Ganadores de premios Nobel, ONG y dirigentes sociales critican la decisión

Tribunal Supremo español declara ilegal a Batasuna y ordena decomisar sus bienes

Abogados de la formación apelarán del fallo en tribunales nacionales e internacionales

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 17 de marzo. El Tribunal Supremo de España declaró ilegal este lunes a la coalición de la izquierda nacionalista vasca, Batasuna, (Unidad), y decidió incautarse de "todo el patrimonio" de ésta, la cual es acusada de ser brazo político de la organización armada ETA.

La formación abertzale (nacionalista), con más de 20 años de historia, se convierte así en la primera fuerza política en ser ilegalizada mediante la nueva ley de partidos, creada ad hoc por el gobierno español y la oposición socialista.

Seis meses después de que la Fiscalía General del Estado y el gobierno español presentaron sendas demandas de proscripción, el Tribunal Supremo resolvió con celeridad atípica la disolución de la coalición.

Si bien la sentencia definitiva todavía no se ha dado conocer, Francisco Hernando, presidente del órgano judicial, explicó que la resolución supone la ilegalidad de Batasuna y las formaciones políticas que la antecedieron (Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y como consecuencia "su disolución y la cancelación de las inscripciones causadas en el registro de partidos políticos obrantes en el Ministerio del Interior".

De esta manera, Batasuna no podrá participar en las elecciones municipales y regionales de mayo próximo.

La defensa de la formación abertzale anunció que acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque antes podrá presentar un recurso de apelación en el Tribunal Constitucional español.

La ilegalización de Batasuna tiene varios efectos inmediatos: la proscripción de las siglas, de cara a futuras contiendas electorales; la incautación, por parte del Estado, de todo el patrimonio de la formación -bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias-, y la persecución de las formaciones políticas que hereden el ideario de la formación abertzale.

Los 16 magistrados que forman la sala especial del Tribunal Supremo debatieron las demandas de ilegalización presentadas en septiembre pasado, cuyas argumentaciones fueron admitidas casi de manera íntegra, al quedar patente la convicción de los jueces de que, desde el punto de vista jurídico, no era de gran complejidad apartar a Batasuna de la ley por su colaboración política con ETA.

Si bien Batasuna quedó hoy formalmente proscrita, desde septiembre pasado fueron "suspendidas" sus actividades por mandato del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien ordenó el precinto de sus sedes y locales y declaró "ilegal" cualquier manifestación pública en apoyo de la formación.

Después de anunciada la sentencia, Arnaldo Otegi, ex vocero de Batasuna, señaló en rueda de prensa que el fallo significa el gran fracaso del aznarismo, al confirmar que esas acciones tienen como motor el odio contra el pueblo vasco.

"Estamos cometiendo el grave delito de ser vascos, de ser ciudadanos de una nación pequeña, humilde, que apenas aparece en los mapas, de ser una nación que no es ninguna amenaza. Tampoco somos una amenaza económica, militar, política ni cultural para nadie, pero cometemos el delito de querer ser vascos y edificar nuestro país en libertad y paz. Ese es el grave delito que cometemos."

La proscripción de Batasuna como fuerza electoral en el País Vasco fue una de las promesas de campaña de Aznar, que convirtió esta medida en la máxima prioridad desde que asumió el poder en 1996.

Desde entonces se fue forjando el marco jurídico idóneo para apartar de la legalidad a esa formación política, única del arco parlamentario vasco que se negó a condenar los atentados de ETA, que se concretó con la aprobación de una nueva ley de partidos políticos, aprobada en junio pasado por el gobierno y por el Partido Socialista Obrero Español.

La nueva normativa, que contempla como "motivos de ilegalización" la no condena de actos terroristas, suscitó malestar en el resto de los partidos políticos vascos y en el propio gobierno regional, presidido por los moderados del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Pero también fue criticada por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, así como por líderes sociales de otros países, entre estos el líder del Sinn Fein irlandés, Gerry Adams; el ex presidente italiano Francesco Cossiga y los nobeles de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú Tum.

El argumento coincidente es que la disolución de Batasuna provocará "más crispación" en el conflicto vasco y significa un atentado contra derechos esenciales, como la libertad de asociación y de expresión.

A pesar de las críticas la ley, una vez aprobada, se aplicó por primera vez dos meses después de que entró en vigor, luego que Batasuna se negó a condenar el atentado de ETA en agosto pasado en Alicante, cuando estalló un coche-bomba frente a una casa-cuartel de la Guardia Civil, en el que resultaron muertas dos personas, entre ellas una niña de seis años hija de un agente.

Una semana después de esta acción el gobierno español y la Fiscalía General del Estado presentaron simultáneamente ante el Tribunal Supremo las demandas de ilegalización, en las que recogieron 23 pruebas que supuestamente confirmaban la vinculación de Batasuna con ETA, que consistían en documentos gráficos y actas de sesiones parlamentarias y municipales en las que se registró la negativa de Batasuna a condenar el atentado.

También se presentaron como pruebas las declaraciones de Otegi, ex vocero de la formación, sobre el estallido del coche-bomba, así como fotografías en las que se registró la quema de una bandera española durante un mitin de la coalición y la presencia de sus dirigentes en diversos actos de protesta por la vulneración de los derechos penitenciarios de presos etarras.

Aznar expresa satisfacción

Tras conocer la noticia, Aznar señaló que "los terroristas no podrán marcar las reglas del juego ni en España ni fuera de España", en clara alusión a su apoyo irrestricto a la inminente guerra contra Irak.

"Hoy es el gran día para la democracia en España y la lucha antiterrorista", aseguró, por su parte, el ministro español del Interior, Angel Acevez, mientras que los socialistas también mostraron su beneplácito por la sentencia, al sostener que "la ilegalización pone freno a la impunidad" de los radicales vascos.

A su vez, el PNV consideró que la medida "es un atropello a la libertad de asociación". El líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, señaló que a pesar de que "acata y respeta" la ilegalización, está convencido de que esta medida es "una agresión al estado de derecho".