El dictamen ya fue devuelto al Congreso de la Unión para que se modifique

Inconstitucionales, las reformas a la ley del SAT, aduce Hacienda

Somos respetuosos de las decisiones del Legislativo, pero es función estratégica del Ejecutivo la recaudación tributaria, afirma la dependencia En 2002 se dejaron de cobrar $281.3 mil millones

ISRAEL RODRIGUEZ Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El veto que el Ejecutivo federal emitió el sábado pasado a las reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que habían sido aprobadas por las cámaras de Diputados y Senadores, se debió a que ''contravienen preceptos constitucionales'', aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El decreto del 15 de diciembre de 2002, por medio del cual se ordenaba incluir en la junta de gobierno del SAT a un consejero independiente designado por el Senado de la República y a dos secretarios de Finanzas de los estados para darle mayor transparencia, así como reducir anualmente el costo de operación del organismo, fue devuelto a la Cámara de Diputados para una reconsideración.

En un comunicado, Hacienda afirmó que el Ejecutivo federal será en todo momento respetuoso de las decisiones del Poder Legislativo, pero aclaró que ''no obstante ello, es su responsabilidad ejercer las facultades que, en el marco de la división de poderes y dentro del proceso legislativo federal, la Constitución ha previsto, especialmente cuando se trata de la realización de las actividades estratégicas del Estado''.

Con respecto a la propuesta de reforma del artículo noveno de la ley del SAT para establecer que la junta de gobierno del organismo cuente con un consejero independiente designado por el Senado de la República, con base en una terna propuesta por el Presidente de la República, se argumentó que la Constitución en su artículo 49 estatuye el principio de separación de poderes.

Explicó que en el artículo 89 se faculta al titular del Poder Ejecutivo para nombrar y remover libremente, entre otros, a los empleados de la Unión, por lo que la facultad del Senado de la República de designar al citado consejero independiente que actuaría en el ámbito de la administración pública centralizada ''vulnera las reglas de competencia establecidas por la Constitución, en virtud de que en nuestra Carta Magna no se prevé la participación de dos poderes de la Unión para el nombramiento del consejero de referencia''.

En torno a la incorporación de dos secretarios de Finanzas de los estados dentro de la junta de gobierno del SAT para tener una mejor rendición de cuentas y promover mayor eficiencia en la recaudación y en la fiscalización, el Ejecutivo federal consideró innecesarios estos cambios.

Estimó que los anteriores objetivos se logran con la incorporación en la ley del SAT, a través del mismo decreto, de un nuevo título quinto denominado ''De la Información, la Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria y de Fiscalización'', que permitirá, según el Ejecutivo, alcanzar los objetivos planteados en materia de rendición de cuentas.

En el decreto que se remitió al Presidente de la República se reforma el artículo segundo de la ley del SAT para imponer la obligación a dicho órgano de realizar reducciones anuales y permanentes en sus gastos de operación; sin embargo, se considera ''inconveniente'', ya que implica poner en riesgo al SAT respecto al cumplimiento de sus obligaciones, metas y objetivos ''de conformidad con el marco jurídico que norma el funcionamiento de dicho órgano''.

Aumenta la elusión fiscal

El monto de los recursos que dejó de recaudar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los denominados créditos fiscales ascendió a 281 mil 381.3 millones de pesos al término del año pasado, cantidad que representó 35.5 por ciento de los recursos tributarios obtenidos en 2002 y equivale a 4.6 por ciento del producto interno bruto.

De esa cantidad, 196 mil 685.5 millones de pesos -70 por ciento- correspondían a créditos fiscales otorgados a personas morales; 21 por ciento eran adeudos controvertidos con personas físicas, y el 9 por ciento restante se refiere a personas físicas con actividad empresarial.

Según los informes de Hacienda, el número de juicios resueltos con motivo de estos créditos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2002 fue de 37 mil 725, de los cuales 61 por ciento (21 mil 759) fueron perdidos por el SAT.

El número de querellas judiciales concluidas representó 3.7 por ciento del total de créditos fiscales otorgados hasta el término de 2002, el cual era de 973 mil 367.

Dentro de la clasificación oficial, el importe de los créditos fiscales definidos como ''incobrables'' ascendió a 92 mil 983.1 millones de pesos, lo cual implicó un incremento de 25 mil 707.1 millones de pesos entre abril y diciembre del año pasado.

Por lo que se refiere a los créditos fiscales controvertidos -''que no pueden ser objeto de acciones coactivas de cobro por parte de la administración tributaria debido a que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal''- su saldo en 2002 se ubicó en 118 mil 672 millones de pesos.

De tal manera que los créditos fiscales que definitivamente no ingresarán a las arcas públicas y los que podrían considerarse de difícil recuperación suman 211 mil 650 millones de pesos. Esta cantidad representó 26 por ciento de la recaudación tributaria total de 2002, y fue equivalente a 3.4 por ciento del PIB.

Esto, sin considerar los 40 mil 441 millones de pesos de los créditos fiscales ''en comprobación por traslado'', los cuales oficialmente se definen como aquellos ''reportados por los contribuyentes como ya pagados, pero que se encuentran sujetos a comprobación'', y también a los ''sujetos a verificación de improcedencia''.