Buscarían justificar la entrada del Ejército a la zona

Temen observadores actos de provocación en Montes Azules

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Ocosingo, Chis., 27 de abril. Cada día más autoridades meten las manos en el problema de Montes Azules. Van desde el presidente municipal de Ocosingo hasta las secretarías de Medio Ambiente, Defensa Nacional y Marina, pasando por los distintos niveles del gobierno estatal y todas las instancias federales que participan en la mesa ambiental que oficialmente atiende las situación. Todos, se dirá, tienen jurisdicción.

En busca de "aplicar la legalidad" en la codiciada región selvática, las autoridades asesoran a la denominada comunidad lacandona y literalmente la mandan por delante para abrir paso a los desalojos. Según temen diversos observadores civiles, pareciera buscarse deliberadamente alguna provocación que justificara una acción de Seguridad Pública y el Ejército federal.

Según pobladores del norte de la selva, entre Chancalá y la región de Lacanjá Chansayab, la repentina hostilidad y beligerancia de comunidad lacandona "es porque algo le quieren sacar al gobierno. Así le han hecho otras veces", decía ayer un joven chol en referencia a sus "hermanos" de Frontera Corozal, quienes ahora reclaman con mayor furor que los propios lacandones "sus" derechos de propiedad sobre el inmenso latifundio que "poseen" por sostenida gracia presidencial.

También los promotores extragubernamentales de comunidad lacandona, como la agencia estadunidense Conservation International (CI, que cuenta con una importante delegación en Chiapas), presionan para los desalojos. El coordinador de CI, Ignacio March Mifsut, dijo ayer que "la invasión y ocupación ilegal de más de 2 mil 600 hectáreas, distribuidas en 27 asentamientos irregulares, provocan inestabilidad social en la región, con posibilidades de transformarse en violencia y enfrentamientos sangrientos" (Cuarto Poder, 27 de abril).

March también reveló que "el desequilibrio social provoca en fundaciones filantrópicas y organismos internacionales un desinterés para otorgar financiamientos y apoyos a la región". El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconocía hace año y medio lo perentorio de las presiones de inversionistas extranjeros para que "se ponga orden". Quizás entonces se pueda hablar de negocios (sean turísticos, de prospección y explotación, o de carácter militar).

Por su parte, el delegado de Profepa en el estado, Hernán Alonso León, reconoció hace unos días haber solicitado a las autoridades judiciales que "decretaran" órdenes de aprehensión contra los nuevos pobladores de Montes Azules, en la región de Ixcán. En entrevista con la reportera independiente Helena Roux, difundida ayer por la página electrónica Indymedia.Chiapas con el título Enfrentamientos intercomunitarios, ¿pretexto para la intervención de la fuerza pública en Montes Azules?, el funcionario federal refirió cómo los inspectores de Profepa, "con apoyo de la Marina, realizaron una visita a los poblados en la región de Ixcán-Lacantún para hacer un dictamen de tipo pericial y con base en él presentar denuncia ante el Ministerio Público del fuero común contra tres asentamientos: Arroyo San Pablo, 8 de Febrero y Nuevo San Rafael. San Isidro aún no estaba, pues es reciente".

Alonso León argumenta: "Estamos estableciendo que bajo el Código Penal Federal se actualiza el delito de cambio de uso de suelo y desmonte en terrenos 'preferentemente forestales' sin autorización de las autoridades competentes, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)". Fue así que se solicitó "el apoyo de las instancias judiciales para que decretaran órdenes de aprehensión".

Echándole la bolita al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, el delegado de Profepa agrega que, "obviamente, los desalojos no están previstos como una acción jurídica por cuanto hace al fuero federal, pues este es un asunto del orden común estatal. Con independencia del delito contra el ambiente, hay un delito de despojo, que bajo nuestras leyes es del fuero común que puede resultar en el desalojo".

El delegado de Profepa no omite apuntar que las acciones judiciales locales "nunca han sido tramitadas por el gobierno estatal, porque éste nunca ha querido, en aras de la negociación con los grupos para que éstos voluntariamente se salgan". Y abunda: "Esa es su estrategia (del gobierno chiapaneco), pero mientras tanto hay más desmontes y no se logra nada, porque además no hay suficientes recursos para comprar tierras, y eso se ha constituido en un obstáculo para llegar a acuerdos con estos grupos".

La entrevista incluye la prolija versión de Alonso León sobre los hechos ocurridos en Nuevo San Rafael y Nuevo San Isidro el pasado 12 de abril, cuando choles y lacandones de comunidad lacandona llegaron amenazadoramente a dichos poblados en compañía de funcionarios de Profepa, Semarnat y Areas Nacionales Protegidas. El entrevistado niega que Profepa haya convocado a los lacandones y choles. Más bien, dice, "llegamos todos, citados por los pobladores de Nuevo San Isidro". Su "llegamos" es institucional; quien directamente estuvo presente fue su subordinado Héctor Trujillo.

El delegado Alonso reconoce que la situación se salió de control ese día, por responsabilidad del comisariado de bienes comunales de comunidad lacandona, David González Sansores; de Hugo Chan Bor, presidente del Consejo de Vigilancia, y especialmente por la agresiva actuación del señor Pedro Díaz Solís, representante de la "subcomunidad" Frontera Corozal. Fuera de esta "crítica", y sin guardar las apariencias, el delegado de la Profepa se expresa casi como vocero oficioso de comunidad lacandona, a la cual da la razón en todos sus reclamos de propiedad. Y anuncia que se pretende reforzar la vigilancia militar y policiaca en la región de Ixcán, precisamente para "evitar" la posible violencia entre indígenas. Al menos como pretexto de militarización, la estrategia está funcionando.

"Por último", dijo Alonso a la reportera Roux, "le quería comentar que la red de defensores de derechos humanos Frayba (sic) está pidiendo medidas cautelares. Entonces, tanto el gobierno del estado como las organizaciones no gubernamentales coinciden en que hay que establecer medidas para evitar enfrentamientos". Estas medidas serían dos, explica: "Solicitarle a comunidad lacandona que no actúe y deje que las instancias de la mesa establezcan la comunicación con los grupos, y si la comunidad lacandona no hace caso, bueno pues entonces va a tener que intervenir también por la fuerza la autoridad estatal. Tendrá que acordonar la zona con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la integridad de todos", advirtió el delegado de Profepa con evidente regocijo.