La abogada Bárbara Zamora advierte que la PGJDF manipula algunas pruebas

Se prepara el escenario para sostener la tesis del suicidio de Digna Ochoa

Asombro y malestar de la defensora ante amenazas recibidas del procurador capitalino

BLANCHE PETRICH

La abogada Bárbara Zamora, quien durante 18 meses representó legalmente a la familia de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001, expone dos importantes pistas de la investigación que, a su parecer, están siendo manipuladas por la fiscalía especial para preparar un escenario que sostenga la poco verosímil hipótesis del suicidio.

Una de ellas es el "hallazgo", el pasado 27 de febrero, de una bolsa de plástico con polvo blanco -no se precisa la sustancia- en la oficina donde fue asesinada Digna Ochoa, año y medio después de cometido el crimen, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha mantenido bajo su custodia el local durante el tiempo transcurrido, salvo dos meses (diciembre de 2001 y enero de 2003) en que el inmueble fue devuelto a sus arrendatarios, Pilar Noriega y Lamberto González. El cuerpo de la víctima, con dos disparos en el cuerpo, fue encontrado varias horas después de su deceso con un par de guantes de látex en las manos, previamente cubiertas con un polvo blanco.

La otra fue la modificación del resultado del peritaje practicado a una de las pocas piezas que fueron preservadas como evidencia de las amenazas de muerte que Digna Ochoa sufrió los últimos tres años de su vida. Se trata de los rastros de la saliva con la que fue cerrado uno de los sobres que contenían los anónimos amenazantes. Según las pruebas del ácido desoxirribonucleico (ADN) ordenadas por los primeros dos primeros fiscales, la saliva era de genotipo masculino. Un tercer peritaje, que aún no se conoce porque fue repetido en los últimos meses, arroja un resultado sorprendente. No fue un hombre, sino una mujer, la que cerró el sobre, el único que se preservó.

El genotipo masculino en aquellos rastros era una pista incómoda, ya que no encajaba en la hipótesis que construyó el anterior fiscal, Renato Sales, de que Digna Ochoa, como una mujer "trastornada", se habría labrado una imagen de defensora de derechos humanos amenazada y perseguida, cuando en realidad lo que preparaba era un suicidio que pareciera asesinato.

Por todo lo anterior, Bárbara Zamora, que renunció a mediados de marzo a la representación legal de la familia Ochoa, concluye: "puede que pronto cierren el caso. Creo que van a acabar diciendo que Digna se suicidó. Pero eso no significa que este asesinato esté resuelto. La verdad histórica va a quedar pendiente".

Coadyuvante y amenazada

Durante los 18 meses que Bárbara Zamora actuó como apoderada de la familia de su colega asesinada, solicitó a las tres diferentes fiscalías que han tenido a su cargo la indagatoria la repetición de varios peritajes y pruebas técnicas que, a su juicio, tenían inconsistencias y fallas de origen. En ningún caso fueron atendidas sus peticiones. Por el contrario, en las últimas semanas fueron realizadas nuevas diligencias, en su opinión "dudosas y encaminadas a sembrar evidencias falsas", sin que ella fuera notificada en su calidad de coadyuvante.

Su convicción de que la fiscal Margarita Guerra va a cerrar el caso con una conclusión prefabricada y el gradual distanciamiento del hermano mayor de Digna, Jesús Ochoa, quien contrató sin avisarle previamente a otro equipo de juristas, orillaron a Bárbara Zamora a renunciar como abogada de la coadyuvancia. Al hacerlo, expresó públicamente sus sospechas sobre la manipulación de la averiguación, lo que le valió que el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, la descalificara en declaraciones periodísticas. La acusó de querer "obstaculizar" la investigación y además le advirtió que procedería penalmente contra ella "si sigue filtrando" información del expediente penal del caso. "No puedo interpretar esas palabras de otra forma sino como una amenaza", dice Bárbara Zamora.

Al frente de su bufete Tierra y Libertad, fundado hace poco más de diez años, Zamora está acostumbrada a las presiones y amenazas de caciques y terratenientes afectados por sus litigios. También supo de jueces y agentes del Ministerios Público que llegaron a "aconsejar" a sus clientes que prescindieran de sus servicios como jurista para resolver sus casos.

Pero nunca pensó que al representar legalmente a la familia de Digna Ochoa llegaría a vivir la confrontación directa "y descarada" -según la califica- con la autoridad. Mucho menos imaginó que el hostigamiento, en forma de amenaza pública, podría venir de un procurador de justicia de un gobierno "de izquierda". Se refiere a Bernardo Bátiz, titular de la procuraduría capitalina, con quien empezó a discrepar públicamente desde principios del año pasado.

Las dificultades con Bátiz empezaron, según refiere, cuando Renato Sales, subprocurador y hombre de todas las confianzas del procurador, tomó la investigación del caso el 11 de diciembre de 2001.

"El primer equipo (a cargo del Ministerio Público Nicolás Chávez) hizo un buen trabajo técnico. Ellos nos habían asegurado que había muchas pistas. Pero en diciembre fue relevado. En enero sostuvimos una primera reunión con Sales, su sustituto. A poco de hacerse cargo de la indagatoria, se obsesionó con la idea de una Digna sicópata y suicida.

"Bátiz terminó por inclinarse por la hipótesis del suicidio. Nosotros no lo aceptamos. Después, de manera totalmente irregular, Sales empezó a filtrar información y a cabildear para preparar a la opinión pública para que aceptara su hipótesis, basada en un perfil sicológico firmado por él mismo, que no es siquiatra ni autoridad en la materia, demostrando los trastornos mentales de Digna. Nosotros demandamos que Sales fuera destituido y procesado por haber filtrado partes completas del expediente a dos diarios. Bátiz no nos perdona eso.

