La Federación, obligada a restituir el estado de derecho, sostiene Congreso estatal

Protestan zacatecanos por el despojo

Si no sabemos defender lo nuestro, no lloremos por perderlo, dijo Ricardo Monreal

ALFREDO VALADEZ Y CAYETANO FRIAS CORRESPONSALES

Ante más de 5 mil personas reunidas en la Plaza de Armas de la capital de Zacatecas, el gobernador Ricardo Monreal Avila sostuvo: "si no defendemos como hombres lo que es nuestro, mañana no lloremos por haber perdido lo que nos pertenece", en referencia al desalojo que realizaron indígenas tepehuanos de Durango contra ejidatarios de las comunidades Bernalejo y Pajaritos el lunes anterior, mientras representantes de los tres poderes zacatecanos exigieron poner fin, de forma definitiva, al conflicto.

Convocados por las fracciones parlamentarias del Congreso de Zacatecas, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia por la Democracia (PCD), burócratas, estudiantes universitarios, campesinos y ciudadanos se concentraron en la Plaza de Armas portando pancartas con leyendas contra la violación del estado de derecho y la invasión de predios que perpetraron tepehuanos duranguenses que buscan quedarse con más de 5 mil hectáreas que recibieron en 1997 por un decreto presidencial, anulado en febrero anterior por el Tribunal Agrario Unitario.

En su discurso, Monreal Avila desmintió que él y su homólogo de Durango, Angel Sergio Guerrero Mier, hayan convertido en "un asunto de honor" el conflicto agrario de Bernalejo de la Sierra, como aseguró este miércoles Florencio Salazar, representante del presidente Vicente Fox en la mesa "de alto nivel" instalada en Huejuquilla el Alto, Jalisco, para buscar una solución. "Bernalejo es un asunto de violación del estado de derecho, que el gobierno federal tiene la obligación de restituir", indicó.

La diputada panista Lorena Oropeza Muñoz, quien fijó la postura de la Legislatura estatal, criticó la "pasividad" de las autoridades de los gobiernos de Zacatecas y federal, porque "los hechos y el tiempo han demostrado que ninguno ejerció las facultades constitucionales para que las cosas volvieran a la normalidad".

Afirmó que el gobierno estatal, por conducto de la procuraduría, "nunca ejercitó las órdenes de aprehensión contra los invasores y el gobierno federal no actuó enviando a la fuerza pública en el momento requerido para inhibir la invasión y el estado de sitio en que tenían a las familias del lugar".

En tanto, en la cabecera municipal de Valparaíso, Zacatecas, un grupo de aproximadamente 80 personas, encabezadas por el abogado Delfino Blanco Pasillas, empezó a impedir el paso de camiones cargados con madera, que bajan de la sierra de Durango y obligadamente cruzan por el lugar, como "medida de presión" contra el gobierno federal "para que haga valer el estado de derecho en Bernalejo y Pajaritos".

Buscan solución a conflicto en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, informó que desde 1997 habitantes de Valparaíso han invadido tierras de la comunidad huichola de San Andrés Cohamiata, por lo cual la administración que él encabeza ha estado en negociación permanente con las partes con el propósito de evitar un conflicto como el que enfrentan indígenas tepehuanos con ejidatarios de Zacatecas.

En entrevista, Ramírez Acuña aseguró que en coordinación con el gobierno zacatecano y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), las autoridades de Jalisco han buscado "la compra de algunas parcelas para irlas entregando" a los habitantes de Valparaíso. Indicó que la zona en que se pretende reubicar a los habitantes de Valparaíso es competencia de Zacatecas, que se coordina para esa solución con la SRA, y destacó que en los conflictos agrarios que enfrenta Jalisco con Zacatecas se ha avanzado mediante el diálogo.