Orlando Delgado

Ni un tres ni el otro

En el planteamiento de política económica que hicieron los responsables hacendarios fueron establecidas dos metas centrales: que la economía creciera 3 por ciento y que los precios no crecieran más de 3 por ciento. Transcurrida la cuarta parte del año ambas metas parecen lejanas. En el primer tema, todas las estimaciones apuntan a que el crecimiento no será mayor a 2.4 por ciento, lo que es congruente con las expectativas sobre el desempeño de la economía mundial y de sus tres principales componentes: la economía estadunidense, la de la Unión Europea y la japonesa.

Los gobiernos y autoridades financieras de estas economías han reducido sus metas para 2003 y han planteado que 2004 podría ser un buen año. En relación con la inflación, los datos del primer trimestre apuntan a que el cierre anual podría situarse cerca de 4 por ciento.

Corregir las metas para adecuarlas a la evolución de las principales variables es una responsabilidad que debe asumirse plenamente. Lo central, sin embargo, no es que el secretario de Hacienda y el Presidente de la República acepten que no se alcanzará el crecimiento propuesto. Lo central es que frente a un entorno donde las variables cruciales no tienen el desempeño esperado, la respuesta de la autoridad consista en mantener la meta. No se anuncian acciones que corrijan, ni decisiones que utilicen los excedentes provenientes del precio del petróleo para promover el crecimiento. Al contrario, se anuncia que mantienen su pronóstico, aunque nadie piense que sea alcanzable. Su firmeza es, en verdad, torpeza.

Pero no se quedan allí. Gil Díaz se ocupa de la inflación. Advierte que, como han hecho todos los funcionarios monetaristas, la meta de inflación está en riesgo no por la devaluación -que es casi 10 por ciento superior a la esperada-, tampoco porque las tasas de interés hayan repuntado como respuesta a los cortos -lo que ha incrementado el costo de la deuda interna del gobierno y también de los pasivos bancarios que mantienen las empresas-, no, lo que la pone en riesgo son los aumentos que se han logrado en los salarios contractuales y que están "muy por arriba de la inflación esperada".

La desviación de la trayectoria de los precios respecto a la esperada, así como la evolución de la inflación subyacente no confirman el señalamiento de Gil Díaz. Lo grave no es, por supuesto, la equivocación, ni su contenido ideológico. Lo verdaderamente grave es que se plantea controlar el aumento de unos salarios que han sido duramente castigados en los años neoliberales y que en los últimos tres han tenido una ligerísima recuperación, al tiempo que los intereses se elevan como resultado de los cortos adicionales. Entre otras consecuencias esto implica que los ingresos que los banqueros reciben como pago por los pagarés Fobaproa, que se pactaron a tasas muy por encima de lo razonable, se incrementen mucho más que los pírricos aumentos salariales.

Controlar los salarios, pero pagar puntualmente a los banqueros el componente real de esos intereses, que en este momento es de cuatro puntos porcentuales, tiene repercusiones sobre la actividad económica. El gobierno lo sabe bien. También sabe que los pasivos del Fobaproa-IPAB pronto vencerán. En 2005 la enorme deuda, "cercana a 800 mil millones de pesos", tendrá que empezar a ser cubierta, es decir, los pagarés tendrán que ser pagados, intercambiados por dinero, como dice el secretario ejecutivo del IPAB. Lo que se sabe es que hay cuestionamientos profundos del auditor superior de la Federación que reducirían el valor del pasivo en 44 mil millones, poco más de 5 por ciento. Sobre ello no hay consideración alguna.

Así, lo que preocupa a los responsables es que las empresas no permitan que los aumentos salariales sean superiores a la meta de inflación, que por supuesto no se logrará, lo que necesariamente implicaría una reducción del salario real. A nivel agregado, si los salarios se ajustaran a la inflación esperada, el consumo privado dejaría de cumplir con la función que ha tenido en 2001-2002: amortiguar la contracción del mercado externo y, gracias a esto, evitar una disminución de la actividad económica mayor a la observada. Los llamados a controlar los salarios no prosperarán, porque los mecanismos de control han perdido capacidad. Ello no explicará que los precios aumenten más de 3 por ciento, pero en la persecución de ese 3 por ciento se sacrificará el otro 3 por ciento, el que más importa: el crecimiento de la economía, de nuevos empleos, de mejoría en el nivel de vida.

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