Luis Linares Zapata

Operación cubierta

La invasión angloestadunidense a Irak encubre y relega con avasallante difusión en los medios de comunicación mexicanos otra operación de olvido, aunque de importancia crucial por sus significados que avanza lenta y dañina por el país. Se trata de las investigaciones, procesamiento y trámite ante tribunales para su dictamen final de los casos Amigos de Fox y Pemex-STPRM-PRI, que parecen haber llegado a un punto donde sus debidas conclusiones se oscurecen hasta casi ocultarlos de la atención general. El peregrinar por los vericuetos de la administración de justicia, atravesar por rijosidades partidarias y los acuerdos legislativos o los que premian la tranquilidad pública, los ha desfigurado hasta reducirlos a su mínima expresión. Si no fuera por lo logrado en el IFE, con la multa de mil millones de pesos impuesta al PRI, los resultados de años de esfuerzo y paciencia de los ciudadanos se hubieran convertido en un enorme campo de frustraciones. En la completa solución de dichos casos se juega, ni más ni menos, la vigencia del estado de derecho y de la legalidad electoral.

Para empezar, seis funcionarios tanto de Pemex como del PRI siguen prófugos y otro aguarda un juicio de extradición que se prolongará por tiempo hasta ahora indefinido. Los líderes petroleros han detenido con el expedito auxilio del juez Amado Chiñas Fuentes los trámites para dictaminar sobre la procedencia de su desafuero. Otros jueces más obsequiaron casi media docena de amparos a ciertos amigos de Fox (Korrodi y Robinson). Todas las suspensiones obtenidas por unos y otros se basan en alegatos de procedimiento, ajenos a la real materia de que se les acusa. Unos les otorgaron protección para resguardar el secreto bancario contra los actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A los otros por la mala integración de la Comisión Instructora de la Cámara o por defectos del expediente entregado por la PGR, que, dicen, hacen violencia a sus derechos humanos.

El punto está en que el deseado final, ya sea para esclarecer el origen del financiamiento de la campaña de Fox o en lo que tocante al desafuero de los líderes petroleros no prosperará en un tiempo razonable. Y todo apunta hacia un acuerdo entre el PAN y el PRI, hecho en la Secretaría de Gobernación, para "no obstaculizar los caminos de la ley" y dejar que fluyan los amparos hasta su final, que será, sin duda, a muy largo plazo.

El PRI, además, apremia al IFE a cumplir sus tareas de publicar su resolución para que pueda acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en busca de su protección ante lo que juzgan una mala pasada que le encajó el multimillonario castigo.

Alegan que los 500 millones que desembolsó el sindicato de petroleros (STPRM) fueron recibidos por seis funcionarios de ese partido y sólo a ellos se les tienen que pedir cuentas. Pero el PRI sostiene ante quien lo oiga estar limpio de culpas, aunque tres de esos transportadores de efectivo hayan confesado que lo llevaron precisamente hasta las oficinas donde militaban, auxiliados por guardias comisionados para cuidar del candidato Francisco Labastida. Son testigos protegidos y, por tanto, "de nula credibilidad", sostienen orondos los priístas.

Poco importa que bien pueda demostrarse que los seis transportistas de 500 millones en billetes no tenían relación alguna con los petroleros para darse por recibidos de esa grotesca suma de recursos. Tampoco que el STPRM en los años transcurridos hasta ahora haya interpuesto alguna demanda en los tribunales o, al menos, informado a sus agremiados de tan cuantiosa desaparición de sus haberes o reclamado ante el PRI por el posible desfalco o robo a manos de sus militantes.

El TEPJF tiene que resolver, y ojalá sea en definitiva y entrando al fondo del asunto, si el dinero en efectivo puesto en las manos de personas en lo particular equivale a dárselo al partido en cuestión. De negar tal hecho, que aparece como evidente en la resolución del IFE, éste quedará en completo descrédito y el procedimiento para probar la comisión de un delito electoral se esfumará para siempre.

Las pesquisas del IFE con relación a varias cuentas de cheques de personas, empresas y fideicomisos languidecen, como se decía, en las oficinas de los jueces. Pero todo indica que el mismo Bancomer, en su afán de "proteger a sus clientes", cometió el error de recurrir, de una buena vez, a la Corte Suprema de la Nación. Este altísimo tribunal tendrá que resolver en definitiva sobre el crucial asunto de la capacidad hacendaria del IFE, pues implica la posibilidad (o su negativa) de indagar hasta las últimas consecuencias los factibles delitos contra el financiamiento de las campañas electorales.

De afirmar tal potestad fiscal del IFE, este organismo podrá reasumir el proceso interrumpido y desatar la ruta para aclarar si hubo o no financiamiento ilegal en la campaña de Fox. También implica que se pueda saber de dónde provinieron esos recursos y fincarse las multas y penas concomitantes. Porque esperar las investigaciones de la PGR por lavado de dinero que denunció el ex director de la CNBV, o las que conduce la subprocuraduría para delitos electorales, es confiar demasiado en sus habilidades y voluntad.

Lo cierto es que todo este doble proceso indagatorio parece sumirse en un estado de hibernación que tiende a empollar un misterio adicional en el largo peregrinar de los mexicanos en pos del entrevisto estado de derecho y para afianzar su vida institucional.