La compra de una parte significativa de la información del padrón electoral del país y de otras bases de datos, como licencias de conducir y registros de vehículos del Distrito Federal, por la empresa estadunidense ChoicePoint -entidad que la habría a su vez vendido al gobierno de Washington- constituye un acto a todas luces delictivo que atenta contra la soberanía nacional y la privacidad de los mexicanos y supone una grave injerencia -así sea indirecta- en los asuntos internos de México, que socava y adultera los esfuerzos de cooperación y entendimiento binacionales.

En primer término, es indispensable que el Instituto Federal Electoral (IFE) y las autoridades judiciales competentes investiguen a profundidad esta situación a fin de clarificar qué información fue efectivamente transferida a ChoicePoint, dilucidar si en la entrega de los datos en cuestión hubo participación, complicidad o tolerancia de funcionarios públicos, individuos vinculados a partidos políticos o empresas, y aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho a quienes resulten responsables.

Además, convendría que las autoridades del país presentaran al menos un extrañamiento ante el gobierno de Estados Unidos, pues resulta inaceptable que los datos confidenciales de los mexicanos, que son entregados de buena fe por los ciudadanos del país, lleguen a manos de entidades oficiales extranjeras sin que éstas tengan siquiera la deferencia de entrar en contacto con sus contrapartes mexicanas para verificar la legalidad y la pertinencia de tal operación. La actitud de Washington al contratar esos datos a la empresa ChoicePoint agravia a México y vulnera los acuerdos binacionales de cooperación en cuyo marco, y hasta donde la ley y la soberanía nacional lo permitan, podrían haberse suscrito convenios de intercambio de información de manera transparente, justa y equitativa sin incurrir en una práctica que bien podría ser considerada espionaje encubierto tras un membrete comercial.

Por otra parte, es también deplorable la lentitud con que las autoridades del país han afrontado este suceso, pues la propia ChoicePoint ha revelado a este diario que no ha sido contactada por el gobierno de México, circunstancia preocupante si se tiene en cuenta la gravedad del caso y sus posibles repercusiones para la soberanía nacional.

¿Qué se espera para exigir por todas las vías legales a esa compañía, cuyas actividades son peligrosas y perturbadoras para México, que revele quién le entregó la información luego vendida a Washington? Los alegatos de ChoicePoint de que los datos le fueron dados por una empresa nacional que certificó que habían sido obtenidos legalmente resultan improcedentes, pues en ningún caso la información del padrón electoral del IFE puede ser comercializada y resulta ingenuo suponer que una corporación dedicada a la compraventa de archivos tan críticos no conozca la legislación de los países en los que opera.

Por último, convendría que el gobierno federal y el IFE dieran la cara ante la ciudadanía por el robo de su información confidencial, en el entendido de que tal operación podría socavar la confianza de los mexicanos en las instituciones a las que entregaron sus datos, circunstancia aún más relevante cuando el IFE y el padrón de votantes son instrumentos cruciales en el proceso democrático del próximo julio.