El problema sólo se fugará a las cárceles, asegura

Rechaza el ombudsman plan para castigar el robo

Ebrard: ya se acordó que la pena para ese delito sea prisión

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, consideró ayer que la reforma legal propuesta por el gobierno capitalino para castigar más severamente el robo "no es la mejor forma de enfrentar el problema" y sólo lo transferirá a los reclusorios.

Entrevistado en la sede de la Asamblea Legislativa minutos antes de reunirse a puerta cerrada con los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia capitalina y del Tribunal Superior de Justicia, el ombudsman mencionó que debe enfrentarse ese fenómeno social de manera integral.

Resaltó que al incrementarse las penas por robo aumentará significativamente la población en los centros de reclusión, los cuales, esencialmente, "están funcionando más como escuelas del crimen" que como espacios para la rehabilitación. Por eso, dijo, no es esa la ruta más adecuada para resolver el problema, ya que sólo se fugará a esos lugares.

También en entrevista, Marcelo Ebrard dijo que se lograron dos acuerdos entre los diputados y los representantes de los otros organismos: que el delito de robo, cualquiera que sea su monto, tenga como pena la prisión, y no que se conceda libertad bajo fianza a los reincidentes. Por lo pronto, añadió, queda pendiente lo del robo específico y el robo reiterado, que habrá de discutirse en reuniones próximas.

Con relación a los cuestionamientos por el endurecimiento de las penas, mencionó: "es un error que consideremos que hay robos menos graves que otros por el monto de lo robado; eso, creo, hay que corregirlo, además tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos, les roben lo que les roben, y ahí no es cuestión de flexibilizar o no, sino de que queremos a esos individuos en la cárcel, y ahí mi posición no cambiará".

Para el subprocurador de la PGJDF, Renato Sales, si se modifica de fondo la propuesta del GDF sobre robo se impedirá cumplir con eficacia el objetivo de disminuir dicho delito, que es el principal que se comete en la ciudad. Alvarez Icaza precisó que "56 por ciento de la gente en los reclusorios está por robo".

Los magistrados, según señalaron diputados presentes en la reunión, coincidieron en general en que es necesario terminar con elementos que puedan estar sujetos a interpretaciones de los jueces al momento de dictar una sentencia.

Quejas contra la PGJDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió el año pasado 450 quejas contra servidores públicos de la PGJDF, la mayoría de ellas por ejercicio indebido del servicio público, detención arbitraria; negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público, lesiones y tortura. El ombudsman calificó 390 como presuntas violaciones a los derechos humanos.

La estadística de la Comisión de Derechos Humanos referida a la PGJDF ubica cinco áreas en las que se concentró la mayor cantidad de quejas de los peticionarios, que en conjunto suman 290, aproximadamente 64 por ciento del total presentado contra la dependencia.

Estas son, en primer lugar, la Fiscalía para Servidores Públicos, con 70 quejas; seguida por la Fiscalía Desconcentrada en Gustavo A. Madero, con 65; la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, con 54; la Fiscalía Central para Delitos Sexuales, con 51, y la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, con 50. RAUL LLANOS, GABRIELA ROMERO Y ANGEL BOLAÑOS