De nuevo soslaya propuesta de renegociar el acuerdo

Insiste el gobierno en los "beneficios" del TLCAN

Demandan campesinos política integral de fomento al agro

ANGELICA ENCISO Y ALONSO URRUTIA

Para el gobierno federal, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se mantiene como parte fundamental de la política agropecuaria, ya que la propuesta que presentó a los dirigentes de las cuatro grandes organizaciones campesinas plantea mecanismos para "ampliar y mejorar los beneficios del acuerdo", en lugar de impulsar la renegociación del capítulo agropecuario.

Durante casi tres horas de reunión, los secretarios de Gobernación, Santiago Creel; de Economía, Fernando Canales Clariond, y de Agricultura, Javier Usabiaga, y los líderes de El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y El Barzón intercambiaron propuestas y acordaron que este jueves discutirán a profundidad cada tema.

La exigencia central de las organizaciones de excluir el maíz y el frijol y renegociar el acuerdo comercial fue hecha a un lado por el gobierno, ya que en su propuesta enumera los mecanismos que el propio TLCAN permite para -según el Ejecutivo- corregir sus efectos. Plantea una lista de acciones, entre las que están impulsar esquemas de cooperación con Estados Unidos y Canadá mediante la celebración de acuerdos complementarios.

Establece que en el marco del TLCAN, se debe modernizar y hacer un ajuste estructural de las unidades de producción agropecuaria para reducir las asimetrías y fortalecer las ventajas comparativas; promover "la prosperidad y el bienestar de regiones marginadas por medio de inversión y financiamiento para incorporar a esa población al desarrollo y al mercado".

El documento gubernamental considera "urgente" la reforma estructural del campo mexicano y que se requieren acciones inmediatas de activación e impulso al sector. Respecto a los productores de maíz y frijol -70 por ciento de los agricultores nacionales-, únicamente plantea que deben "focalizarse acciones para fortalecer la productividad".

Admite que se requiere una política de transición por parte del Estado para acompañar la producción agropecuaria de manera complementaria y subsidiaria, frente al desmantelamiento de las entidades y los organismos dedicados a la atención del campo.

Presenta como principios para el Acuerdo Nacional del Campo la reorganización de los recursos asignados a las dependencias relacionadas con el sector rural, la seguridad y la soberanía alimentarias, el federalismo y la descentralización, así como el establecimiento de un enfoque de desarrollo rural integral. Sobre desarrollo social no plantea mayores cambios y se centra en el fortalecimiento de los actuales programas.

Para las organizaciones del agro, la deuda institucional con la población campesina no ha sido saldada. Y por eso, el primer paso que el gobierno federal debe cumplir es acatar los mandatos constitucionales vigentes para garantizar la soberanía alimentaria del país y una buena calidad de vida para la población rural, señalaron las cuatro grandes organizaciones nacionales que negocian con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para el Campo. Aseguraron que frente a la apertura comercial y los ajustes estructurales que desde hace dos décadas se han hecho en el agro, la única vía para su reactivación será la aplicación de reformas estructurales de fondo.

En el documento conjunto de propuesta para el acuerdo que entregaron al Ejecutivo federal, las organizaciones se pronunciaron porque el Estado mexicano, junto con las sociedades rural y urbana, establezca una política integral de fomento y diversificación productiva y otra de tipo social para el desarrollo rural sustentable.

Hoy, las organizaciones se reunirán con el subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta, para revisar los 300 casos de campesinos con problemas judiciales, y el jueves continúarán las negociaciones.