Silvia Ribeiro

Transgénicos... y a ver si me acuerdo del campo

Hace ya 20 largos meses que el Instituto de Ecología de la Semarnat reconoció que las variedades campesinas de maíz estaban contaminadas con transgénicos. El INE lo confirmó con nuevos estudios, cuyos resultados se difundieron en diciembre de 2002. La Sagarpa negó primero el hecho, y más tarde dijo que la contaminación aumentaría la biodiversidad del maíz. La Comisión de Bioseguridad (CIBIOGEM), le encargó nuevos estudios sobre la contaminación, que finalizaron el año pasado, pero cuyos resultados no han sido dados a conocer al público. Greenpeace ha solicitado este estudio repetidamente y la Sagarpa no responde. ƑTendrán algo que ocultar?

A pesar de que la Semarnat tenía la presidencia del organismo nunca convocó a la CIBIOGEM para analizar la contaminación. Su consejo científico consultivo renunció en pleno y no hicieron nada. En el siguiente periodo, teniendo la presidencia de la CIBIOGEM, la Secretaría de Salud recibió el estudio de Sagarpa sobre contaminación transgénica, que no dieron a conocer. Ahora la Sagarpa tiene la presidencia. Según su vocero Víctor Villalobos, citado en prensa (El Financiero, 10/3/03), la contaminación provee un "laboratorio natural" para observar lo que sucede con la contaminación.

Al parecer esta actitud con respecto a la contaminación del cultivo más importante de México es la misma que tienen con el campo y las protestas campesinas. ƑQué el campo no aguanta más? Será un maravilloso campo experimental para ver lo que sucede. Hagamos más estudios y monitoreos. Hagamos consultas con los campesinos cuyo resultado no será más que eso: consultivo. Y si renuncian, pues problema de ellos. Pongamos en papel lo que ya estaba, dando más injerencia a las autoridades, pero ahora con aval de las organizaciones del campo. Asignemos más recursos que aparezcan como logros de las negociaciones, pero que no alcanzarán lo que ya no se cobró por importaciones de maíz exceptuadas de arancel, no por obligaciones con el TLC, sino por decretos del Ejecutivo. Mismas importaciones que son la causa principal de haber contaminado el maíz campesino y de minar la soberanía alimentaria compitiendo deslealmente y desalentando la producción campesina nacional.

En este contexto no sorprende que los párrafos incluidos en el borrador del Acuerdo Nacional para el Campo sobre transgénicos y sobre biodiversidad no reflejen las demandas de los campesinos afectados, sino todo lo contrario.

Según el borrador del acuerdo: "Los firmantes (...) de manera conjunta promoverán la culminación del proceso legislativo en las siguientes materias (...) Las iniciativas de Ley sobre Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, para que la biotecnología tenga mayores posibilidades de contribuir al desarrollo de la agricultura" y sigue un retórico y ambiguo "con las medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y la salud humana." Para ello, la CIBIOGEM "en consulta con las organizaciones sociales y de productores" contribuirá a un marco jurídico para una "política nacional en materia de experimentación, producción y comercialización de productos biotecnológicos y organismos genéticamente modificados".

En la formulación encorchetada del acuerdo se proponía "evitar la introducción de OGM para su uso en la agricultura y establecer la prohibición definitiva del potencial uso de semillas que no sean aptas para conservar el banco de resiembra" -por ejemplo, la tecnología Terminator para hacer semillas suicidas. Según el borrador actual parece que las organizaciones campesinas están ansiosas de que se introduzcan transgénicos en el campo. Todos los transgénicos están patentados y son propiedad casi de una sola compañía. No sólo amenazan la soberanía alimentaria, sino la soberanía nacional y aceptarlos sería, además de amenazas al medio ambiente y a la salud humana, entregar a los campesinos de manos atadas a merced de las multinacionales.

Relacionado también con el tema de recursos genéticos, el borrador de acuerdo, en nombre de la protección de la biodiversidad refleja una marcada actitud de poner en venta lo más posible e ignorar las demandas verdaderas de los indígenas: para proteger la biodiversidad -en lugar de reconocer los derechos indígenas y campesinos integrales a su cultura, a los recursos y al territorio, y su papel histórico como custodios y creadores de más diversidad- se dice que habrá que hacer áreas protegidas, que se deben vender "los servicios ambientales", que se promoverá la certificación y que se patentarán los recursos genéticos, pero asegurándose que sea en "beneficio de la nación y de las comunidades que custodian dichos recursos". Sólo que el movimiento indígena de México está en contra de las patentes, no tratando de sacar tajada.

En estos items, más que posiciones campesinas, se recogen las propuestas de unas pocas y bien financiadas ONG muy bien relacionadas con el gobierno, que ven la biodiversidad, a los campesinos y a los indígenas como excelentes negocios: todo se puede mercadear, desde sus recursos y conocimientos hasta sus tierras, el agua y el aire que respiran.

No son grandes cambios con respecto a las políticas que ya se estaban promoviendo desde el gobierno. El cambio importante sería si ahora pueden presentarlo como avalado por las organizaciones del campo. Y si logran que nos olvidemos de que el maíz campesino mexicano sigue tan o más contaminado que antes.