El problema agrario en la zona de Bernalejo, limítrofe entre Durango y Zacatecas, que sembró en 1997 Ernesto Zedillo y que reventó este mes con el desalojo de los ejidatarios del área por indígenas tepehuanos, es un preocupante ejemplo de la explosividad y los conflictos agrarios que persisten en el campo mexicano, problemas que los grupos gobernantes y los políticos no sólo no han resuelto, sino que los han capitalizado y exacerbado en provecho propio. Además, el caso de Bernalejo ha puesto en evidencia la desidia y la ineptitud, si no es que los intereses electoreros, de todas las instancias oficiales involucradas en él, que son muchas: las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, los gobiernos de Zacatecas y Durango, así como el Poder Judicial Federal y el local zacatecano.

Ciertamente la primera torpeza, y la más grave, la cometió Zedillo, cuando expropió las tierras que los ejidatarios zacatecanos habían ocupado desde mediados del siglo pasado para entregárselas a comunidades tepehuanas duranguenses. Si existía, entre las motivaciones de la medida, algún afán de justicia para los tepehuanos, se hubiera ofrecido alternativas y soluciones para las tres decenas de familias que resultarían expropiadas de sus medios de subsistencia y desplazadas de sus hogares. Pero, como ha ocurrido casi siempre, en esa ocasión las cosas se hicieron a medias y, en vez de resolver un problema, se sembró un conflicto cuyas consecuencias están ahora a la vista.

Por su parte, los gobernadores de Zacatecas y Durango, Ricardo Monreal y Angel Sergio Guerrero Mier, en vez de facilitar un arreglo, se han encargado, por lo que puede verse, de incendiar los ánimos, de sembrar enconos adicionales entre ejidatarios e indígenas y de convertir el conflicto en una falsa bandera de soberanías estatales.

Hace tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a hacerse cargo del problema -que ya venía siendo litigado en un tribunal federal de Zacatecas y en tribunales agrarios- con el pretexto de que el asunto carecía de "importancia y trascendencia excepcionales". Formalmente el diferendo fue asumido por el gobierno federal, por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria, en julio del año pasado, según el acuerdo alcanzado entonces por los gobernadores de ambos estados y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Pero el Ejecutivo federal no hizo nada de entonces hasta principios de esta semana, cuando los ejidatarios fueron desalojados por las comunidades.

Ahora la Secretaría de la Reforma Agraria se desentiende del problema, la de Gobernación echa la culpa a los mandatarios estatales y éstos, sin ninguna contención, se dedican a atizar un conflicto que podría degenerar, si no es atendido con la habilidad y sensibilidad política que se requieren, en enfrentamientos violentos, en pérdida de vidas y en una innecesaria y absurda raíz de odio entre zacatecanos y duranguenses.

Salta, pues, a la vista, la necesidad de que las instancias de gobierno involucradas en el asunto hagan acopio de voluntad política para negociar una solución aceptable a ambas partes, evitar cualquier tentación represiva y restablecer la tranquilidad en la zona. En términos generales, es necesario que las autoridades agrarias se aboquen a resolver los miles de problemas de tenencia de la tierra que contribuyen, junto con la apertura comercial, la miseria, la marginación y el descuido, a que el campo mexicano esté convertido en un barril de pólvora.