"En otro momento, la PGJDF y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, al que la familia ya había desconocido como parte coadyuvante, firmaron un documento sobre las condiciones de trabajo de los peritos independientes internacionales que se solicitaron. Nosotros no dimos la firma, ya que el trabajo de los peritos fue muy acotado, se limitó a la revisión de los peritajes. Nuevamente Bátiz enfureció. Desde entonces me tomó animadversión. Cuando me llegaron amenazas, Bátiz las desestimó."

El segundo relevo, que llevó a Margarita Guerra a la fiscalía especial, no mejoró la relación con el procurador.

En los últimos meses de trabajo en el caso, que llevó a Bárbara Zamora a tener en su poder copia certificada del expediente, que ya consta de 33 tomos de actuaciones y cinco de pruebas periciales, se topó con tres sorpresas.

La primera fue una revelación, quizá involuntaria, hecha por el equipo de investigadores de la fiscal Margarita Guerra, que al responder a un oficio enviado por Bárbara Zamora rechazaba su solicitud de repetir algunas pruebas periciales.

Los primeros peritajes que se hicieron sobre la escena del crimen habían logrado determinar que uno de los sobres con anónimos de amenazas de muerte recibidos por Digna Ochoa en su casa, en la colonia Lomas de Plateros, tenía rastros de saliva de genotipo masculino.

Al asumir Margarita Guerra la fiscalía, sus peritos se enfocaron con afán en esta pieza de las evidencias. Cada uno de los declarantes -padres y hermanos de Digna, amigos y conocidos que fueron citados para nuevos interrogatorios- tuvieron que donar pruebas de saliva para pruebas de ADN.

Entre tanto, Bárbara Zamora había solicitado que los cuerpos de dos sicarios de la sierra de Petatlán, en Guerrero, que habían sido investigados como presuntos responsables del homicidio y que posteriormente fueron ejecutados, sean exhumados y que se les hiciera una prueba de ADN para compararla con el genotipo que ya tenía la policía como posible indicio.

"No inculpábamos a nadie, solo pretendíamos descartar vínculos. No nos hicieron caso, pero cuando insistimos recibimos un oficio comunicándonos que nuestra solicitud era improcedente, ya que en un segundo peritaje del sobre -que es una de las pocas evidencias que fueron preservadas por las autoridades anteriores- se había descubierto que el genotipo de saliva no era masculino, sino ¡femenino! ¿No es lógico preguntarse si no están adecuando y manipulando las pruebas que tienen a la mano para fabricar la conclusión de que Digna se autoamenazó durante tres años y terminó por quitarse la vida escenificando un falso homicidio?"

La segunda sorpresa fue cuando la abogada se enteró de que el 27 de febrero de este año la fiscalía ordenó una nueva diligencia en el despacho donde se encontró el cuerpo inerte de Digna. Desde el día del homicidio, 19 de octubre de 2001, la Policía Judicial del Distrito Federal mantuvo asegurada la oficina hasta el 3 de diciembre, cuando retiró los sellos y permitió el ingreso de los dueños del bufete. En ese momento, sostienen Noriega y González, la escena del crimen ya estaba alterada e incluso se había pasado una aspiradora por la alfombra, borrando importantes huellas. Los sillones donde se encontraron manchas de sangre, polvo blanco esparcido y el cuerpo inerte de la propia Digna habían sido lavados. En enero, el despacho fue asegurado nuevamente. El mobiliario fue trasladado a la sede de la PGJDF. Desde entonces a la fecha los abogados no han podido disponer de su oficina ni de sus bienes.

El 28 de febrero de este año, Guerra ordenó un levantamiento de inventario en la oficina. La familia Ochoa y su abogada Zamora no fueron notificados, aunque sí lo fue Lamberto González. En esa diligencia un policía judicial "encontró una bolsa de plástico con una etiqueta: 'polvo para manos'. Una de las incógnitas del caso ha sido cómo le fue colocado el polvo blanco a la víctima en las manos, aunque se explica su presencia, ya que con este talco o harina se neutralizan las huellas digitales que pudieran quedar en el arma".

También "apareció", entre muchos otros objetos que ya habían sido inventariados y analizados por la policía con anterioridad, un sobre que contenía medio centenar de frases y palabras recortadas de un diario con términos similares a los utilizados en los anónimos de amenazas que solía recibir Digna: "muerte, falta una semana, un choque, condolencias, Digna y Pilar, jornada, prepárate, violencia, una bomba". Por último, en la azotea fueron encontrados periódicos viejos tijereteados, todos de 1996 y 1997, justo los años cuando más fue hostigada Ochoa con anónimos amenazantes. A estos diarios les faltaban precisamente las palabras que estaban en el sobre mencionado. Durante año y medio de investigaciones exhaustivas, estos elementos no fueron "encontrados". Ahora figuran como "evidencias" en el expediente.

Esto fue denunciado por la familia Ochoa y su abogada Zamora en una conferencia de prensa, el 12 de marzo. Ese mismo día, Jesús Ochoa le informó a Zamora que otros abogados se harían cargo de la representación legal de la familia. Se trata de José Antonio Becerril González y Pablo Cuéllar Gómez.

La directora del bufete Tierra y Libertad hizo pública su renuncia ese mismo día.