Nueva campaña para que empresas regularicen sus programas de cómputo: IMPI

Exigen castigos más duros contra la piratería

DAVID ZUÑIGA

Debido a la piratería de programas de cómputo, que concentra 55 por ciento del mercado, cada año el fisco mexicano deja de recaudar 180 millones de dólares y no se pueden generar unos 30 mil empleos, aseguró ayer Jorge Amigo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

En una conferencia de prensa donde se dio a conocer los resultados del programa Cero tolerancia contra el uso ilegal del software, David Shaw, representante de la Business Software Alliance (BSA), reconoció que desde 1995 la proporción de copias ilegales en el mercado se ha reducido de 74 a 55 por ciento y está por debajo del promedio de América Latina; sin embargo, en los últimos dos años sólo se han logrado disminuciones de entre uno y dos puntos porcentuales.

Amigo anunció que se pondrá en marcha una nueva campaña para que las empresas que utilizan programas piratas regularicen su situación; de la misma forma, se realizarán operaciones de certificación en las dependencias del gobierno federal y en los gobiernos estatales para erradicar copias ilegales y programas de juegos. Las primeras serán las secretarías de Educación Pública y de Economía.

Asimismo, anunció que este programa de cero tolerancia se ampliará a otros productos, como fonogramas y videogramas.

Enrique de Icaza, representante de la Alianza contra la Piratería AC, explicó que la Procuraduría General de la República se encarga de perseguir a quienes venden productos piratas en el comercio ambulante, mientras que el IMPI realiza inspecciones en empresas con apoyo de la Policía Federal Preventiva .

Sin embargo, la PGR no puede perseguir a los traficantes de productos piratas a menos que se interpongan demandas; por ello, los empresarios del sector cabildean con las distintas fracciones legislativas una ley que permita perseguir la piratería de oficio y no a petición de parte.

Por su parte, David Shaw, de la BSA, reconoció que aun cuando la pena por este delito es de tres a diez años, los vendedores de productos piratas evaden la ley al usar bodegas clandestinas y a menores de edad; además, ''hay muy pocas sentencias porque el Poder Judicial no está convencido de la gravedad de este delito. Se necesitan sentencias ejemplares''.