Aprobó el Congreso instalación de la Comisión Instructora

Someterán a juicio político al alcalde de Ensenada

Catalán Sosa despidió a 200 burócratas y contrató a panistas

JORGE ALBERTO CORNEJO

Tijuana, BC., 9 de abril. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado determinó procedente iniciar un juicio político contra el presidente municipal de Ensenada, el panista Jorge Catalán Sosa.

En consecuencia, el pleno aprobó este miércoles la instalación de la Comisión Instructora, a cargo del perredista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, la cual se encargará de revisar las condiciones en las que se efectuó el despido de más de 200 burócratas por el edil, quien luego contrató a militantes de su partido.

Ruiz Uribe informó que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dio curso a la denuncia presentada por los trabajadores de base y miembros del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

Además del edil, la acusación pesa sobre el síndico procurador Abelardo Antillón Macías y los regidores Rogelio Haros Guzmán, Luis Fernando Valdez Carmona y Jesús Gastelum Valenzuela.

Dicha denuncia se presentó el pasado 18 de septiembre en la oficialía de partes del Congreso del estado con petición de juicio político contra los mencionados servidores públicos de ese ayuntamiento.

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales determinó iniciar el análisis de los hechos denunciados, pues se presume, dijo Ruiz, que no tuvo sustento la conducta de la autoridad municipal de Ensenada de despedir a 208 trabajadores por supuestas razones presupuestales, dado que luego de los despidos contrató a 210 personas. También se establece que el gasto de nómina del ayuntamiento se incrementó y sólo se logró contar con nuevo personal sin la antigüedad de que gozaban los despedidos.

Además, se ponderó que el actuar del alcalde es una clara violación a la ley vigente en la materia, porque se causó perjuicio grave al ayuntamiento y se trastornó su funcionamiento, además de que se violaron garantías constitucionales y la Ley Orgánica de los Municipios, y se atentó contra el patrimonio de la alcaldía, por lo que se determinó inciarle juicio político.