanos cubanos, y, también, por algunas condenas a la pena capital.

"Ante estos hechos, Su Santidad me ha encargado que pida a vuestra excelencia que tenga a bien considerar un significativo gesto de clemencia hacia los condenados, con la seguridad de que dicho acto contribuiría a crear un clima de mayor distensión en beneficio del querido pueblo cubano.

"Estoy seguro que usted comparte también conmigo la convicción de que sólo una confrontación sincera y constructiva entre ciudadanos y autoridades civiles puede garantizar la promoción de un Estado moderno y democrático en una Cuba cada vez más unida y fraterna.

"Aprovecho esta circunstancia para renovarle, señor Presidente, los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración."

"Card. Angelo Sodano.

"Secretario de Estado".