El gobierno de Washington confirmó públicamente la firma de contratos y concesiones con empresas estadunidenses para realizar obras públicas de reconstrucción en las zonas de Irak previamente destruidas por las tropas invasoras. Sin licitación previa, el Departamento de Defensa pactó con la compañía Kellogg, Brown and Root las tareas para apagar los pozos petroleros incendiados en el curso del conflicto, en tanto que la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) otorgó a la firma Stevedoring Services of America (SSA), con sede en Seattle, una concesión de casi 5 millones de dólares para la reconstrucción y gestión del puerto iraquí de Um Qasr, recientemente ocupado -y devastado, a lo que puede verse- por los efectivos de Estados Unidos. Los mencionados son sólo los primeros contratos de una serie de negocios para la "reconstrucción de Irak" estimados en unos 900 millones de dólares.

Por si quedara alguna duda, y a contrapelo de las declaraciones de los gobernantes estadunidenses en el sentido de que la agresión militar en curso busca "liberar" al país árabe, los contratos referidos, más los que faltan, permiten confirmar que, aun antes de ganarle la guerra a Saddam Hussein, el gobierno de George W. Bush se comporta como propietario de Irak. Cuando la propia CIA reconoce que no existen vínculos demostrables entre el régimen de Bagdad y Al Qaeda, y luego que las supuestas armas de destrucción masiva iraquíes no han podido ser halladas ni por los inspectores ni por los invasores, lo que salta a la vista es que el allanamiento y el arrasamiento de la nación árabe tiene, como motivación real, un conjunto de negocios en ramos como el petrolero, el de construcción e infraestructura, el de consultoría, y el de administración y gestión. Lo de menos es que tales negocios se realicen sobre la base de civiles muertos, de ciudades destruidas, de cientos de miles de desplazados, del dolor y la miseria de la población de Irak y del luto de los hogares estadunidenses a los que empiezan a llegar cadáveres condecorados en bolsas de plástico negro.

Es claro, también, con base en las informaciones mencionadas, que la Casa Blanca no tiene la menor intención de abrir la reconstrucción de Irak a la participación internacional ni de abandonar el país una vez que gane la guerra, si es que la gana.

Pero, además de las ilegalidades manifiestas de la incursión injustificada y genocida en la que está empeñado el gobierno de Washington, empieza a evidenciarse, en el manejo empresarial de este conflicto, un carácter abiertamente mafioso y patrimonialista en el ejercicio de la violencia del Estado. Prueba de ello es el hecho de que una de las primeras firmas beneficiadas por las concesiones es filial del consorcio Halliburton, el cual, según lo reconoció impúdicamente el Pentágono, fue dirigido, hasta hace tres años, por el actual vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney. Y cabe preguntarse qué porcentaje de los 75 mil millones de dólares que el presidente George W. Bush pedirá al Congreso para cubrir los "costos adicionales" del arrasamiento de Irak irá a parar a los bolsillos de Cheney y de sus socios.

Así está configurado, por ahora, el poder público de un país que suele criticar con expresiones implacables la corrupción de otras naciones. Ese es el grupo gobernante que pretende dar al mundo lecciones de legalidad, probidad y democracia.